¿DE VERAS TIENE QUE SER ASÍ?

Quiero suponer que el Presidente del Gobierno y sus colaboradores más cercanos tienen una imagen de la realidad fundada en información más rica y precisa que aquella de la que disponemos los demás mortales. Quiero suponerlo porque no quiero, ni por un momento, pensar que pueda ser de otro modo. Y entiendo, también, que no toda esa información puede ser compartida. Es imposible conducir algo como el “proceso de paz” con luz y taquígrafos.

Es imposible porque lo delicado de la materia exige tratarla con el cuidado propio de los secretos, y porque el asunto puede malograrse a las primeras de cambio. Pero es imposible, también, porque supone un grado de postración tal para los que, por parte de los Poderes del Estado, participan en ello, que es mejor evitarles humillaciones. Todos sabemos qué hacen y de qué hablan. Ahorrémosles, puede pensarse, la vergüenza de tener que llamar a las cosas por su nombre, y bajo la luz pública.

Así pues, entiendo que el Presidente del Gobierno no pueda defenderse de las incriminaciones que se le han hecho en estos días, sencillamente, poniendo todas las cartas encima de la mesa. Ahora bien, admitido todo lo anterior, ¿es realmente necesario infligir al estado de derecho los sufrimientos que se le están infligiendo? ¿De veras es imprescindible?

Porque hay que distinguir claramente entre mantener una reserva sobre lo que aún no se sabe ni debe saberse –cosa, insisto, razonable- y otra muy diferente pretender administrar la evidencia como si no lo fuera. Todos, por ejemplo, sabemos ya, salvo los que no hayan querido enterarse, que Batasuna volverá a los ayuntamientos el año que viene. Será así porque lo necesitan como el comer, porque echarles de las concejalías, por virtud de la ley de partidos, fue el peor golpe que se les dio jamás. Es evidente que sólo se está buscando una fórmula que lo permita.

Y esa fórmula no debería ser otra que la derogación de derecho de la ley de partidos políticos de 2002. Que tenga, quien corresponda, el valor de llevar al Parlamento lo que ya ha hecho fuera de él. Que la derogación tácita se convierta en expresa. Hablo de una realidad, no de una conjetura, ¿a qué, entonces, obligar al Fiscal General del Estado a hacer cabriolas intelectuales que sólo le desprestigian como jurista y demás dar vueltas inútilmente a las cosas?

Porque la diferencia entre la reserva, la prudencia y la cobardía reside, precisamente, ahí. No se puede obligar a Rodríguez Zapatero y su mariachi a tomar decisión alguna, ni a decir en voz alta lo que están pensando. Pero sí se les puede obligar a que, tomada una decisión, arrostren sus consecuencias y, por supuesto, la lleven a efecto de manera que resulte lo menos dañina posible. Dios sabrá por qué el Presidente ha decidido –y no pongo en cuestión su buena fe- que es oportuno blanquear a Batasuna, pero lo cierto es que lo ha decidido. Ahora, debe anunciar su decisión en forma oportuna.

La ya famosa comparecencia en una sala aneja al hemiciclo del Congreso, pero no ante la Cámara propiamente dicha (“en” el Parlamento, pero no “ante” el Parlamento) ha terminado por convertirse en una metáfora del actuar del mandatario socialista en relación con este asunto (en rigor, en relación con muchos otros asuntos). El Presidente parece querer nadar y guardar la ropa. Pero los pasos que va dando, sus propias huellas, le persiguen.

Se niega a dar explicaciones. Pero ya no puede negarlas. Porque ya no se le pregunta sobre qué piensa o cuáles son sus intenciones. Se le pregunta sobre qué está sucediendo. Se le pregunta sobre cosas que ya no están en el ámbito del secreto. Lo que Zapatero parece no entender es que el “proceso” ya no es un proyecto, sino una realidad. Una realidad deforme, monstruosa y de la que hay que ocuparse.

Es más cómodo, sí, aplicar un esquema de hechos consumados, al tiempo que se zahiere a los demás con la imprecación de “enemigo de la paz” –lo de la demagogia en torno a la “paz” es de juzgado de guardia-. Pero, siendo cómodo, es poco razonable. Zapatero se niega a asumir los condicionantes del gobernante democrático. Se niega a aceptar, por lo que se ve, que no tiene derecho a exigir a los ciudadanos actos de fe, por lo menos a esa amplia capa de ciudadanos que no le votaron, ni comparten sus puntos de vista, pero están obligados a someterse a su magistratura, porque así lo mandan la ley y la ética de la democracia.

Zapatero quiere permanecer silente, huido y por encima del bien y del mal mientras el “proceso” se hace manifiesto del modo más grosero. Como consecuencia de este actuar, el que sufre es el Estado. Sufre el ordenamiento jurídico, que se ve sometido al peor de los males, que no es otro que el de la tolerancia con su transgresión, su ridiculización y, en fin, su derogación por la vía de los hechos. Sufren las Instituciones, que se ven desprestigiadas todos los días por sospechas y medias palabras. La palmaria evidencia de que algunos presos son más que otros, por ejemplo, hace crujir los mismos fundamentos de nuestro orden constitucional.

Todo esto es un contradiós, porque, de por sí, es un imposible ético. Eso ya lo sabemos. Y, puesto que se ha decidido así, ya no tiene lógica empeñarse en pedir que no suceda. ¿Podemos, al menos, ser relevados de la catarata de dimes y diretes, coartadas estúpidas, explicaciones delirantes y, en suma, insultos a la inteligencia? Si ha de ser, al menos que sea por derecho.