EL VOTO DEL LIBERAL INDEPENDENTISTA

Supongamos que en Cataluña haya liberales, que alguno hay, en proporción al fin y al cabo incluso más reducida que en el resto de España, pero alguno hay. Y supongamos que alguno de esos liberales, además de liberal, fuera independentista, que no nacionalista. Nuestro sujeto hipotético estaría a favor de la independencia de Cataluña en la convicción –con toda probabilidad errada, pero respetable- de que un estado catalán separado de España ofrecería mejores perspectivas para la libertad, la igualdad y la propiedad. Nuestro liberal imaginario, pongamos, cree que una Cataluña independiente sería un estado de derecho de más calidad que esta España de nuestros pecados. Pero, insisto, por coherencia intelectual, nuestro liberal no sería nacionalista, es decir, no fundaría su pretensión en la existencia de ninguna nación mítica ideal y, por tanto, no creería en ningún ente prepolítico ni atribuiría personalidad a ningún simple hecho sociológico.

Concédanme que mi sujeto pudiera existir, porque resulta necesario a lo que pretendo demostrar: que el voto negativo al estatuto está justificado, incluso desde perspectivas políticas independentistas, sin recurso a ningún retruécano sentimentaloide. Nuestro tipo ideal de laboratorio cumpliría las condiciones. Carece de mayores vínculos afectivos con España y poseería unas convicciones alejadas de los postulados nacionalistas. Veamos ahora, en orden decreciente de importancia, las razones que animarían a nuestro tipo a votar “no” el dieciocho de junio.

La primera y principal es que, además de tener párrafos inconstitucionales en sentido estricto, el estatuto implica una mutación constitucional fuera de sede. Implica, pues, una manera subrepticia de modificar los vínculos de Cataluña con el resto de España eludiendo el debate abierto. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué debería preocupar esto a quien, al fin y al cabo, desea que esos vínculos se rompan? Pues por la elemental razón de que, cualquiera que sea la opinión que defendamos, todos tenemos interés en que las reglas se respeten. Nuestro independentista, que no es tonto, es perfectamente consciente de que quien hace una reforma a traición que, circunstancialmente, nos favorezca, no tendrá empacho alguno en hacer otra, también por vericuetos inimaginables, que nos perjudique. Como liberal, nuestro sujeto valorará la observancia de las reglas incluso más que el posible resultado del partido.

Como liberal, tampoco podrá aceptar, y esta es la segunda razón, un texto plagado de invitaciones a la intervención de los poderes públicos, hasta en los más nimios aspectos de la vida de las personas. Por si no fuera bastante con la gran cantidad de posibilidades –mandatos, en rigor- de inmiscuirse de los que ya disfrutan las administraciones bajo la vigente legislación, se produce una vuelta de tuerca más.

Se trata, y esta es la tercera razón, de un texto concebido desde y para posiciones ideológicas nacionalistas. No cabe, en el estatuto, una Cataluña meramente civil. La Cataluña por la que ese estatuto clama es una Cataluña militante en los postulados del nacionalismo. Por tanto, las bases axiológicas de la norma no sólo no son liberales, sino que son antiliberales. No vamos a extendernos otra vez en el porqué de la incompatibilidad a radice entre nacionalismo y liberalismo. Baste decir que el estatuto lo que pretende es dar cauce a las aspiraciones de la nación catalana, que no a los de los catalanes considerados uno a uno, es decir, los catalanes realmente existentes (catalanes que, en el estatuto, existen en tanto existe la nación, y no al revés). Se ha dicho que este estatuto nace con vocación de constitución, que podría servir como constitución si, mañana, Cataluña se declarara independiente. Pues bien, si ese fuese el caso, me temo que los liberales catalanes, nada más superar la resaca de la fiesta, deberían empezar a promover una profunda reforma constitucional.

En cuarto lugar, se trata de un texto jurídicamente muy deficiente. Al fárrago de su redacción une su insuficiencia. No se trata de una norma completa en sí misma. El proceso de negociación lo ha convertido en un auténtico monstruo de Frankenstein. Gráficamente, se ha dicho que este texto es un semillero de pleitos. Y es cierto. La gran cantidad de remisiones y reformas necesarias en otras normas impondrán una provisionalidad indeseable y, además, harán depender el desarrollo del estatuto de circunstancias cambiantes, como el albur de las mayorías en Barcelona y en Madrid. Si la virtud principal del derecho es proporcionar certidumbre, cabe decir que el Estatuto de Sau, tras muchos años de desarrollo y mal que bien, había alcanzado el estatus de derecho virtuoso, porque era derecho cierto. Ahora, ese estado de cosas se abandona, no para pasar a un marco igualmente cierto, sino a un ente de perfiles difusos.

Finalmente, algo insoportable es el lenguaje, que justifica el voto negativo por sí mismo. El texto está redactado, tanto en versión castellana como en la catalana, en esa jerga insufrible que es la de la corrección política y la obediencia progre. No se trata de estética, simplemente –que también- sino de que con esa jerga viajan el corrosivo virus de la imbecilidad y la férrea dictadura del eufemismo y el esquema secundario. El estatuto implica un hito en ese sentido. Es la primera norma española de categoría tan elevada redactada, de la cruz a la fecha, en el pastoso e insufrible código del pensamiento único.

Una razón adicional, por supuesto, está ligada a la campaña electoral. ¿Le preocupará a nuestro liberal coincidir en su voto con el PP o con ERC? Entiendo que no. Semejante forma de pensar hubiera conducido a los Aliados a firmar, de inmediato, la paz con Hitler, tan pronto como éste hubiera declarado la guerra a Stalin, por aquello de no coincidir con el enemigo. Pero, además, a nuestro liberal independentista, es de suponer, no le agradará ser insultado. Y eso es lo que los partidarios del “sí” han hecho de su campaña. Habrá, supongo, argumentos positivos para defender este estatuto, pero nadie estima necesario recurrir a ellos. Resulta ofensivo, no sólo para el adversario, sino también para el votante propio. Nuestro liberal tendría todo el derecho del mundo a sentirse muy, pero que muy irritado.

En realidad, a la vista del desarrollo de la campaña, quizá nuestro liberal independentista dejaría de serlo. Si, además de liberal e independentista, es realista, se dará cuenta de que la independencia significaría quedarse a solas con la clase política catalana. La única clase política realmente existente. En esas condiciones, me temo que es muy ilusorio pretender que libertad, igualdad y propiedad fuesen a ir mejor servidas una vez arriadas todas las banderas españolas en Cataluña –salvo la de la legación diplomática española, espero-. Más bien ocurre lo contrario. Más bien, creo, la españolidad es, para nuestro liberal, el cordón umbilical que le une a las escasas posibilidades que, sobre suelo ibérico, aún quedan de llegar a construir un verdadero estado de derecho como los liberales lo entendemos (ninguno de los múltiples estados que pudieran llegar a constituirse, el que integre el resto de España incluido, lo será, eso seguro).

Es cierto que en España las cosas no van bien, pero no lo es menos que, a nivel regional, las cosas son aún peores. Tanto peores cuanto más “nación” es la región de marras. España es un estado de derecho muy deficiente, pero no una ciénaga corrupta ni un corral de vecinos. En España aún está viva la dialéctica gobierno-oposición; a pesar del gobierno aún no se ha instalado el monolitismo ni se respiran aires de gran coalición (la capa que todo lo tapa). Los medios aún no están todos alineados con las mismas tesis.

Nuestro liberal independentista quizá reflexione y caiga en la cuenta de que donde pegan a la gente por expresar sus ideas es en Gerona, no en Cáceres. Y entenderá que es absurdo independizarse para tenerse que exiliar a Zaragoza, por ejemplo.