UNA INSTITUCIÓN QUE FUNCIONA

Ya hemos comentado en otras ocasiones que resulta muy habitual que ciertos personajes se parapeten tras las instituciones para tapar su desvergüenza. Así, es recurrente que, precisamente quienes las emputecen y ensucian con su presencia todos, los días tengan por costumbre espetar a sus críticos, cuando cumplen su obligación de denunciar su comportamiento indecente, que “minan la credibilidad de las instituciones”, “atacan al marco institucional” o bien que “carecen de sentido del estado”.

Pero las instituciones están muy por encima de los personajillos que pululan por ellas. El Parlamento no deja de ser el Parlamento porque haya en él tanto paniaguado ágrafo, mudo y apesebrado al calorcillo de la disciplina de voto, como los Tribunales no dejan de ser los Tribunales por más que haya algún juez desviado, parcial e incompetente. Tampoco la Policía deja de ser una policía fiable porque, de cuando en cuando, se encuentre allí alguna oveja negra, capaz de cualquier cosa, como en todo colectivo humano.

Las instituciones en España no son perfectas, ni mucho menos –y hay que hacer por que se perfeccionen, desde luego nunca con el silencio cómplice-, pero funcionan razonablemente, pese a que se les pongan muchos palos en las ruedas. Y es que bastan un juez independiente, un parlamentario valeroso o unos pocos policías honrados para que el sistema despliegue sus virtudes. En este sentido, quienes dañan de veras la credibilidad del marco institucional, aunque sea tarde, se terminarán encontrando a la intemperie de su oprobio.

De cuando en cuando, por cierto, las propias instituciones nos dan algún ejemplo positivo que glosar. Creo que merece destacarse, en este sentido, la actitud de Enrique Múgica, el Defensor del Pueblo, a la hora de recurrir el estatuto de Cataluña. El mérito está, claro, en que Múgica ejerce su prerrogativa contra una ley promovida por su propio partido político, poniendo sus responsabilidades por encima de sus devociones.

No creo que pueda cuestionarse la trayectoria humana y política del señor Múgica, como no creo que nadie tenga derecho a reprocharle falta de firmeza en sus convicciones. Pero su compromiso es antes con la ley, y creo que ha sabido demostrarlo. De paso, su hombría de bien da ocasión a otros para hozar en su propia miseria, por si no había quedado ya claro a todo el mundo de qué calaña son. Hay quien se ha atrevido a decir que su recurso al estatuto de Cataluña viene motivado por su descontento con el proceso de paz con esa ETA que asesinó a su hermano, como ha asesinado a tantos otros representantes señeros del socialismo vasco. El comentario debería servir para enterrar políticamente a quien lo profirió.

Múgica ha demostrado, dicho sea de paso, que una institución ajena a nuestra tradición jurídica como la que él encarna puede ser útil. Es verdad que el Defensor del Pueblo no es percibido por los ciudadanos como una defensa eficaz y, en general, poco es lo que puede hacer en su condición de Alto Comisionado de las Cortes. Pero el Constituyente le dotó de un arma fundamental: está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad y, en este sentido, puede erigirse como baluarte de defensa del ciudadano frente a los abusos del poder legislativo.

Frente a las leyes, irresistibles para los jueces, los ciudadanos de a pie estamos indefensos. No tenemos medio de oponernos a ellas en su condición de disposiciones generales. Tan solo podemos instar al Defensor del Pueblo que, haciéndose eco de la demanda ciudadana, lleve la cuita al Tribunal Constitucional. Así ha sido en este caso. Múgica recurre en virtud de las quejas recibidas de muchos ciudadanos. Tiene también motivos propios para acudir al tribunal, en la medida en que el estatuto ataca sus propias competencias que, recuérdese, derivan de la Constitución misma.

Mira tú por dónde, los ciudadanos disconformes con el estatuto han encontrado el amparo de un viejo socialista que ha decidido ser más amigo de la ley que de sus propios conmilitones. Un socialista que tilda de “nazis” a los que otros llaman “gente de paz”. O sea, un socialista que llama a las cosas por su nombre. Su comportamiento le honra en lo personal y dignifica a la institución que personaliza.

Y, de paso, pone a la altura del betún a mucho malnacido y a mucho cobarde.