LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN

Parece que, recién llegada al cargo de ministra de Educación, Mercedes Cabrera se enfrenta al espinoso tema de la asignatura de religión. Creo que ya ha habido reuniones con el Episcopado y volverá a haberlas en breve. A sabiendas de que lo que voy a decir no gustará a algunos de mis lectores habituales, he de decir que, en este asunto, me encuentro mucho más cerca del Gobierno –lo que, sin duda, es simple casualidad, porque el Gobierno no suele tener ninguna razón particular para estar en ningún sitio- que en otros temas.

¿Ha de ser la religión (entendiendo por tal la formación en doctrina católica o en cualquier otra) una asignatura evaluable igual que las demás? A mi juicio, en absoluto. Intentaré explicar por qué, por si a alguien le interesa.

Ya he comentado en otras ocasiones que, en mi opinión, la única función genuinamente pública en el sistema educativo es la expedición de títulos, la evaluación de conocimientos y su certificación erga omnes. Cualquier ciudadano debe tener derecho a que sus saberes sean evaluados conforme a un baremo igual para todos, sea cual sea el proceso que haya seguido para acumularlos (sé que suena exótico en estos tiempos, pero creo que, si existe algún derecho irrenunciable en materia educativa, ése es el derecho a ser examinado en pruebas libres, iguales para todos y, por supuesto, organizadas por una instancia independiente). Ni que decir tiene que esto no tiene por qué conducir a no ya a que el estado monopolice la prestación educativa, sino ni tan siquiera a que tome parte en ella a través de una red pública.

Ningún estado ni poder público que se reclame respetuoso con la libertad de conciencia está capacitado para evaluar creencias ni opiniones. Se trata de una imposibilidad a radice, absoluta. Se sigue, por tanto, que quienes piden una religión evaluable como las demás asignaturas o bien están sugiriendo que tal evaluación sea delegada por el Estado en otras instancias, o bien piden un imposible. En mi opinión, el Estado no debe delegar su función de evaluación ni puede –en el sentido más profundo del término- evaluar la aptitud de un sujeto en materia de creencias.

En suma, el origen del problema reside en que el saber religioso no es, en absoluto, un saber similar a los demás que forman el currículo. Es algo cualitativamente diferente y tampoco veo muy lógico que su impartición siga métodos similares. Antes al contrario, y aunque esto no sea objeto de comentario habitual, me temo que una de las razones de que tantos españoles formados en la religión católica –una de las muchas- estemos hoy distanciados de la práctica ha sido, precisamente, la incorporación de esa formación religiosa a nuestro currículo en forma de asignatura ordinaria.

En la medida en que, guste o no, nuestro Estado es aconfesional pero no laico, esto es, en la medida en que las creencias religiosas de la población no pueden ser del todo indiferentes a los Poderes Públicos, sino que estos han de procurar su protección –España, a diferencia de otros Estados, está obligada a tener una política en materia religiosa que ha de ir más allá del mero registro de asociaciones- y tomarlas en consideración, ningún inconveniente debería haber para que los padres que lo soliciten puedan obtener formación religiosa –a cargo del correspondiente ministro o persona que la confesión respectiva considere apta- en el mismo centro. Por otra parte, es sobradamente conocido que puede haber centros en los que la religiosidad sea el eje vertebrador de un ideario –esto es, trascienda el adoctrinamiento en forma de asignatura para impregnar todos los órdenes de la vida-. Pero de esto no se sigue, en absoluto que la religión haya de convertirse en evaluable. Ni tampoco que haya que disponer alternativas para quienes no deseen ser adoctrinados en una religión.

Si los obispos, con buen juicio, temen que la pérdida del aval curricular o la existencia de alternativas más cómodas perjudicará la asistencia a clase o el aprovechamiento de los estudiantes, ese es su problema. Los demás nada podemos hacer para remediarlo. La fuerza del título público no puede extenderse a saberes que nada tienen de científicos, literarios o artísticos ni, por tanto, de evaluables. Dicho sea con todos los respetos, pero con toda intención, la media entre la nota de matemáticas y la de religión es un contradiós.

En otro orden de cosas, y entrando ya en cuestiones más prácticas, me parece lamentable que este debate centre la atención hasta el punto de convertirse poco menos que en el nudo gordiano de la educación en España. Por desgracia, me temo que la preocupación de los monseñores sobre el tema se limita a esto. Y no sé si al PP le ocurre tres cuartos de lo mismo. Da la sensación de que, mientras unos quieren analfabetos a secas, otros quieren analfabetos de comunión diaria.

En el desastre educativo español, los conciertos y la religión no son más que un grano en el desierto. Un grano que consume muchas fuerzas, que bien podrían ir destinadas a atacar los cimientos del problema. Pero esto sólo parece preocupar, una vez más, a esa “tercera España” que sale siempre perdedora.