INCREÍBLE

Afirma José Montilla, hoy, en ABC, que el Estado Español “ha dejado de ser unitario” para pasar a ser un estado “federal imperfecto”. Peligroso terreno en el que se desliza el presidente. ¿Es cierto lo que afirma? o, más bien, ¿qué es exactamente lo que se quiere decir? –demos por hecho que es algo más que una frase hecha, claro-.

Algunos constitucionalistas, con mucha mayor precisión técnica, vienen afirmando que nuestro estado ha devenido “técnica y funcionalmente” federal. Esto es, que sin necesidad de proclamar el estado como federal, y probablemente sin una previsión muy precisa al respecto, del reparto competencial en la Constitución, del proceso autonómico y de la jurisprudencia Constitucional ha ido derivándose un entramado muy similar al de los estados que sí se reclaman como federales.

Así pues, más allá de precisiones terminológicas, Montilla vendría a tener razón. Es más, tengo para mí que, en el fondo, se trata de esto, de precisar que, al fin y al cabo, no estamos más que ante cuestiones de terminología. En suma, de que nada grave sucede, de que no estamos más que ante un nuevo estadio de un proceso que ya ha estado entre nosotros. Que las mutaciones constitucionales, en suma, no son nuevas.

Ahora bien, la dicotomía unitario-federal (o, con más rigor, unitario-compuesto) puede desenvolverse en otro plano, mucho más relevante. Cuando la Constitución española afirma que el estado español es unitario se está refiriendo, de modo inequívoco, a una cuestión de soberanía, a la existencia de una única voluntad soberana –la del pueblo español en su conjunto- que sirve de base a propio texto. La realidad, al menos en el plano jurídico –en el de los hechos, habrá que verlo- es que España es soberana, y ninguna de sus partes constitutivas lo es. Cualquier texto legislativo que parta de negar o soslayar esta circunstancia es radicalmente inconstitucional. Ello es compatible con muy diversas fórmulas de organización y distribución territorial del poder –es decir, con distintas configuraciones de los poderes constituidos- y, sí, es posible que la Constitución acoja, de hecho, diferentes modelos. Las mutaciones constitucionales son, por tanto, posibles y lícitas, pero siempre con una serie de límites infranqueables.

Dado que los términos de la cuestión, al menos en su formulación más radical, son razonablemente claros, difícilmente pueden ser ignorados. Así pues, cuando el señor Maragall afirma, ahora, que hubiese sido procedente acometer una reforma constitucional antes de abordar la redacción del estatuto de Cataluña –si es que, como parece, se quería un determinado tipo de estatuto- es casi tanto como una confesión de parte: sabía que se estaba alumbrando un texto inconstitucional. Sabía, por consiguiente, que, de llegar al Tribunal Constitucional, el texto podía encontrarse con resistencias. Es más, a no ser que se tenga una concepción del derecho propia de Conde Pumpido y compañía, lo lógico es que hubiera sido de prever que el texto debía encontrarse con resistencias.

Así pues, una de dos, cuando nuestro prócer se hace esa reflexión, o bien tenía por cierto que los recursos del estado de derecho no iban a funcionar como deberían, o bien no estaba convenientemente asesorado –cosa difícil de creer- o bien hacía gala de una irresponsabilidad de un calibre difícil de exagerar.

Entiendo que sólo la circunstancia de que haya temas más importantes, o más novedosos, de los que hablar o, vaya usted a saber, el que la oposición ande muy ocupada intentando no lastrar futuros pactos postelectorales impiden que esté recibiendo la oportuna denuncia una de las mayores exhibiciones de indecencia política que se han conocido por estos pagos. La desvergüenza de los socialistas catalanes y españoles no conoce límites. Porque, si no, es muy difícil explicarse cómo es posible que se pueda jugar, con semejante grado de frivolidad, con el marco institucional de toda una Nación.

Es, sencillamente, increíble. Increíble que el tema se haya despachado como una “maragallada” mientras las huestes se aprestan, con jeta pétrea, a recibir una sentencia adversa del Constitucional como se merece: deslegitimándola y amenazando con las siete plagas de Egipto.

Y el otro, inventando teorías políticas, por si hace falta. Mira que los conocemos desde hace años. Es igual, creo que nunca me acostumbraré.