LA SENSATEZ Y EL DEBATE SOBRE INFRAESTRUCTURAS

Inmaculada Rodríguez-Piñero, Secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE publica hoy, bajo el título de “Debate inacabado sobre inversión pública”, un artículo muy sensato en el diario El Mundo.

Denuncia doña Inmaculada –ya digo, con buen juicio- la sarta de tonterías y el victimismo barato sobre la inversión pública, y más exactamente sobre la inversión pública estatal. El artículo es, claro, de lo más oportuno, ahora que, al calor del desastre catalán, se reavivan los dimes y diretes en torno a la suficiencia de la inversión del Estado –y del cuasiestado representado por las compañías eléctricas y demás entes herederos de los monopolios- en el territorio de Cataluña. Dimes y diretes contestados, por supuesto, y de inmediato, desde otras comunidades autónomas, que reclaman su derecho a no verse discriminadas en el proceso inversor (ad exemplum, ayer mismo, tómese razón de las declaraciones del Presidente de Canarias).

Normalmente, las quejas suelen subir de tono cuando los presupuestos generales empiezan a tomar cuerpo, en un a modo de entremés de la subasta en que se ha terminado convirtiendo el debate presupuestario. Es verdad que todo se centra en la cifra que el documento prevé, para el año entrante, en la Comunidad de turno, ignorándose por completo, con miopía interesada, un enfoque más sensato que dé más cuenta del esfuerzo inversor real que realiza el Estado –o cualquier otra instancia- en el territorio. Nada se dice, apunta Rodríguez-Piñero, de si el esfuerzo inversor “baja”, por ejemplo, porque acabe de concluirse una infraestructura de gran tamaño (la T4, pongamos por caso). Como es lógico, no se precisa hacer cada año y todos los años, la misma inversión en aeropuertos, a Dios gracias. Y, sí, llega un día –que siempre parece lejano- en que la autovía se acaba o el AVE entra, por fin, en la estación. Ipso facto, la cifra de inversión baja y, por lo común, los dineros del Estado (los suyos y los míos, vamos), se destinan a otro lugar donde la autovía aún no llegue o ancho de vía siga siendo ibérico.

No puedo estar más de acuerdo con la señora Rodríguez-Piñero, pues: un alto porcentaje de lo que se ve y escucha en torno al asunto es pura y simple demagogia.

La denuncia de doña Inmaculada es, incluso, elevable a categoría. Si la entiendo bien, la autora se queja (bien es verdad que pro domo sua, porque es ahora su partido el que es fustigado; pero esto poco importa) de que el –llamémosle- debate sobre infraestructuras e inversión pública se desarrolla con el más absoluto desdén por las condiciones técnicas en torno al tema. A nadie parece importarle un pito de qué se habla en realidad y si lo que se dice tiene, o no, algún sentido. Pero es que esto ocurre en, prácticamente, todos los ámbitos de nuestra vida pública. Nuestro foro tiene un nivel que, siendo generosos, cabe calificar de subterráneo.

Por supuesto que, a fin de cuentas, la política es confrontación de intereses, y es lícito –puesto que ese, y no otro, es el fin que reviste toda la polémica, es decir, toda la lucha dialéctica en que, en suma, consiste la política democrática- barrer para casa. Pero ello debería ser compatible con unos mínimos de decencia intelectual y de seriedad. Aunque sólo sea porque tenga alguna posibilidad de resultar fructífero. La frivolidad, la falta de rigor y, por tanto, la esterilidad, parecen ser el denominador común del –insisto, llamémosle- debate en la política española, se hable de carreteras, de impuestos, de sistemas electorales o, incluso, de reformas constitucionales.

Lo que la señora Rodríguez-Piñero omite, cautamente, son los condicionantes más específicamente políticos de la cuestión.

El primero de esos condicionantes, atribuible de forma casi privativa al partido en el que milita doña Inmaculada ha sido el envenenamiento de la polémica sobre infraestructuras vía estatutos de autonomía, en particular, vía estatuto de Cataluña. Uno de los argumentos-estrella de venta del estatuto era, precisamente, que contenía las claves para remediar el “déficit crónico” de inversiones que, dicen –y no lo pongo en duda- padece el Principado. El establishment catalán –ése que, una vez más, acaba de dar muestras patentes de que no vive en el seno de la sociedad catalana sino que, simplemente, la parasita- se felicitó de los “compromisos” cuyo cumplimiento se va a “exigir”. La señora Rodríguez-Piñero parece afirmar que la inversión pública ha de distribuirse según criterios de sensatez y conforme a planes directores no coyunturales, sino adaptados a las necesidades a largo plazo del país (el país es España). Ojalá fuese cierto. Y, si lo es, ¿por qué el partido político de la misma autora ha hecho tanto por desmentirlo? Porque si una imagen se está transmitiendo es que, muy al contrario, la inversión en España se distribuye a golpe de acuerdo político, inconexo con la realidad, y adoptado en función de correlaciones de fuerzas que poco tienen que ver con la planificación de infraestructuras.

En otro orden de cosas, y de nuevo en la generalidad de las categorías, no se puede pretender ser, a la vez, un gobierno vertebrador de territorios –con vocación, por tanto, de ejercer los deberes constitucionales que le competen- y el campeón del autonomismo identitario. Cuando el discurso se trufa de “balanzas fiscales”, “deudas históricas” y demás entelequias, es complicado que prevalezca la única realidad existente: la de unos ciudadanos que pagan los impuestos –los únicos que tienen, de verdad, una balanza fiscal-, y pagarán los billetes de AVE, las tasas aeroportuarias y... el sueldo de la patulea de vagos, incompetentes y sinvergüenzas que, incapaces de solucionar unos problemas más propios de La Paz que de Barcelona, hacen punto de orgullo, eso sí, de dirigirse en catalán al presidente de una compañía eléctrica que, aragonés él, al menos va por allí a dar la cara (y que cuentan con colegas de similar nivel en otros lugares de la geografía patria, faltaría más).

Entre la sensatez que reclama la señora Rodríguez-Piñero y la sensatez que desearíamos los ciudadanos –“sensatez”, simplemente, consistente en que las discusiones vayan por cauces juiciosos, tampoco que bajen de intensidad, si no es preciso- se extiende un mar de cuerpos intermedios hipertrofiados, para los que la discusión informe y conducente a nada es una forma como otra cualquiera de tapar la propia inanidad.