¿HACIA UNA CRISIS DEL SISTEMA?

Los comentarios del senador del PNV, Iñaki Anasagasti, acerca del Rey y, en general, de la familia real, aun conteniendo algún gramo de razón –sobre todo en esas referencias, obiter dicta, a los consortes que, hoy por hoy, se erigen en la amenaza más peligrosa para la estabilidad de la Monarquía- son doblemente improcedentes. Primero, por lo chuscas y lo impropias de una persona que, como Anasagasti, está atada por evidentes vínculos institucionales. Y, segundo, porque no parece que un senador del Reino sea, precisamente, la persona más autorizada para criticar lo poco intenso del trabajo de los demás. No me cabe la menor duda de que, al igual que su Majestad, muchos diputados y senadores sudarán la camiseta, pero se les nota lo mismo. Es más, me temo que los españoles –vascos incluidos- tienen una percepción más nítida del desempeño del Rey que del de muchos, pero muchos miembros de las Cámaras, incluyendo casi todos los senadores.

Pero, en fin, es una brizna más. Algo que viene a ahondar en esta sensación de crisis que rodea al marco constitucional español. No creo que sea, precisamente, la Corona una de las piezas que peor aguanten el tirón –soy de los que piensan que, con independencia del anómalo origen, don Juan Carlos, en particular, ha ganado una legitimidad de ejercicio que aún no ha dilapidado, ni mucho menos- pero parece innegable que incluso la impostada solidez del Trono empieza también a resquebrajarse.

No hace mucho tiempo, leí un artículo de Jorge de Esteban en el que afirmaba que la Constitución Española resulta irreformable. Irreformable de hecho, se entiende. A juicio del prestigioso constitucionalista, las condiciones exigidas son, sencillamente, de imposible cumplimiento. En otras palabras, será posible jurídicamente, pero no lo es políticamente. Empero, no toda la Constitución material adolece del mismo grado de rigidez que la Constitución formal. Nuestro marco constitucional tiene, sin duda, su base en el Texto de 1978, pero ese texto, para funcionar, necesita, al menos dos complementos indispensables: la ley de régimen electoral general y los estatutos de autonomía. Todo ello, claro está, aderezado con la jurisprudencia constitucional, que se ha revelado, en realidad, tan constituyente como las propias leyes.

Pues bien, no todos los elementos del conjunto, claro es, se encuentran igualmente blindados. Y, de hecho, en estos días, asistimos a un proceso de reforma de las piezas secundarias –los estatutos de autonomía- en mitad de un debate demencial, guiado por la frivolidad y manifiesta irresponsabilidad del peor gobierno de la historia de la Democracia –con una oposición inane y falta de norte como imprescindible telonera-, del que está ausente no ya el consenso, sino el sentido común. Si interpreto correctamente a Esteban- y, en todo caso, es mi propia lectura- sólo una reforma constitucional en sentido formal, una reforma del Texto fundamental, lograría, a estas alturas, el reequilibrio institucional roto. Pero recuérdese que hemos partido de la premisa de la imposibilidad efectiva de realizar semejante reforma.

La consecuencia de todo ello sólo puede ser que nos encaminamos a una crisis de considerables proporciones, de la que, desde luego, la Monarquía no saldrá intacta.

Nada impediría, desde luego, que la crisis –que tiene algunos pilares reales, como la clara inadecuación de ciertos elementos del sistema a la altura de los tiempos- se solventara con rigor y no sólo no supusiera un problema para la sociedad española sino que, al contrario, resultara en un marco mucho más estable y, al tiempo, dinámico, que potenciara nuestro desarrollo. Con o sin Rey, que esto es lo de menos.
El problema fundamental no es de orden técnico-jurídico, sino estrictamente político. La democracia española está en crisis porque lo está el sistema de partidos. Los partidos políticos españoles, en estos momentos, carecen de la solvencia intelectual e, incluso, moral, como para acometer semejante cambio. Me refiero, naturalmente, al PSOE y al PP, ya que los demás, salvo excepciones, sencillamente no tienen interés alguno en la estabilidad del sistema o, lisa y llanamente, no son partidos españoles en el sentido amplio del término –quiero decir, con un interés real en el conjunto-.

El Partido Socialista, en su actual configuración, no puede ser solución porque es parte del problema. De hecho, como queda dicho, ha dedicado sus mejores esfuerzos a que la estabilidad salte por los aires, quizá en la creencia de que el status resultante le favoreciera –esperanza vana, me temo, pero allá ellos-. El PP tampoco parece capaz de hacer otra cosa que alternar obviedades con sonoras bobadas. Y, en todo caso, de nada nos vale el uno sin el otro. Nuestro problema es que no necesitamos un político cabal, patriota, intelectualmente formado, sensato y con autoridad entre los suyos... sino dos. Y eso parece mucho pedir por estos pagos y en estos tiempos.

Así, hasta El Jueves se convierte en un peligroso agente desestabilizador, claro. Incluso Anasagasti.