EL VERDADERO SENTIDO DE LA DECLARACIÓN

La mayor parte de los ciudadanos europeos piensan que el Parlamento Europeo carece por completo de competencia alguna. Por eso lo dejan huérfano de legitimidad, con unas cifras pavorosas de abstención cada vez que son llamados a formarlo. Si bien es verdad que el PE no es, ni mucho menos, como un parlamento nacional y que nació como un órgano consultivo llamado a remediar el “déficit democrático” de las Comunidades Europeas (por lo visto el Consejo es un órgano carente de legitimidad e integrado por autócratas que no responden ante nadie) la impresión es incorrecta. Muchas materias trascendentales son hoy objeto de lo que se denomina “codecisión”, es decir, el concurso del PE es imprescindible para promulgar muchos actos de derecho comunitario. El PE tiene, además, importantes competencias financieras, y tiene capacidad para censurar a la Comisión. En suma que, si quisieran, tendrían trabajo.

Seguro que los ciudadanos europeos pensarían de otro modo si, además de no ser usado el PE como cementerio de elefantes, refugio de fracasados, purgados y exiliados, cuando, por esas casualidades de la vida, sale el salón de plenos en la tele, vieran alguien dentro. No lo ven porque no van. Porque, además de tener un quórum impresentablemente bajo para una institución numerosa –cuyos miembros, todos, perciben generosos emolumentos- el PE padece una tasa de absentismo que sería intolerable en cualquier institución nacional.

Así pues, el PE es una institución que, pese a ser importante, parece no importarle a nadie, ni a los electores ni a los elegidos. No parece, pues, el sitio más adecuado para hacer una declaración de alcance.

Por otra parte, los socialistas españoles, con Borrell a la cabeza conocen perfectamente la historia de España. Así pues, ya saben lo del 34 (al fin y al cabo, militan en el Partido que lo perpetró), y saben de sobra que la República no fue, de ninguna manera, un modelo de democracia –ni siquiera una democracia a secas-, y saben todas esas cosas que, saltando como resortes, algunos se empeñan en recordarles. Saben, también, porque son personas cultas, que las potencias europeas tuvieron muchas razones, algunas más legítimas que otras, para no derrocar al general Franco, y para no hostigarle desde fuera durante todos los años en los que nadie lo hacía desde dentro. Saben, por supuesto, que las responsabilidades no se heredan y, por tanto, nadie tiene que pedir perdón a nadie por lo que sucedió hace setenta años. Saben también, por descontado, que la complejidad real de la historia no es aprehensible en el conjunto de eslóganes y frases hechas de que se compone la dichosa “memoria histórica”. Y, en fin, a Borrell y a los demás socialistas les importan una mierda Franco, las víctimas de Franco, la República, las víctimas de la República (estas sobre todo) y la perfidia de los europeos que no acudieron a rescatarnos, desembarcando en Laredo ya que iban a Normandía.

La pregunta es, pues, obvia: ¿por qué unos señores que saben todas esas cosas y que no tienen ningún interés real fuerzan a otros señores cuyo desconocimiento de la cuestión que se trata es absoluto, en una institución comunitaria que destaca por silente, a hacer una declaración que, en el mejor de los casos, sólo será escuchada en España?

La respuesta aparece, cómo no, en el diario El País de hoy. En la portada. No interesa, en absoluto, que el PE condene el franquismo, sino que Mayor Oreja (se personaliza en Mayor, pero se quiere aludir al PP en su conjunto) no lo condena. Sobran los matices y sobran las reflexiones. Se trata, pura y simplemente, de que el lector retenga la dupla: “PP-Franco”. Ése, y no otro, es el verdadero sentido de esta pantomima.

Además de servir como ejemplo de la miseria moral que caracteriza a cierta gente, el suceso viene al pelo para ilustrar la famosa cuestión de la “moderación” o, si se prefiere, el tipo de dilemas-trampa que, con mucha habilidad –al césar lo que es del césar- se le vienen planteando a la derecha.

Varias personas me han comentado ya que un signo de “moderación” sería, precisamente, que el PP se aviniera a participar de las múltiples condenas, declaraciones, etc. que se le proponen. A buen seguro, hay mucha gente que, en la propia derecha, se plantea que, en efecto, “no costaría nada” echar una firmita al pie del manifiesto de turno y romper, de una vez, ese nexo nefando entre la derecha democrática y el franquismo. Si eres sospechoso de nada, ¿por qué te niegas?

Vaya por delante que el argumento es falaz, sencillamente porque, si el PP estuviera en disposición de sumarse a las propuestas estas, bien no se producirían, bien se redactarían de nuevo asegurándose de que le resulten del todo inasumibles. La gracia es que el PP se quede fuera de la foto, no que salga dentro. En todo caso, siempre sería descalificable con el fácil recurso de decir que lo hace “por conveniencia” o “con hipocresía”.

El asunto que tratamos no pasa de anécdota, pero podríamos, fácilmente, elevarlo a categoría sin más que plantear un ejemplo análogo: “Aunque crees que la reforma del estatuto X es inconveniente y probablemente ilegal, ¿qué te cuesta participar de la discusión?” (¿les suena?).

El planteamiento, además de humillante, es francamente retorcido. Se pretende de la derecha democrática, ni más ni menos, que pruebe lo que no es. Tiene que demostrar que no es extremista, tiene que probar que no es antidemocrática. Y para ello se le exige que abdique de su dignidad o, simplemente, de la defensa de posiciones que son perfectamente razonables. Se le exige que asuma, si no el discurso del adversario, sí sus claves fundamentales. Así de claro. Y hay quien todavía, en efecto, dice que, total, no costaría nada.