EL DILEMA DEL PRISIONERO

Una queja recurrente en el mundo forense es la de que, con frecuencia, jueces y fiscales carecen de la preparación técnica necesaria para moverse con soltura por los intrincados vericuetos de la delincuencia económica. Y no cabe duda de que, a veces, hacen falta conocimientos y auxilio profesional muy capaz para desentrañar las madejas de las complicadas transacciones que dan apariencia de legalidad a los comportamientos delictivos.

Ahora bien, eso no es aplicable al mayor cáncer de corrupción de nuestra democracia, del que la trama marbellí es el ejemplo más señero. Mucha complejidad, en sí, no tiene lo de cambiar licencias urbanísticas por bolsas de basura reventando de billetes de quinientos euros. Y mucho me temo que esto viene a ser así. Nada de manejos a lo Enron o paraísos fiscales en las Bermudas. Esto, amén de delictivo, es grosero, ordinario, chusco. Más que de “ecos” de la corrupción, estamos hablando de sus regüeldos.

Es posible que haya quien, para sacar dinero en operaciones al límite de la ley, monte tramas verdaderamente complicadas y gaste un pico en gente con conocimientos. Pero a la vista está que no es necesario. En España, el delito es más cosa de estómago que de cerebro, las cosas como son.

Además, ¿para qué molestarse en ocultar lo que es público y notorio? Porque si algo parece evidente es que, en Marbella, esto lo intuía todo el mundo, cuando no lo sabía a ciencia cierta. En Marbella como en otros cientos, si no miles, de municipios españoles. Tengo para mí que lo que ha desmontado el tinglado no ha sido sino la ambición desmedida de alguno, o sus ganas de figurar, su no conformarse con lo que le tocaba en el reparto, vamos. Si todo el mundo se hubiese atenido a lo que le tocaba, sin tentaciones de vedettismo, esto podría haber seguido ad calendas graecas o hasta la ruina total del erario marbellí. Por supuesto, entre los conocedores-consentidores han estado siempre los partidos políticos locales y la Junta de Andalucía.

Ya digo, el caso marbellí conoce paralelismos –con otra dimensión, ciertamente, en función de la solvencia de los empadronados- por toda la geografía española. Pero nadie quiere hablar de ello. Nadie quiere, por supuesto, decir de una vez que estamos ante uno de los efectos más previsibles y más evidentes del intervencionismo. El suelo –materia prima esencial para la construcción, hasta que alguno invente otra cosa y empiece a emitir licencias en ausencia de solares- está racionado a través de unos mecanismos opacos que son esenciales para la financiación de los municipios y de todos los que viven alrededor de ellos. Cuando el mercado sale, cuando el mecanismo de los precios es sustituido por el racionamiento, la corrupción entra.

Pero el asunto tiene otra dimensión, sin duda, que es la moral. Una sociedad tiene siempre los políticos que se merece, de esto no hay duda. El político suele ser reflejo de la sociedad en la que anida. Téngase presente que no estamos hablando de comportamientos excepcionales, sino de lo que parece la regla. No son garbanzos negros, sino un auténtico cocido.

Cuando la maravillosa juventud española toma las calles para reclamar una vivienda digna, obsérvese que pide eso, la vivienda. No el derecho a procurársela por sus medios, sino las cuatro paredes, a poder ser ya pintadas y con dos baños. No piden que acabe este despropósito que es, en buena medida, causa del astronómico precio de las casas en nuestro país. En el extremo, si los ayuntamientos regalaran los pisos, a nadie le importaría, seguramente, que más de uno se los estuviera llevando crudo. Ni siquiera a esa proporción que, a través de los mecanismos redistributivos –ya saben esos por los que la clase media alta compra pisos a la clase media baja, sin ayuda de los ricos, mientras los pobres siguen sin tener techo-, terminaría sufragando el regalo vía impuestos.

Los corruptos de Marbella sacaron mayoría tras mayoría, con los votos del mismo pueblo que hoy les acusa de ladrones. Ese pueblo que, como otros muchos de España, hace cola en los sorteos de pisos baratos, en muchas ocasiones con el propósito nada disimulado de revenderlos a su precio real. Por llamativo que resulte, sin embargo, la indignación con el corrupto es sincera.

Y es que, en estos casos, se pone de manifiesto uno de los rasgos más evidentes del carácter español: la falta de espíritu cívico y la insolidaridad. Porque el español que clama al cielo cuando la policía detiene –ya digo, por el chivatazo de un socio decepcionado- al corrupto, es el mismo que, entre tapa y tapa, se ufana de no haber pagado impuestos ese año, de que le ha tocado un piso de protección oficial (igual el segundo, gracias a que su mujer no tiene nómina) que piensa vender con el beneficio “normal”, que remueve Roma con Santiago para que su hijo acceda a una beca que puede no merecer...

Atrapados en una especie de dilema del prisionero, no parecemos darnos cuenta de que el edil tipo marbellí es un parásito propio del clima moral en el que, por lo visto, nos gusta vivir.