TODAS LAS RESPONSABILIDADES

Los agentes de policía involucrados en el “caso Bono” han sido condenados –en primera instancia- a severas penas de cárcel e inhabilitación. La ausencia de lesiones espectaculares o daños visibles puede hacer pensar que los magistrados se han excedido en su rigor. No es así, porque los delitos por los que se condena son especialmente graves. De hecho, uno de los escenarios más aterradores a los que se puede enfrentar un ciudadano es el de que se vuelva contra él, sin motivo, el aparato punitivo y represor del Estado. No hay violencia más intolerable que la ejercida contra el particular inocente por el ente en quien, como todos, delegó el monopolio del uso de la fuerza. No hay desproporción más infamante ni abuso de fuerza igual (de hecho, creo que no hay, por ejemplo, alegato más gráfico contra la capital que el de imaginarse a un mismo, sin culpa ninguna, en espera de ejecución; por lo mismo, quienes piensan, o pensamos –a veces con cierta razón- que las penas de prisión son muy cortas, haríamos bien en imaginarnos a nosotros mismos enviados a presidio sin haber cometido ningún delito).

Hasta aquí la historia penal. Los policías quebrantaron la ley y, salvo que de su derecho a una segunda instancia se derive otra cosa, habrán de pagar por ello conforme a lo que la ley prescriba. Con carácter general, este sería también el fin de la historia en la mayoría de otros supuestos de detención ilegal o, en general, de abuso por parte de los funcionarios de cualquier ramo de la autoridad de la que se hallan investidos y que, por desgracia, pueden suceder y suceden.

Sin embargo, éste asunto en particular no puede acabar así. Y no puede por su innegable trasfondo político. Hubo quien, en su día, no tuvo empacho en sacar tajada del asunto. Quien quiso ensuciar con el estigma de la violencia la legítima indignación de las víctimas del terrorismo. Pensemos, por un momento, que las cosas sí hubieran sucedido como se dijo inicialmente. Pensemos que las detenciones hubieran estado justificadas porque, en efecto, unos cuantos incontrolados –tan poco representativos de su grupo como los agentes condenados del suyo- hubieran agredido o intentado efectivamente agredir a Bono, a Díez o a quien fuera. Pensemos, sí, que esas personas hubiesen sido juzgadas y condenadas.

¿Acabaría la polémica enseguida? Es más, ¿soslayaría alguien la condición de militantes del Partido Popular de los agresores? Me temo que no. Es más, es harto probable que el propio PP, sin tan siquiera respetar la presunción de inocencia, hubiese procedido a sancionar disciplinariamente a sus afiliados, con tal de hacer frente, de alguna manera, a la catarata de improperios que se le hubiera podido venir encima.

Tengo para mí que –a Dios gracias- los policías no suelen ir por el mundo deteniendo a personas inocentes –tampoco los comisarios suelen ordenar su detención-. No es éste un delito que se cometa por amor al arte, en general. Suele haber un móvil. A menudo las ganas de complacer a un jefe celoso, con ganas de hacer méritos.

Es muy evidente que las responsabilidades penales acaban donde acaban, y no dan un paso más. Y no lo es menos que, justo donde terminan las responsabilidades penales, suelen comenzar las políticas. Sería muy de desear que la misma Cámara que promovió la reprobación del ministro Trillo –no digo que inmerecidamente- por las negligencias que condujeron a la muerte en accidente de sesenta y tantos militares españoles mostrara idéntica diligencia reprendiendo a los que, con su conducta poco reflexiva, pudieron coadyuvar a que se lesionaran los derechos fundamentales de dos ciudadanos.

No es un asunto baladí, insisto. La detención ilegal a cargo de funcionarios públicos reviste tintes de extrema gravedad –por eso el Código es severo- como, en general, sucede con toda desviación de poder.

Siempre es grave que se violenten los derechos de las personas, pero lo es mucho más cuando se emplea la irresistible fuerza del Estado. De hecho, puede decirse, sin exagerar, que un estado es de derecho, precisamente, porque estas cosas, cuando suceden, son anécdota. El abuso de los derechos fundamentales es la esencia misma de las dictaduras.

Como mínimo, pues, se requieren cumplidas explicaciones. O cumplidas disculpas. Sí les digo que es poco probable. Por enésima vez –y van unas cuantas- los brazos ejecutores purgarán todas las culpas. Es probable, incluso, que alguno de los jefes políticos de los funcionarios castigados se permita sacar pecho. Hacer leña del árbol caído para recordar que nuestro Estado de derechos no sólo funciona, sino que lo hace como nunca.