MOTIVOS PARA EL DESENCANTO

Leo, primero con espanto, luego con inmensa tristeza, el titular de portada de hoy del diario El Mundo. Dice el periódico que PSE, PNV y Batasuna estarían ya medio de acuerdo en una especie de sistema de co-soberanía para el País Vasco. No sé de dónde saca esto El Mundo, ni conozco los detalles. Sólo sé que no me resulta, de entrada, increíble –lo que, de por sí, da la medida de mi desencanto-. No porque piense que los tipos metidos en el ajo son capaces de cualquier barbaridad, que a lo mejor también, sino porque dudo que el titular final, el verdadero, el que nadie vaya a encargarse de desmentir o de ignorar, pueda ser muy de otro modo.

Si, como ya nadie se molesta en negar, el marco político vasco va a cambiar, y dado que el cambio solo puede ser en un sentido, parece evidente que, a la vista del grado de autonomía de que disfruta Euskadi, no queda mucho más trecho por recorrer. El resto son detalles técnicos.

No se me entienda mal. El planteamiento de un País Vasco co-soberano es tan legítimo como otro cualquiera. Tanto como el de un País Vasco plenamente independiente (hipótesis que, a buen seguro, no se va a manejar en ningún momento, no por indeseable, sino por onerosa – para los pretendidamente independentistas, digo). Si los demás españoles, verdaderamente, estuvieran dispuestos a aceptar un sistema en el que ellos no tienen nada que decir sobre lo que ha de suceder en Euskadi, pero los vascos sí podrían conservar todos sus derechos respecto al conjunto, pues me parece muy bien. Cada cual es libre de hacer las tonterías que quiera, igual que hay matrimonios que se toleran las mutuas infidelidades –lo que está estupendamente, si no son siempre de la misma parte, claro.

Soslayemos, también, las arcadas que produce la galopante inmoralidad de un “acuerdo” que está sucio, que está viciado de origen porque no se producirá, en ningún caso, tras desaparecer ETA, sino mientras ETA desaparece (es de suponer) y, sobre todo, para que ETA desaparezca.

El único problema es que ni el PSE, ni el PNV ni Batasuna son quienes para decidir tales cosas. No por sí solos. Tampoco lo serían si se les uniera el PP. Una vez más hay que insistir en que estos planteamientos desbordan la Constitución y, por tanto, la sede apropiada para ese debate son unas Cortes constituyentes, con la consiguiente puesta a disposición de todos los que tengan algo que decir de los oportunos medios de ataque y defensa.

Conviene recordar a los amantes del pragmatismo, a los profetas de la inevitabilidad y del fin justifica los medios que, en democracia, las formas lo son casi todo. Sin ir más lejos, son las formas lo que diferencia una legítima propuesta de reforma constitucional nada menos que de un delito de prevaricación, o alta traición.

Últimamente, el discurso oficial del conglomerado PSOE-Prisa es que las cosas que dice El Mundo que están sucediendo no pueden suceder. Dicen, con buen criterio, lo que acabo de exponer. Que Zapatero no es quien para decidir qué marco jurídico imperará en el País Vasco o cuál ha de ser el destino de Navarra. Dicen que, en efecto, esas cosas serían inconstitucionales y que, evidentemente, acabarían frenadas, en última instancia, en el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de que alguno de los perpetradores acabe enjuiciado por el Supremo.

En suma, se acusa a los que abrigan temores de falta de confianza en el estado de derecho y en sus instituciones. Ojalá fuese cierto que es eso, y ojalá no hubiera motivos para desconfiar.

Quizá el tema –y esto explica lo de la tristeza- nos coge un poco bajos de moral, a la vista del debate sobre el estatuto de Andalucía, la dichosa apelación a la “realidad nacional”, la conducta del Partido Popular y, sobre todo, las patéticas explicaciones en torno a la cuestión.

A la hora de la verdad, el Partido Popular también tira por la senda del pragmatismo y acepta que una estupidez campee en un texto no porque no afecte a sus principios, sino porque la considera inofensiva. Así de sencillo. Luego el PP también se aviene a transar sobre lo fundamental, demostrando que las diferencias con los socialistas, en muchos casos, son de grado. Por supuesto que si andaluces, valencianos o murcianos deciden autodefinirse realidades nacionales podemos seguir durmiendo tranquilos, mucho más que si lo hacen vascos y catalanes, porque la experiencia de lealtades y deslealtades no es idéntica. Pero la ley sí lo es. Es igual para todos, y tan inconstitucional es que Cataluña se defina como nación que el que lo haga Andalucía, por más que esta última decida hacerlo “dentro de la indisoluble unidad...” (esto solo consigue que la bobada quede más boba, si cabe).

A fin de cuentas, y de aquí primero el cabreo, luego la tristeza, izquierda y derecha comparten en España –en diferentes grados, sí- un concepto elástico del estado de derecho y del derecho mismo que solo puede llevarnos al pesimismo. Del Partido Socialista, ya sabíamos que hace tiempo que convirtió los otrora límites infranqueables en líneas de demarcación con mero valor indicativo, pero hay que concluir que sus adversarios políticos tampoco son capaces de dibujar las suyas con una precisión más creíble. Si es abusivo decir que el Partido Socialista representa a España, no cabe duda de que, en unión con los Populares, suman ya una muestra más que representativa de lo que es el clima ético de nuestra nación. Hasta aquí llegó nuestra madurez democrática.

El Partido Popular yerra, me temo, y mucho, porque marra el tiro de su intransigencia. Eleva a innegociable todo aquello que, precisamente, sí lo es –que es casi todo-, al tiempo que transa allí donde no debería, haciendo que, sin razón suficiente, lo que no es aceptable en Cataluña sí lo sea en Andalucía, o en Baleares. Las razones por las que Cataluña o Andalucía puedan querer constituirse en nación o el País Vasco en estado soberano son perfectamente discutibles, porque ninguna de las dos cosas es de derecho divino o cosa por el estilo.

Lo que no es discutible ni aceptable en ningún caso es que semejante debate se introduzca en un foro improcedente, y mucho menos que se llegue a ningún estado de cosas por decisiones unilaterales. Porque lo que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen que aprender de una vez es que ni el uno ni el otro, ni los dos de acuerdo, tienen potestad para crear nación alguna de Pirineos para abajo, ni están investidos de capacidad para decidir cuáles son las competencias del Parlamento Español.


Porque esas cosas forman parte del dominio absolutamente reservado a los españoles, al pueblo al que todos ellos dicen servir. El pueblo que decidió qué cosas pueden decidir las Cortes y qué cosas no pueden decidir.

Un pueblo al que, cuando se le desobedece, se le traiciona. Aunque sea en nombre de un bien que nadie es quien para definir, salvo el propio pueblo.

Desde los tiempos de Pericles, eso se llama democracia.

Pero en todo, ya digo, ambos partidos recrean los peores vicios de nuestra sociedad, perfectamente capaz de combinar el más absoluto desprecio por el otro, la más férrea intransigencia respecto a sus postulados, con una preocupante laxitud en torno a los procedimientos. Por eso la única paz que hemos sido capaces de conocer es la paz de los cementerios, la paz del mando de uno y la proscripción de la discrepancia. Por eso tenemos ese terror patológico al conflicto.

Parecemos incapaces de comprender que son las reglas de juego, precisamente, las que hacen posible no que el conflicto desaparezca –lo que sería tanto como pretender la muerte de la libertad- sino que sea canalizado por conductos civilizados. Quizá algún día terminaremos de enterarnos de que la violación de la ley es condenable en tanto que tal violación y no en función de la bondad o maldad de los motivos que la animen.

Esto es lo que temo, y lo que me hace, como a tantos, ser escéptico. No la fortaleza de ETA o la inanidad del Presidente del Gobierno, tampoco la torpeza de una oposición que, cada día y con empeño, hace méritos para seguir siéndolo. Temo la relatividad de la ley, la burla al procedimiento, aunque sea en nombre de las concepciones que cada uno tiene del bien.