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domingo, octubre 22, 2006

LA CORRUPCIÓN: PROBLEMA MULTIFRONTE

Una de las escasas ventajas del avión como medio de transporte –porque ya se encargan las compañías aéreas y los gestores de aeródromos de que casi todo lo demás sean inconvenientes- es la posibilidad de contemplar el paisaje desde un punto de vista inhabitual. Desde el aire es como mejor se ven cosas como la morfología de las ciudades. Y quien guste de mirar por la ventanilla habrá observado ciertas diferencias entre nuestras urbes y las de otros sitios.

En efecto, vistos desde arriba, los conglomerados urbanos por ahí fuera se nos presentan como un continuo con su alfoz, con las zonas no estrictamente urbanas que los rodean, de suerte que no suele ser fácil precisar dónde acaba el campo y dónde comienza la ciudad propiamente dicha. Entre las tierras desnudas y los cascos antiguos consolidados se despliega una red progresivamente más (o menos) tupida, con áreas que cabe calificar de suburbanas.

Nada de esto sucede, sin embargo, con las ciudades españolas. Nuestras urbes se nos antojan auténticas ciudades-castillo, separadas del entorno no urbano por una suerte de muro invisible. Es perfectamente identificable dónde acaba lo uno y dónde empieza lo otro. Es más, allí donde aún no hay casas pueden verse las futuras calles ya trazadas, el proceso de conversión de terrenos en solares. Siempre limitando con la nada.

Ese “efecto frontera” tan llamativo es el resultado del planeamiento. El resultado de una intervención administrativa que hace que la distribución espacial de edificaciones y población no tenga nada de natural. Todo cuanto vemos, lejos de ser producto de una generación espontánea, es el sueño de la razón de algún concejal, algún alcalde o alguna comisión. Y eso quiere decir, claro, que esos alcaldes, concejales y comisiones tienen el inmenso poder de crear la realidad, de conformarla. En suma, tienen el poder exorbitante de decidir quién es multimillonario y quién no lo es. Ellos pueden, de la noche a la mañana, decidir si otorgan la merced de una verdadera mina de oro o, por el contrario, dejan al fulano de turno, compuesto y sin novia, plantado en su erial, a veinte duros la hectárea viendo cómo a diez o quince metros de sus narices pasa la opulencia sin rozarle. Porque ellos trazan la raya mágica.

La diferencia entre el mercado y el sistema intervenido estriba en que este último no produce zonas grises, sino que genera discontinuidades pronunciadas. Genera, por tanto, invitaciones al arbitraje y a la corruptela.

Combínese esto con un muy deficiente sistema tributario en lo que a los ayuntamientos se refiere y, más aún, con un más deficiente todavía esquema de financiación de los partidos políticos –que parte de la ridícula asunción de que todos ellos son vírgenes por definición-. El cóctel es explosivo. Ni adrede se concibe un sistema en el que se junten, a la vez, tantísimos incentivos a la corrupción y el compadreo con tan pocos mecanismos de control (porque, ya se sabe, esto ocurre en el nivel local, en el colmo del “mejor cuanto más autogobierno” y lo más lejos posible del ojo vigilante de la opinión pública informada).

Así que lleva razón el diario El País cuando, como hace hoy, pone el dedo en la llaga del problema estructural que nos aqueja. Y es cierto que no merece la pena hacer distingos entre partidos (lástima que El País sólo caiga en esto cuando las cosas afectan sobre todo al PSOE). Y es verdad que los ciudadanos perciben que sus ayuntamientos y comunidades autónomas son el patio de Monipodio. Por último, la corrupción urbanística –la corrupción por excelencia en España- no puede ser más dañina para la imagen internacional del país. Pero ya estamos demasiado acostumbrados a que estas cabales reflexiones sólo tengan lugar en los periódicos cuando se destapa algún caso concreto. Cuando ya no cabe más que decir que la cárcel debe ser el sitio para los culpables, si es que los hay.

Un intento verdaderamente sincero de combatir el problema debería ir acompañado, además de por reformas en la ordenación del suelo y demás legislación administrativa en torno a la edificación, por un ataque en varios frentes, de modo simultáneo.

El primero de esos frentes es, sin duda, un muy serio análisis de la problemática de la financiación de los ayuntamientos, con las consiguientes medidas. Es necesario que la suficiencia financiera de las corporaciones municipales –imposible de alcanzar a través del decimonónico sistema tributario local- se independice de las licencias y demás actuaciones administrativas que, conforme a la ley, deben realizar. Probablemente, lo más juicioso sería insertar a los municipios en el esquema financiero aplicado a las comunidades autónomas, dándoles también participación en los tributos del Estado (y en los cedidos, esto es, en los de las comunidades autónomas) y creando los mecanismos compensatorios adecuados. Ahí se vería, de paso, cuánto creen algunos, de veras, en el principio de subsidiariedad y en que quien debe prestar servicios al ciudadano es quien está más cerca de él – gozando, por supuesto, de los pertinentes medios económicos.

En suma, es preciso dar carta de naturaleza en el ámbito local al tan juicioso como elemental principio de desafectación entre ingresos y gastos. El ciudadano, cuando se dirija al ayuntamiento para solicitar un servicio, debe hacerlo por una ventanilla diferente que cuando paga un tributo, de manera que no haya lugar a que, para solicitar la licencia, sea preciso llevar “lo que tú ya sabes”.

La segunda reforma tiene que ver con la financiación de los partidos políticos –destino más que probable, en muchas ocasiones, de las coimas que se solicitan en los cohechos, sin perjuicio, claro, del porcentaje propio e intransferible del recaudador-. Quien quiera financiar a un partido político que lo haga. Pero que se avenga a figurar en el oportuno informe, con transparencia, al menos por encima de cierta cantidad. Y esto ha de incluir, por supuesto, a las entidades financieras que otorgan condonaciones de préstamos, en un alarde de magnanimidad que no suelen prodigar al común de los mortales. Que se ponga negro sobre blanco y veamos qué piensan los ciudadanos y, por supuesto, los accionistas o dueños de las instituciones de turno, porque, si la generosidad es una encomiable virtud, la practicada con dineros ajenos merece un juicio algo más severo.

La falta de transparencia debería ser sancionada como un delito grave, tanto para el partido como para el donante. Es sencillamente absurdo objetar que esto conllevaría dejar a los partidos en manos de los ricos, porque la realidad es que, hoy, ese riesgo ya existe, con el agravante de que se oculta. Es probable que, de tener que salir retratado, más de uno optara por abstenerse. También, quizá, la transparencia daría algún medio de defensa a quienes, en suma, son a veces víctimas de verdaderos chantajes. Solo la prostitución ha merecido, al menos en España, un tratamiento más hipócrita y absurdo que el lobbismo. Algo que se puede practicar, pero no se puede nombrar.

La tercera reforma es la más compleja de lograr, porque es una reforma de las mentalidades. Una reforma de nuestra ética social. Todos sabemos que, por desgracia, no todo lo que en el Código Penal es delito es percibido como tal por la sociedad. Dicho de otro modo, nuestro juicio moral es muy distinto cuando pagamos que cuando cobramos. Un concejal de urbanismo no es más que un español con una pluma de firmar. Estamos en un país donde aún hay gente que se ufana de no pagar los impuestos que debe, que se enorgullece de no cumplir la ley, porque la considera injusta o estúpida (cosa muy loable, por supuesto, pero que debe conducir a promover la reforma, no al incumplimiento), en medio del aplauso general... hasta que se produce la caída, en cuyo caso se da rienda suelta a la pasión por el deporte nacional del alanceo del moro muerto.

Marbella es el arquetipo de esto, claro está. Los defraudados marbellíes no ahorran, ahora, calificativos despectivos dedicados a la patulea de golfos que les ha gobernado durante unos ¡quince años! A veces, es lícito preguntarse si lo que nos molesta realmente es que haya gente que se pase la ley por salva sea la parte o que no nos inviten al festín. El ciudadano cabreado porque sabe a ciencia cierta que el comportamiento mafioso de sus munícipes coadyuva a que el precio de los pisos ande desbocado no tendrá empacho, probablemente, en afeitar un poco, o un mucho, su cifra de ingresos para tener mejores perspectivas en el sorteo de una “vivienda protegida” (es así como denominamos al piso que nos paga otro).

El español que se dice harto de corruptos y golfos sigue encontrando el mayor solaz en el viejo sueño de comprar duros a peseta. En, por un rato, creerse más listo que los otros. Parecemos los tontos del bote.

5 Comments:

  • Ciertamente a mi también me parece muy injusto, que ciertas personas acaparen tanto poder. Yo soy Murciano y francamente, es íncreible ver como alcaldes y consejeros se hacen de oro. No hay planificación, ni tan siquiera un mínimo de gusto estético.
    Tratando a esta hidra por el lado de la corrupción, esta no es ya ni eso... Ya que los garantes de la justicia, los poseedores del monopolio de la violencia, son copartícipes e instigadores de la situación, es cierto que sus actuaciones son ilícitas desde la óptica nacional, pero no desde la local o comarcal, de hecho se libra una batalla entre poderes públicos.
    Esta batalla, no nace en mi opinión de la "desnacionalización" del poder, este es un instrumento, sino de un problema filosófico, pues mientras el Estado nacional o regional, sigue fiel a su "leit motiv" osea: sobrevivir, para lo que debe "caer bien a los ciudadanos" (El pueblo contra la democracia), y colateralmente trincar y mantener a las oligárquias de su signo.... los nuevos "líderes" locales buscan el enriquecimiento rápido (realmente con una legislatura vale, no hay ni que ser reelegido) y mantener el status gracias al "poder económico" que crean, con el que cual rey benévolo mantienen a la plebe a sueldo.

    Un placer leer ideas, un gusto visitar el lado contrario.

    By Blogger Alita, at 6:07 p. m.  

  • Sabemos que los partidos políticos, para cubrir sus necesidades financieras, han caído en la corrupción y en la inmoralidad, muchas veces de forma sistematizada y programada.

    Y tal realidad sirve de pretexto para que, cuando el pueblo soberano, o sea, es golpeado con noticias de la inmoralidad pública, los políticos salgan al paso con presteza, diciendo que hay que deshinchar suflés y modificar la legislación de financiación de los partidos.

    Es una forma de mentirse a sí mismos y confundir al pueblo.

    Es cierto que si los partidos políticos han caído en tales prácticas, algo puede haber en su estructura financiera que las facilite o impulse, y si efectivamente lo hay, bueno será corregirlo, como modo de aminorar la corrupción existente.

    ¡Pero no echemos cortinas de humo sobre la realidad! Y la realidad es que, junto con los cohechos cuyos frutos se destinan a las atenciones de los partidos, hay otros, muchos presumiblemente, que se destinan a los bolsillos particulares de los políticos.

    Luego la causa de la corrupción no está en la normativa de financiación de los partidos, sino en algo que es común a la financiación de los partidos políticos y a la financiación de ciertos dirigentes de los partidos políticos.

    ¿Nos hemos planteado por qué los ciudadanos y empresas aceptan pagar las sumas y “tresporcientos” que les reclaman los partidos, cuando quieren la adjudicación de un contrato o tienen un problema ante la administración?

    La respuesta a esa pregunta sería casi siempre, que ese ciudadano o empresa “contribuyente” sabe, que alguna autoridad relacionada con ese partido al que da el dinero del cohecho, antes o después, puede libremente adoptar o dejar de adoptar una decisión que le afecta en sus intereses. Y nadie da lo que no espera recuperar con creces.

    La causa auténtica de esos cohechos, reside esencialmente en que existe alguna autoridad a la que se tiene acceso, la cual tiene facultades “discrecionales” para resolver los asuntos que afectan al ciudadano “donante”. Mientras que si esa autoridad hubiera de adoptar su decisión, como puede ser la adjudicación de un contrato, por sistemas objetivos, aquel ciudadano o empresa no llevaría el maletín, porque sería inútil.

    By Anonymous Anónimo, at 8:12 p. m.  

  • Se puede ir contra los intereses más generales y legítimos de muchas maneras y la extensión del mal ocasionado depende del carácter de la operación o del proceso productivo: desde organizar la vida familiar hasta el gobierno de amplios e importantes sectores de la industria o la gestión de obras públicas.

    Juegan en todo ello la falta de atención y de esfuerzo del gestor, supervisor o gerentes de las subcontratas; el deseo de ganar dinero fácil, dejarse sobornar, vender barato para ganar clientes en competencia desleal, lo que luego va a hacer que éstos, por los resultados y los imprevistos, paguen más caro, y el deseo o las presiones para satisfacer intereses, no profesionales ni legítimos, convergentes y sesgados: lucrativa connivencia o complicidad (todas las partes conciertan o actúan permisivamente para lucrarse más de lo debido), habilitación o calificación / descalificación de terrenos en detrimento de las conveniencias generales, o tendencia de hecho monopolísitica que puede adquirir tintes cuasi mafiosos al controlar precios, establecimientos o distribución.

    Y mucho de esto procede de realidades tan corrientitas como la ambición, la negligencia o la improvisación. La primera procede del egoísmo principalmente, y las dos últimas (en asuntos menos públicos, pero alguna vez también en éstos) del hedonismo, de la tendencia a tomarse el menor trabajo, o el interés prevalente por beneficios propios e inmediatos (muy lejos de la intención que debiera ser dominante por el bien general o la eficacia requerida para llevara efecto las gestiones u obras oficial y profesionalmente encomendadas).

    Cuando tales valores dominan en una sociedad y, consecuentemente, en una clase administrativa y gestora, unidos a la falta de la llamada “honradez”, provocan una decadencia generalizada que hace bajar el nivel y la calidad de la vida pública y conduce a desconfianza judiciaria y empresarial, deterioro del crédito social, desorden urbanístico, falta de limpieza, contaminación y, como consecuencia de la permisividad, inseguridad ciudadana.

    Si en una sociedad las motivaciones prevalentes y las intenciones de la mayoría (incluidos los gestores de la cosa pública y de la administración de justicia) se hallan dominadas por la comodidad, el hedonismo o el lucro, no tarda en notarse en ciertos rasgos casi visibles a lo DORIAM GRAY: el desorden urbano, incluida la contaminación, el prematuro envejecimiento de los edificios y sobre todo la poca fiabilidad de los funcionarios y del personal de la justicia. Todo ello acaba por amenazar con fallar, a pesar de que en otras circunstancias anteriores fuesen todavía fiables a toda prueba.

    Cuando se generaliza a todos los niveles el deseo o la intención de disfrutar lo más posible de la vida y en el paso por la vida y tal deseo adquiere una vigencia que ya no se cuestiona, todo el mundo se agolfa y, mientras se sancionan excesivamente pequeñas infracciones, como “antes”, otras más graves pasan inadvertidas: se produce una desproporción mareante entre diferentes actitudes de la justicia y de la autoridad según infracciones, áreas… y personas.

    Y como el mundo real es esto, el mundo real va decayendo.

    By Anonymous Otro usuario anónimo, at 8:20 p. m.  

  • VISTO PARA SENTENCIA EL “11 M”, Y NUESTRO PECULIAR SISTEMA JUDICIAL.



    Por Rafael del Barco Carreras



    Tras cuatro meses de juicio, según la Televisión Pública o los medios adictos al Poder, TODAS LAS TELEVISIONES, y el gran Grupo PRISA, no cabe duda de que los acusados son los autores y la teoría de la conspiración un puro derrame cerebral o pataleta de los del Partido Popular, y de leer El Mundo y oír la COPE, ni de lejos se ha probado nada más allá de una cascada de corrupciones policiales acusando a sus propios confidentes, pruebas prefabricadas o amañadas en el inframundo del tráfico del hachís, hilvanando una novela. Se podría afirmar que si los tres jueces, o SOLAMENTE DOS, se decantaran por una u otra de las ideologías que “parece” conforman las fuerzas políticas españolas, los acusados saldrían condenados o libres. Y si nos atenemos a la visible politización de los medios jurídicos y hasta diría de la “profesión jurídica” en todos sus campos y especialidades, jueces, fiscales y abogados, dándose la paradoja, que generalizando, el Régimen es dominado en un curioso y abusivo porcentaje, lejos de la mayoría de las demás “democracias”, por los “abogados”, decantarse por una u otra opción, transformando las pruebas EN DOGMA DE FE POR SU REAL SOBERANÍA, es más una interesada arbitrariedad que sentido de Justicia. Y lo que podría provocar el dominio de una “escuela” en cuanto su aplicación de “doctrina y leyes”, no crea más que un caos “controlado” por oscuros intereses, donde otro de los “negocios” la eternización, enfeudando al cliente y la sociedad a un estamento “profesional”.

    Para quien como yo sufrió el Sistema, descubriendo a través de veinte años, además de la “total corrupción” de quienes me acusaban los “socialistas barceloneses” de “Serra y Maragall”, en perfecta o interesada asociación con los De la Rosa y la íntima relación de sus abogados Juan Piqué Vidal y Rafael Jiménez de Parga con el mío Luis Pascual Estevill, de tan corrompida idiosincrasia que los dos grupos, cada uno por su lado, unos con FILESA O TIME EXPORT, chantajearon o extorsionaron a empresarios (puede que hasta a De la Rosa), y según la prensa “los primeros espadas en la abogacía barcelonesa” lo hicieran con sus “clientes empresarios”, dudo muy mucho de ese y cualquier juicio donde se litigue con grandes intereses gubernamentales de por medio (y en los otros tampoco por su gran número y farragosas instrucciones). Y puesto que en cualquiera de los “grandes temas” se involucran siempre intereses de “gobierno y partido” porque legal y burocráticamente el Gobierno y Estado lo envuelve absolutamente TODO, tanto lo estrictamente legal como por la enorme corrupción el mundo del delito, donde abarcaríamos desde la muy rentable “doble contabilidad”, delito fiscal, hasta la droga o prostitución, ¿DIEZ, VEINTE, TREINTA, o los que sean, BILLONES de las antiguas pesetas al año?, TODO ES POSIBLE. Y en España no hay MAFIA que triunfe de no incardinarse, o simplemente creada en el “mundo funcionarial-político”. Lo saben bien mafiosos franceses e italianos (invadiendo España tras la muerte de Franco), primero, y del Este y sudamericanos después, que sufrieron la “efectividad policial española”, al actuar por “libre”. Conocí a muchos de ellos en la cárcel.

    Cualquier abogado, casi todos, coinciden en la respuesta de que otros SISTEMAS, democráticos, de elecciones directas de fiscales y hasta jueces o policías, de jurados mixtos o total, de doble instancia sin paliativos (donde los jueces son más árbitros que reyes de Taifa), de división ABSOLUTA de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con primarias, listas abiertas, y libertad de voto en asambleas, parlamentos y cortes (en dos palabras "desmontar la dedocracia"), también son susceptibles de CORRUPCIÓN Y ERRORES JUDICIALES. Pero los demás no van contra dirección, somos nosotros, y Manuel Jiménez de Parga (fundador y socio del bufete con su hermano Rafael, a los que no les molestó la Ética, Moral y Reglamento Profesional al actuar de acusador cuando los hechos involucraban a sus también clientes Banesto, Garriga y De la Rosa), un interesado demagogo cuando como Presidente del Tribunal Constitucional, a la condena de la ONU contra España por incumplimiento de La Carta de Derechos Humanos en cuanto a la sustitución de la DOBLE INSTANCIA por los complejos recursos al SUPREMO, solo se le ocurrió que la ONU no tenía jurisdicción, y que nuestro Sistema garantizaba los derechos del justiciable.

    En mi caso no garantizó nada (hasta se perdió un recurso al Supremo, tirado a la papelera por una mujer de la limpieza, publicado por El País en f. 8-3-83), y por lo vivido en la cárcel, el Sistema solo garantiza que la marcha atrás en cualquier error sea más que imposible y embarullado de no interceder la GRAN ARBITRARIEDAD de los jueces y su pirámide burocrática de Poder. Un triste ejemplo los dos marroquíes violadores que por los 93 conocí en la enfermería de Brians (yo trabajando para redimir al máximo y ellos “aislados” por seguridad), tan desorientados que rezaban cara a Madrid en lugar de La Meca, y que al advertírselo se convirtieron en amigos míos, uno muerto en prisión y otro liberado QUINCE AÑOS DESPUÉS, ya cumplida la condena, cuando el ADN, detenido el verdadero violador, demostró que de algunas de las violaciones de que fueron acusados no eran los autores. Y a la Prensa, justificando, solo se le ocurre publicar que se “parecían”, para su desgracia NADA más allá que la vulgaridad de rostros de la “perra vida”.

    Figurarse una Sala de Justicia con Luis Pascual Estevill (que ni de lejos es un “caso aislado” como predicaba el ínclito Fiscal Jefe Vitalicio de Barcelona, José María Mena, uña, carne y sucesor del gran Carlos Jiménez Villarejo, los dos declarados de “izquierdas” del PSUC) y amiguetes…y en el Supremo otros de la cuerda…!Da vértigo!...y le puede suceder a cualquiera…en ese orden de cosas transitamos por tan viejas carreteras, reconstruidas y perfeccionadas en el refinado franquismo, que los accidentes ante la masiva circulación actual…son MASIVOS, y siempre atribuidos a fallos del conductor víctima…

    Si la corrupción marbellí ha comportado NOVENTA Y PICO DETENIDOS E INVOLUCRADOS (y aun faltan de más arriba), y EN BARCELONA SE DETUVO Y RETUVO A TRES de escasa o nula incidencia en el gran desfalco…ALGO FALLA MASIVAMENTE EN NUESTRO SISTEMA…más allá de los lógicos fallos humanos…

    Y para detalles consultar www.elconsorcio.net donde encontrarán casi todo mi libro no editado “Barcelona 30 años de corrupción

    By Anonymous Anónimo, at 11:06 a. m.  

  • EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON ALFONSO HERNÁNDEZ PARDO

    Cuando en 1977 se aprueba la Constitución es Presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y cuando en 1980 se denuncia el caso CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, el Gobierno Suárez ya lo ha nombrado PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA. Más sutilezas y derivaciones paralelas.



    Por Rafael del Barco Carreras



    Si otros ya se manifestaban “demócratas”, o progresista, Eladio Escusol Barra (fiscal del caso), él se mantenía furibundo franquista. Sin aparente sintonía con otro de los miembros del Especial Tribunal que juzgará el caso, José Luis Barrera Cogollos (en cuya toma de posesión de Presidente de la Audiencia en el 2000 se elogia que en su época franquista se atreviera a clamar por los Derechos Humanos, e incomprensible la reelección en el 2005 cuando la Audiencia es un caos, los grandes casos con media de diez años hasta los juicios, y el 30% de bajas laborales según un estudio de la nueva Generalitat de izquierdas) o Adolfo Fernández Oubiña (“contratado” por el Bufete Piqué Vidal, y cuya vida y milagros merece un libro aparte). El futuro demostrará su especial talante, expedientados los dos, Barrera pasará a lo Civil, y Oubiña de Presidente de la Sección Primera a de nuevo juez de instrucción.

    Don Alfonso, hombre de boina, pero su mujer luciendo brillantes en un Premio Planeta junto a Luis Pascual Estevill (por desgracia mi abogado). Otro letrado, en el colmo del cinismo, me espetó que por suerte para mí Don Alfonso me condenó solo a los dos años, diez meses y veintiún día pasados en prisión de los doce pedidos por Fiscalía, Ayuntamiento y Consorcio, pero yo nunca he sufrido el síndrome de Estocolmo, y desde entonces le he maldecido todos los días de mi vida, aunque nunca se me ocurrió el disparate de otra de sus víctimas que pistola en mano entró en el Palacio de Justicia dispuesto a matarlo. Lo abatieron antes de perderse por los tétricos pasillos.

    A mi entender fue de los “duros” nombrados por Adolfo Suárez para mantener el ¨Orden”. Si el orden franquista como el de siglos del Imperio se basaba en Capitanía General, Virreinato, con el Ejército y sus ramificaciones Guardia Civil y Policía Nacional, la Audiencia formaba el segundo gran pilar institucional. El pilar de eso que Franco y los suyos definían el “Estado de Derecho”, donde la pirámide fascista del “ordeno y mando” funcionaba a la perfección. Los juicios se predeterminaban, los bienes se asignaban, y todo parecido con “Justicia” una burla. El Régimen lo abarcaba todo. Y si en lo Civil el Registro de la Propiedad nos descubriría sagas familiares acumulando fortunas (a pesar de los sueldos de miseria), en lo Penal, la Policía y Guardia Civil con sus torturas, y el “hábilmente interrogado”, decidían los sumarios y sus señorías firmaban las sentencias en juicios no más largos e inteligibles que una misa en latín.

    Estrasburgo definiría la Audiencia de Barcelona revolcando los casos clave de aquella época, los asesinatos del ex alcalde franquista Viola, o del poderoso industrial Bultó, el incendio de la discoteca Escala, o la represión contra los alocados “rojos”. Sin olvidar los muertos en la Modelo entre los motines de 1977 y la represión hasta 1983. El Poder Absoluto degenera a quien lo ejerce. El “dolo” (voluntad de delinquir) no existía, el “desacato” mantenía firmes a cualquier, ya fuera abogados, testigos o culpables, los fiscales obedientes al Mando, y la SALA determinaba con su SOBERANÍA las pruebas que sustentarían el fallo (habitual que en los pasillos esperaran “testigos” profesionales a tanto la declaración), y la segunda instancia, pilar de la Justicia Democrática y obligada por la Carta de Derechos Humanos de la ONU firmada por España, no existía, pues el recurso al Supremo solo determinaría si el procedimiento se ajustaba a derecho, sin valorar las pruebas convertidas por la Sala en parte de su infalibilidad papal, y siempre se ajustaba, a menos que un “mando superior” entorpeciera el procedimiento.

    Y Hernández Pardo, un fingido fanático de la divina procedencia del Poder, y cuando él solo debía mantener la maquinaria en funcionamiento (ya no juzgaba por Presidente de la Audiencia) se atribuye un caso “goloso”, el CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, para él solo, quitándoselo al juez legal y natural, el Presidente de la Sección Primera, Manuel Derqui Valbuena, como si la Constitución no existiera. Actuando a lo virrey se saca de la manga disposiciones del pasado siglo (referentes a sustituciones accidentales) y constituye una Sala para ese solo caso, y el “órgano colegiado” se convierte durante dos años en bicéfalo, firmando al mismo tiempo con dos composiciones. ¿Porqué?. Dinero, mucho dinero, aunque no era el caso más suculento del momento, 1.200 millones denunciados. La punta del iceberg, por debajo muchos miles de millones a mano, con el Banco Garriga Nogués y Javier de la Rosa Martí (y tras él el primer banco nacional, el Banesto, todo el franquismo de entonces y la Caixa…con su enorme Caja B, dinero negro). Sin olvidar que quien le nombra Presidente, el Gobierno Suárez, también está presente en el caso a través del Consorcio, y los suyos en Barcelona recibiendo créditos del Banco. Si los acusadores, Serra y Maragall con su abogado Rafael Jiménez de Parga (que también lo era de Banesto) ya lo habían descubierto, y hasta el instructor Ezequiel Miranda de Dios vivía en un hermoso piso del abogado de los De la Rosa, Juan Piqué Vidal (abogado también de JORDI PUJOL), el caso merecía su personal control, demostrando que el orden jerárquico franquista se hallaba por encima de la Constitución, y que el Presidente de una Sala (en teoría propietario de la plaza desde su nombramiento impreso en el BOE) era un simple muñeco de quita y pon. Y no solo se reservó el caso sino que nombró un Juez Especial, José Álvarez Martínez, para cerrar las peligrosas investigaciones que decretara Miranda de Dios ante mi insistencia. Y aquí, todos los abogados contestándome “se recurre al Supremo, al Constitucional…”, entre cretinos anda el juego… ya matizaré.

    Con los años, considerando que Don Alfonso presidía la Junta Electoral Provincial de Barcelona, y en 1980 JORDI PUJOL desbanca a los alocados “rojos” con ganas de poner patas arriba todas las instituciones y máxime la Audiencia (sede de represión), imaginé la mano divina, no en vano, por encima de la LEY, obedecían al “Dios, Patria y Rey”. Si la alcaldía cayó en buenas manos, Narcís Serra del clan Samarach, y después Pascual Maragall del de Porcioles, olvidando el marxismo propio de los “hijos de papá” contestatarios, la incipiente y peligrosa Generalitat de Tarradellas, con vocación de Estado, es decir, de tragarse la Audiencia, debía librarse de rojos foráneos e incontrolados. Evidente que ante la izquierda furibunda y catalanistas nunca ganarían los corruptos de la Derecha Clásica, tipo Eduardo Bueno, el “bueno para Cataluña” (hombre de Banesto y por tanto de De la Rosa). Debía pues facilitarse la victoria a un banquero, que habría olvidado tres años de cárcel tras quince de ganar dinero con el franquismo, y de familia de “derechas de toda la vida”, o sea, fieles al Régimen. Un flautista para esa Cataluña de los sueños de un millón de catalanistas. Y ganó Pujol, y la Audiencia seguiría un largo camino sin ingerencias “rojas”, con tiempo para domesticar a las “ordas” a base de sueldos y chollos, y consolidar cargos, retiros y fortunas. Murió como su adorado Dictador, en la cama.

    Ver detalles en www.elconsorcio.net

    By Anonymous Anónimo, at 5:16 p. m.  

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