LA CORRUPCIÓN: PROBLEMA MULTIFRONTE

Una de las escasas ventajas del avión como medio de transporte –porque ya se encargan las compañías aéreas y los gestores de aeródromos de que casi todo lo demás sean inconvenientes- es la posibilidad de contemplar el paisaje desde un punto de vista inhabitual. Desde el aire es como mejor se ven cosas como la morfología de las ciudades. Y quien guste de mirar por la ventanilla habrá observado ciertas diferencias entre nuestras urbes y las de otros sitios.

En efecto, vistos desde arriba, los conglomerados urbanos por ahí fuera se nos presentan como un continuo con su alfoz, con las zonas no estrictamente urbanas que los rodean, de suerte que no suele ser fácil precisar dónde acaba el campo y dónde comienza la ciudad propiamente dicha. Entre las tierras desnudas y los cascos antiguos consolidados se despliega una red progresivamente más (o menos) tupida, con áreas que cabe calificar de suburbanas.

Nada de esto sucede, sin embargo, con las ciudades españolas. Nuestras urbes se nos antojan auténticas ciudades-castillo, separadas del entorno no urbano por una suerte de muro invisible. Es perfectamente identificable dónde acaba lo uno y dónde empieza lo otro. Es más, allí donde aún no hay casas pueden verse las futuras calles ya trazadas, el proceso de conversión de terrenos en solares. Siempre limitando con la nada.

Ese “efecto frontera” tan llamativo es el resultado del planeamiento. El resultado de una intervención administrativa que hace que la distribución espacial de edificaciones y población no tenga nada de natural. Todo cuanto vemos, lejos de ser producto de una generación espontánea, es el sueño de la razón de algún concejal, algún alcalde o alguna comisión. Y eso quiere decir, claro, que esos alcaldes, concejales y comisiones tienen el inmenso poder de crear la realidad, de conformarla. En suma, tienen el poder exorbitante de decidir quién es multimillonario y quién no lo es. Ellos pueden, de la noche a la mañana, decidir si otorgan la merced de una verdadera mina de oro o, por el contrario, dejan al fulano de turno, compuesto y sin novia, plantado en su erial, a veinte duros la hectárea viendo cómo a diez o quince metros de sus narices pasa la opulencia sin rozarle. Porque ellos trazan la raya mágica.

La diferencia entre el mercado y el sistema intervenido estriba en que este último no produce zonas grises, sino que genera discontinuidades pronunciadas. Genera, por tanto, invitaciones al arbitraje y a la corruptela.

Combínese esto con un muy deficiente sistema tributario en lo que a los ayuntamientos se refiere y, más aún, con un más deficiente todavía esquema de financiación de los partidos políticos –que parte de la ridícula asunción de que todos ellos son vírgenes por definición-. El cóctel es explosivo. Ni adrede se concibe un sistema en el que se junten, a la vez, tantísimos incentivos a la corrupción y el compadreo con tan pocos mecanismos de control (porque, ya se sabe, esto ocurre en el nivel local, en el colmo del “mejor cuanto más autogobierno” y lo más lejos posible del ojo vigilante de la opinión pública informada).

Así que lleva razón el diario El País cuando, como hace hoy, pone el dedo en la llaga del problema estructural que nos aqueja. Y es cierto que no merece la pena hacer distingos entre partidos (lástima que El País sólo caiga en esto cuando las cosas afectan sobre todo al PSOE). Y es verdad que los ciudadanos perciben que sus ayuntamientos y comunidades autónomas son el patio de Monipodio. Por último, la corrupción urbanística –la corrupción por excelencia en España- no puede ser más dañina para la imagen internacional del país. Pero ya estamos demasiado acostumbrados a que estas cabales reflexiones sólo tengan lugar en los periódicos cuando se destapa algún caso concreto. Cuando ya no cabe más que decir que la cárcel debe ser el sitio para los culpables, si es que los hay.

Un intento verdaderamente sincero de combatir el problema debería ir acompañado, además de por reformas en la ordenación del suelo y demás legislación administrativa en torno a la edificación, por un ataque en varios frentes, de modo simultáneo.

El primero de esos frentes es, sin duda, un muy serio análisis de la problemática de la financiación de los ayuntamientos, con las consiguientes medidas. Es necesario que la suficiencia financiera de las corporaciones municipales –imposible de alcanzar a través del decimonónico sistema tributario local- se independice de las licencias y demás actuaciones administrativas que, conforme a la ley, deben realizar. Probablemente, lo más juicioso sería insertar a los municipios en el esquema financiero aplicado a las comunidades autónomas, dándoles también participación en los tributos del Estado (y en los cedidos, esto es, en los de las comunidades autónomas) y creando los mecanismos compensatorios adecuados. Ahí se vería, de paso, cuánto creen algunos, de veras, en el principio de subsidiariedad y en que quien debe prestar servicios al ciudadano es quien está más cerca de él – gozando, por supuesto, de los pertinentes medios económicos.

En suma, es preciso dar carta de naturaleza en el ámbito local al tan juicioso como elemental principio de desafectación entre ingresos y gastos. El ciudadano, cuando se dirija al ayuntamiento para solicitar un servicio, debe hacerlo por una ventanilla diferente que cuando paga un tributo, de manera que no haya lugar a que, para solicitar la licencia, sea preciso llevar “lo que tú ya sabes”.

La segunda reforma tiene que ver con la financiación de los partidos políticos –destino más que probable, en muchas ocasiones, de las coimas que se solicitan en los cohechos, sin perjuicio, claro, del porcentaje propio e intransferible del recaudador-. Quien quiera financiar a un partido político que lo haga. Pero que se avenga a figurar en el oportuno informe, con transparencia, al menos por encima de cierta cantidad. Y esto ha de incluir, por supuesto, a las entidades financieras que otorgan condonaciones de préstamos, en un alarde de magnanimidad que no suelen prodigar al común de los mortales. Que se ponga negro sobre blanco y veamos qué piensan los ciudadanos y, por supuesto, los accionistas o dueños de las instituciones de turno, porque, si la generosidad es una encomiable virtud, la practicada con dineros ajenos merece un juicio algo más severo.

La falta de transparencia debería ser sancionada como un delito grave, tanto para el partido como para el donante. Es sencillamente absurdo objetar que esto conllevaría dejar a los partidos en manos de los ricos, porque la realidad es que, hoy, ese riesgo ya existe, con el agravante de que se oculta. Es probable que, de tener que salir retratado, más de uno optara por abstenerse. También, quizá, la transparencia daría algún medio de defensa a quienes, en suma, son a veces víctimas de verdaderos chantajes. Solo la prostitución ha merecido, al menos en España, un tratamiento más hipócrita y absurdo que el lobbismo. Algo que se puede practicar, pero no se puede nombrar.

La tercera reforma es la más compleja de lograr, porque es una reforma de las mentalidades. Una reforma de nuestra ética social. Todos sabemos que, por desgracia, no todo lo que en el Código Penal es delito es percibido como tal por la sociedad. Dicho de otro modo, nuestro juicio moral es muy distinto cuando pagamos que cuando cobramos. Un concejal de urbanismo no es más que un español con una pluma de firmar. Estamos en un país donde aún hay gente que se ufana de no pagar los impuestos que debe, que se enorgullece de no cumplir la ley, porque la considera injusta o estúpida (cosa muy loable, por supuesto, pero que debe conducir a promover la reforma, no al incumplimiento), en medio del aplauso general... hasta que se produce la caída, en cuyo caso se da rienda suelta a la pasión por el deporte nacional del alanceo del moro muerto.

Marbella es el arquetipo de esto, claro está. Los defraudados marbellíes no ahorran, ahora, calificativos despectivos dedicados a la patulea de golfos que les ha gobernado durante unos ¡quince años! A veces, es lícito preguntarse si lo que nos molesta realmente es que haya gente que se pase la ley por salva sea la parte o que no nos inviten al festín. El ciudadano cabreado porque sabe a ciencia cierta que el comportamiento mafioso de sus munícipes coadyuva a que el precio de los pisos ande desbocado no tendrá empacho, probablemente, en afeitar un poco, o un mucho, su cifra de ingresos para tener mejores perspectivas en el sorteo de una “vivienda protegida” (es así como denominamos al piso que nos paga otro).

El español que se dice harto de corruptos y golfos sigue encontrando el mayor solaz en el viejo sueño de comprar duros a peseta. En, por un rato, creerse más listo que los otros. Parecemos los tontos del bote.