DE NUEVO, SOBRE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

La famosa asignatura de “Educación para la Ciudadanía” podría estar dando lugar a uno de los debates más interesantes que se han vivido por estos pagos en los últimos años. Digo “podría” porque el Gobierno ZP, como es de esperar, degrada todo lo que toca y pone, incluso en los temas más serios, ese aire de frivolidad marca de la casa.

Pero supongamos, por un momento, que estuviéramos ante un gobierno serio, capaz de hacer una propuesta no sectaria, es decir, capaz de proponer un currículo que correspondiera al título de la asignatura, y no un remedo de “religión laica” en la que se enseñara a los niños que, por ejemplo la alianza de civilizaciones es algo intelectualmente digno. Si el gobierno fuese capaz de hacer eso, presentaría los términos de un debate verdaderamente interesante.

Lo mismo cabría decir del recurso a la objeción de conciencia, tan alegremente invocada por la Iglesia Católica y sus voceros. Nadie niega que exista semejante derecho, pero es preciso ir muy cautos con su ejercicio, porque su distancia con la desobediencia civil es muy corta.

La cuestión es la siguiente: ¿qué separa a una “religión laica” –tan inconstitucional en su imposición como todas las demás- de una formación en valores constitucionalmente admisible? Obsérvese que, mientras que frente a lo primero, violación flagrante del artículo 16 de la Constitución, cabe enarbolar legítimamente la objeción de conciencia, frente a lo segundo toda resistencia nos coloca fuera del marco de lo admisible. ¿Es posible realizar una formación en valores que vaya más allá de la simple urbanidad? ¿Es necesario el recurso a una asignatura específica para eso?

El debate es muy profundo, y conduce directamente al núcleo de los problemas de la democracia liberal de mercado contemporánea. Los defensores de este sistema, los que creemos de veras que es un sistema digno de pervivir, quizá haríamos bien en ir admitiendo que no se trata de un sistema axiológicamente neutral. Los liberales, en particular, casi siempre nos hemos adherido a unos ideales de justicia de tipo procedimentalista, en los que no existiría una “moral pública” propiamente dicha y, por tanto, serían válidas cualesquiera morales privadas. Pues bien, un mínimo de honestidad intelectual nos obliga a reconocer que tal aserto es insostenible, y la complejidad de las sociedades en las que vivimos lo convierte en evidente: nuestro modelo, aunque sea soterradamente, incorpora una cierta carga moral –mejor, una cierta carga ética-. No es verdad que no exista ningún ideal de “vida buena” y, por tanto, que todos los ideales particulares de “vida buena” sean compatibles con el sistema. Hay muchos ideales de vida buena que sí lo son, pero eso es otro asunto.

Por consiguiente, no puede tenerse por cierto, sin más, que el Estado haya de respetar las creencias de todos. Más bien, el Estado deberá abstenerse de primar cualquiera de las creencias particulares en tanto que sean compatibles con el marco constitucional. En suma, el Estado es aconfesional, pero en modo alguno axiológicamente neutral.

El único modo en que puede hacerse a los escolares una exposición neutra de nuestro sistema constitucional –el marco en que son ciudadanos- es no hacer ninguno en absoluto. Pero incluso esto, si bien se mira, lleva consigo una cierta, particular interpretación de cómo ha de leerse nuestra Constitución. Guste o no, la Constitución Española es una constitución éticamente cargada, que incorpora un programa de vida en común según unos patrones determinados. Se dirá, sí, que esos patrones son los cánones del mundo occidental y sus declaraciones de derechos, pero no dejan de ser un canon particular.

¿Podría objetarse un problema de conciencia si, pongamos por caso, en los colegios se decidiera leer todos los viernes la Constitución? Supongamos el cuadro: el profesor silente, los niños leen en voz alta... ¿Es esto objetable? ¿Tiene derecho un padre a negarse? ¿Puede la lectura de la Constitución erigirse en acto inconstitucional?

Es posible contestar que no, en tanto no se pretenda la aceptación, por parte de los demás niños, de lo que su compañero va leyendo. Es decir, que, cuando, desde el fondo de la clase una vocecilla proclame que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna...” los demás niños puedan quedarse como quien oye llover. Por supuesto que la pretensión de lograr la adhesión interna de cualquier persona a cualquier idea es, además de totalitaria, insensata por absurda pero, ¿significa eso que nuestra hipotética lectura ha de dejar de ser un acto militante, con ánimo de promover dicha adhesión –se consiga o no-?

Quienes pretendan despachar el dilema con alguna frase hecha, quizá debieran pensárselo dos veces, porque estamos ante una cuestión con inmensa carga política e ideológica.

Hay quien, sin oponerse al fondo de la cuestión, sí cuestiona la necesidad de una asignatura ad hoc, argumentándose que, simplemente, el sistema de valores debe presidir todo el marco educativo. Es cierto, claro, que los valores revisten una dimensión práctica –los valores no son “cosas” sino, más bien, juicios- y no hay mejor forma de aprehenderlos que verlos funcionar en las relaciones que forman nuestro entorno. Pero, por otra parte, creo que es una respuesta algo tramposa a la cuestión, una manera de eludirla, por cierto muy típica de este país, tan reacio a debates de fondo y con contenido.

Lo dicho, quizá algún día haya alguna propuesta que no lleve el vicio de origen de salir del peor gobierno de la historia de la democracia en España. Ese día, a lo mejor hay que discutir la cuestión en serio. Giscard quería que los niños se aprendieran de memoria el prefacio de su bodrio constitucional para Europa. Obviando, aquí también, la procedencia, quizá haya que repensarlo. Es curioso, por cierto, que nuestro “aprender de memoria”, sea en francés “aprendre par coeur” y en inglés “to learn by heart”; o sea, aprender “de corazón”. ¿Simple casualidad?