¡A MÍ LA GUARDIA CIVIL!

Una encuesta, de estas totalmente acientíficas que pululan por las ediciones electrónicas de los periódicos, mostraba que, en el grupo de referencia –los lectores del medio, claro-había una amplia mayoría contraria a que los agentes de la Guardia Civil se desplegaran en Cataluña para contribuir a paliar la ola de robos que asuela algunas localidades de aquella zona.

Cosas veredes, la gente sangra por la herida y responde con un primario “que se busquen la vida”. Totalmente inaceptable, desde luego, porque los catalanes tienen tanto derecho como los demás a ser protegidos, incluso de la ineptitud de sus propios gobiernos. Hay quien anda preguntándose qué pensarán los guardias –que, por lo visto, están en prácticas- de tener que ir a dar el callo a un sitio donde, tan manifiestamente, no se les quiere, salvo para que se entiendan con algún albanés que, obviamente, no habla catalán y es muy violento. Tengo para mí que no pensarán nada. Como llevan doscientos años haciendo, irán donde les toque, por un sueldo miserable, a vivir en condiciones muy duras. Supongo que, bajo la calorina jiennense, ya les enseñan que lo de “Todo por la Patria” lleva consigo el aguantar a una verdadera legión de soplapollas, imbéciles y frustrados, muchos de los cuales, ante la visión de un tricornio, son presa de los malos recuerdos que les traía la foto en el aparador de su casa, de su padre dándose la mano con Franco tras alguna cacería –muchas casas de los barrios bien de Barcelona, por ejemplo, están llenas de fotos de esas, ni más ni menos que las de otras ciudades españolas-. Se hace el petate, y punto, ya digo, incluso a sabiendas de que lo probable es que, cuando los tipos de turno estén entre rejas –o se hayan mudado a otras comunidades autónomas lo que, a decir de la indecente consejera Tura, termina con el problema- vuelvan a echarles como si fueran un ejército de ocupación.

Imagino que algunos de los que contestan a la encuesta pensarán que hay otras partes del país –la Sierra de Madrid o la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos- donde también se está pasando un mal rato, y que también padecen una acusada escasez de agentes del orden, sobre todo porque, a diferencia de Cataluña, carecen de una policía propia. En fin, diatribas que no hacen al caso. No hay por qué discutir sobre la escasez, y es evidente que la seguridad de los ciudadanos es igualmente prioritaria en todas partes.

Ahora bien, conviene reflexionar un poco sobre lo que ya hace tiempo que algunos venimos denunciando. Bien está que el gobierno de la Nación cumpla su deber de garantizar a todos los españoles, vivan donde vivan, sus derechos constitucionales. Pero eso no significa que los gobiernos regionales puedan irse de rositas. No hace mucho, se produjo en Cataluña el despliegue de la policía autonómica, sin ahorrar, por supuesto, gestos de desdén hacia los cuerpos nacionales, que abandonaron el Principado sin una palabra de agradecimiento. ¿Y bien?

Tirando por elevación, la clase política catalana –como sus homólogas en todas las regiones- no cesa de pedir más y más competencias. Han hecho un nuevo estatuto porque el viejo era “manifiestamente insuficiente”. Pero el caso es que esos estatutos “manifiestamente insuficientes” han dado a los gobiernos regionales un volumen de competencias enorme. Algunos, incluso, han querido hacerse cargo de la seguridad ciudadana. ¿Dónde está la dación de cuentas? ¿Dónde la responsabilidad? Piden más dinero, y me parece muy bien pero, ¿qué se hizo de los ríos de millones que ya pasaron por sus manos? La policía propia, ¿era para garantizar la seguridad de los ciudadanos o para que alguien se diera el gusto de vestirla con uniformes de diseño?

Es posible que en el futuro inmediato, una vez que el funcionariado sepa catalán, y sobre todo catalán, haya que importar jueces que se sepan la ley de enjuiciamiento criminal para desatascar los juzgados o registradores de la propiedad capaces de calificar a derechas un documento, sin crear una zapatiesta. ¿Tampoco sucederá nada, entonces?

Los gobiernos pueden ser buenos o malos y eso, normalmente, no se sabe a priori, hasta que no se abre el melón. Pero, afortunadamente, existen los mecanismos de responsabilidad que sirven para enderezar el rumbo de los gobernantes desubicados o, en última instancia, para deshacerse de los incompetentes. Pues bien, es evidente que esos mecanismos están funcionando muy deficientemente en el caso de los gobiernos autonómicos españoles, cómodos en su papel de eternos reivindicantes.

Ante una circunstancia extraordinaria –el incendio de Guadalajara, por ejemplo- cumple al consejero autonómico de turno pedir raudo ayuda al Gobierno, y compete a éste último dársela. Pero cuando se ha cometido un gravísimo error de gobierno, cual puede ser el de desplegar una policía insuficientemente preparada, expulsando a quienes estaban en mejor posición para prestar el servicio –aun sin saber catalán-, la conducta anterior, igualmente exigible, ha de ir seguida de la dimisión irrevocable de los responsables.

Pero no, me temo que, una vez más, hemos hecho una aportación genuina a la teoría política y jurídica. Un sistema en el que las competencias, los honores y los parabienes viajan hacia las capitales autonómicas, pero las responsabilidades permanecen clavadas en Madrid, como el reloj de la Puerta del Sol. Prodigioso.

Bueno, visto así no parece difícil ser consejero de lo que sea en un gobierno regional. Tu principal deber será el de elegir el color de los uniformes de tu policía y redactar convenientemente los manuales de adoctrinamiento político –en lengua vernácula, por supuesto-. Por lo demás, basta con gritar “¡a mí la Guardia Civil!”. Oye, y van. Pobre del ministro, como no vayan.