"BACK TO BASICS"

Mis lecturas de verano se están caracterizando por un intenso retorno a los fundamentos. Próximo a terminar “Liberalismo. Una aproximación”, de David Boaz –que también se podría haber titulado, “Liberalismo: primeras nociones”- mi próxima parada será “En busca de Montesquieu. La Democracia en Peligro”, de Pedro Schwartz (para los interesados, los libros están publicados, respectivamente, por Gota a Gota y Encuentro). Un par de clásicos reeditados de Sartori completarán el menú estival.

Es útil, de cuando en cuando, retornar a las ideas primigenias. A textos como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, o a las muy sensatas reflexiones del Barón de Montesquieu. Y es útil, aunque sólo sea por darnos cuenta de cuán violentados son los principios en nuestra sociedad. El liberalismo se creyó triunfante durante un tiempo y bajó la guardia. Desde entonces, los enemigos de la libertad, como las olas del mar, no dejan de batir. Fascismos, nacionalismos... y, últimamente, estados bienintencionados.

Pero, ¿verdaderamente hemos de preocuparnos por las cosas elementales? ¿De veras es preciso volver sobre las fuentes del dieciocho, nada menos? Mi respuesta es, rotundamente, sí. El liberalismo, como posición filosófica, es hoy más necesario que nunca. Y lo es en su concepción primigenia, con sus ideas-motriz, a saber, que todos los hombres son creados iguales en derechos y dignidad, son libres y deben ser respetados en el uso de sus libertades en tanto no entren en conflicto con las de otro. El papel del gobierno es el de conseguir que ese estado de cosas no sea violentado, y sólo ése.

El liberalismo se enfrenta, a mi juicio, a tres grupos básicos de problemas.

El primero, naturalmente, es la propia configuración del denominado estado de bienestar –nombre que recibe la máquina redistributiva que detrae renta de las clases medias y medias altas para transferírsela a las clases medias-bajas-. Ese estado, aparte de plantear muy serios problemas morales de diverso orden –todos concatenados de un modo u otro con el desprecio del fundamental derecho de propiedad, en el sentido más amplio del término- se caracteriza por imponer una subversión del orden montesquiniano.

En efecto, ya que el gobierno “hace” tantas cosas, el poder Ejecutivo se hipertrofia en su doble vertiente: administración (ejecutivo en acto) y organización de partidos políticos (ejecutivo en potencia). A través de los partidos –pensados como instituciones intermedias entre la esfera del estado y la de la sociedad civil y, en la práctica, obstáculos evidentes al desarrollo de esta última y a una relación sana entre estado y ciudadanos- ese todopoderoso ejecutivo se amalgama con un legislativo inoperante en su función de control y, sencillamente, subordinado en la de hacer leyes. En la función financiera, el ciudadano, lisa y llanamente, no tiene quien le defienda. Antaño, las asambleas parlamentarias defendían el legítimo derecho de los seres humanos al producto de su trabajo; hoy en día, es evidente que, del paso por el Parlamento, sólo podemos esperar que las lesiones a nuestros bienes y libertades salgan corregidas y aumentadas por la demagogia partidaria.

Queda, claro, como garantía el poder judicial. Pero es una garantía precaria porque, de una parte, poco pueden hacer los jueces para defendernos de leyes injustas pero válidas y, además, al menos en España, una de las organizaciones fundamentales del panorama político, el PSOE, es enemiga declarada de la independencia judicial y, por tanto, hará cuanto pueda por menoscabar esta última y débil garantía. A los ciudadanos, además, se nos veda el acceso a la jurisdicción constitucional para combatir las leyes en abstracto, cosa que, en la práctica, sólo pueden hacer los partidos, en suma (es decir, los promotores de las leyes inconstitucionales).

El segundo problema es, naturalmente, la tendencia de nuestras sociedades hacia la pluriculturalidad y las nuevas dificultades que presenta la necesidad de observar el principio esencial de que nadie debe ser molestado en sus creencias y formas de ver la vida y la innegable existencia de un sustrato ético mínimo que debe ser aceptado por todos los partícipes en el sistema para que éste subsista. Nos guste o no, los marcos éticos procedimentales, característicos de las teorías liberales o cuasiliberales de la Justicia –de base kantiana, en última instancia- llevan implícita una carga, siquiera mínima, de eticidad material. Esa eticidad material es ineludible, y no puede ser eliminada sin que el sistema se desmorone. Ciertamente, es poco lo que se exige como común denominador; tan poco que, durante dos siglos, pudo ser obviado. Ya no es tan fácil afirmar tal cosa.

Naturalmente, el estado invasor ha visto en la pluriculturalidad, la inmigración y la mayor complejidad de las sociedades múltiples excusas para una mayor intervención. Los socialistas de todos los partidos son atraídos como moscas a la miel de los nuevos problemas, bien pertrechados de doctrinas absurdas, soluciones ineficientes y, cómo no, nuevos y estupendos programas de gasto en los que dispendiar nuestros impuestos.

Y el tercer problema, quizá el que pueda pasar más inadvertido, es que la intelectualidad, al menos la europea, no es liberal. El liberalismo –es decir, la filosofía política que ha producido los mayores niveles de bienestar y libertades personales a los seres humanos- cuenta con muy pocos abogados en los foros del pensamiento. Cuando no son abiertamente enemigos, y se toman la palabra “liberal” como un insulto, desarrollan sutiles teorías encaminadas a demostrar que el liberalismo está “obsoleto” o que cosas como la separación de poderes están “superadas”.

Una de las mayores tragedias que han sucedido en la Europa contemporánea ha sido que el Estado ha extendido sus tentáculos al mundo de las artes y de las ciencias. En España, además, una universidad inane y un mundo cultural y artístico indigente han sido terreno abonado para convertir a los supuestos críticos en escuderos. ¿Es casual que, de cada 10 páginas escritas en textos universitarios sobre la globalización, por ejemplo, unas 9 se dediquen a anatematizarla?

La gravedad de este problema, es, insisto, complicada de advertir. No nos hemos dado cuenta de cómo los supuestos vigías, quienes debían cuidar de nuestras libertades, rechazando las torticeras maniobras de sus enemigos, se han aliado con ellos. La cultura “oficial” es abierta o subrepticiamente antiliberal.

Todos estos problemas se dan, en España, corregidos y aumentados. La inexistente tradición democrática del país, el muy bajo nivel intelectual del debate político y, en fin, las evidentes carencias del tejido de la sociedad civil, han dado lugar a las formas más groseras de transgresión de los principios más elementales del buen gobierno y a una clase política que, en un entorno inspirado en el liberalismo clásico, sencillamente, se ahogaría.

Queda mucho, mucho trabajo por hacer. Convendrá ir repasando las ideas básicas.