RENTA BÁSICA

El nuevo no va más del progresismo en materia económica y social se llama “renta básica de ciudadanía”, por lo visto. Se trata de un cierto montante al que todo ciudadano, sin excepción, tendría derecho por el mero hecho de existir. En un parangón un tanto curioso, se ha venido a decir por algunos que se trata, ni más ni menos, que del equivalente socioeconómico del sufragio universal. Al parecer, los mejores cacúmenes progresistas de Europa han pergeñado esta nueva respuesta ante la evidencia de que, no obstante todos los esfuerzos de redistribución de nuestro modelo, sigue habiendo gente excluida.

Alguien ya ha echado unas cuentas, y parece ser que, a razón de trescientos euros por español, por ejemplo, la cosa sale por un diez por cien del PIB, millón arriba, millón abajo. Intimida un poco, sí, pero ya se sabe que el mundo es de los valientes. Bueno, en realidad, la cosa es tan fácil como subir los impuestos, digamos por mil doscientos, a un cuarto de la población. Esta es, más o menos, la misma lógica del sistema. Mientras el asunto sea soportable, no tienes por qué perder los votos de diez millones, y seguro que los otros treinta van a estar contentísimos contigo.

La clave de la correcta gestión del estado de bienestar es que nunca se inviertan las proporciones. Se trata de realizar una traslación de renta del estrato superior de la clase media a los estratos intermedio y bajo, más numerosos por definición. Los verdaderamente ricos no aportan, o lo hacen en proporción muy inferior a la clase media –ya se sabe que el principio básico del sistema tributario no es el de justicia, como dicen algunos, sino el de accesibilidad- y los verdaderamente pobres, como muy bien han constatado nuestros próceres, están completamente excluidos del juego. En suma, mientras nuestros impuestos van destinados a sufragar muchas cosas a muchos conciudadanos que podrían pagárselas –si no en todo, sí en parte-, no dejamos de ver en nuestras calles gente que vive completamente extramuros del sistema. Genial, vamos.

La renta básica, el mínimo vital o comoquiera que se llame es un concepto difícil de definir. ¿Acaso lo que se entiende por “básico” es un concepto inequívoco? Una de las razones por las que la lucha contra la pobreza parece no ganarse nunca es, precisamente, porque la noción de “pobreza” evoluciona con el tiempo y, desde luego, en el espacio. Un pobre en la España de 2006 es mucho más rico que su equivalente en la de 1940 y, sin duda, mucho más que un pobre en medio mundo en cualquier tiempo. Como es difícil de definir, se sigue que es complejo de cuantificar. Trescientos euros al mes, ¿es, verdaderamente, una cantidad digna o, más bien, irrisoria? Depende, supongo.

Existen otras múltiples razones por las que semejante medida debería ser objeto de cauto estudio. ¿Qué efecto tendría la existencia de un montante de renta accesible a todo el mundo, porque sí, sobre los incentivos al trabajo, al esfuerzo y a la mejora? En un diario se planteaba ayer mismo la paradoja de que, si todo el mundo se quedara en casa a la espera de su paga mensual, en lugar de trabajar, no se generaría renta alguna que imponer y, por tanto, no habría forma de sufragar el invento.

Pero la pregunta más importante de todas es, ¿es realmente aceptable la existencia de un derecho a una renta “por el mero hecho de existir”? Este es un debate tan antiguo como profundo, que nos conduce directamente a las nociones de igualdad y libertad que, por lo que se ve, siguen separando a liberales de socialistas de todos los partidos. Ya se sabe: igualdad de resultados o “libertad positiva” frente a igualdad de oportunidades o “libertad negativa”.

Todo el mundo tiene derecho a una existencia digna. Esto es incuestionable pero, ¿es eso lo mismo que decir que todo el mundo tiene derecho a que el Estado le proporcione un mínimo vital? La respuesta importa, toda vez que “el Estado” no puede, para proporcionar ese mínimo –en general, para proporcionar cualquier cosa a alguien- sino coaccionar a otros para obtener los recursos necesarios. Y la respuesta es no. En absoluto. Es, definitivamente, muy cierto que hay ciudadanos que, por las circunstancias que sea, se ven impedidos de procurarse por sí mismos no ya un mínimo de bienes, sino cualquier clase de bien, normalmente porque no están en disposición de trabajar –careciendo de otros mecanismos sustitutivos- y, por tanto, de participar en el mercado.

Pero esas personas son, afortunadamente, muy pocas, y no tendría por qué ser especialmente gravoso prestarles ayuda. Hay múltiples justificaciones para ejercer esa solidaridad. Pero esto nada tiene que ver con proporcionar bienes a quien puede proporcionárselos por sí mismo, si no encontrara trabas. Nada tiene que ver con el descomunal tinglado que denominamos “estado de bienestar”.

Es curioso ver como los viejos debates, como la energía, no cambian, simplemente se transforman o, como el Guadiana, vuelven a surgir tras un curso oculto. Estamos frente a la muestra de que el sistema liberal de mercado, en sus principios básicos, no goza, ni mucho menos, de la general aceptación que se presume.