OPOSICIONES AL CUERPO DIPLOMÁTICO

Cuenta el ABC de hoy que el Ministerio de Exteriores, a pocos meses vista de la convocatoria, ha decidido introducir cambios de calado en el temario de las oposiciones al Cuerpo Diplomático. Es noticia por partida doble. De entrada, porque cambiar los temas en un examen de este tenor cuando queda poco para la convocatoria es algo impresentable para con los opositores y, por si ello no bastara, implica un riesgo clarísimo para la viabilidad del concurso –toda vez que puede ser impugnado a poco que alguien pueda entender que semejante cambio favorece a ciertos concursantes en detrimento de otros (y es que, ¡oh casualidad!, aquellos que hayan asistido a cierto máster impartido por cierta universidad madrileña se encontrarán con que los cambios de temario les resultan más llevaderos)-. Además, porque –también casualidad- los cambios contribuyen a poner el corpus de conocimientos exigibles algo más en sintonía “con la modernidad”, es decir, con el pseudoideario que anima a nuestro actual Gobierno y eso que denomina su “acción exterior”.

A título de ejemplo, se cita que los futuros diplomáticos deberán destinar menos tiempo a estudiar cómo era España en tiempos de los Reyes Católicos o al Tratado de Utrecht –se conoce que, puestos a ceder soberanía, ya no tiene sentido empeñarse en la residual que nos queda sobre Gibraltar- y más a empaparse de los fundamentos del federalismo suizo. Por supuesto, la noción de la “alianza de civilizaciones” ocupa ya su sitio entre los conceptos señeros del pensamiento político y las relaciones internacionales.

Hay quien se ha apresurado a recordar que esto –poner al Cuerpo en sintonía con el Gobierno- está mal, porque la Administración sirve con objetividad a los intereses generales y, por tanto, debe buscarse en los candidatos un conocimiento determinado, el necesario para el mejor desempeño de la tarea, completamente independiente de quién ocupe, circunstancialmente, el poder ejecutivo. Quienes así argumentan están, desde luego, cargados de razón, pero no terminan de entender muy bien cuál es la concepción del Estado y de la sociedad que anima el proyecto socialista, en el que no hay más “intereses generales” que los avalados por la “mayoría social” –concepto complejo de carácter totalitario en el que no cabe hacer distinciones, ni mucho menos jugar a la separación de poderes-.

Es fácil concluir que unos señores que no acaban de ver muy bien por qué el Poder Judicial ha de ser independiente deben sentir un entusiasmo perfectamente descriptible cuando se les dice que está bien disponer de cuerpos de funcionarios altamente cualificados, preparados y, asimismo, independientes. La experiencia muestra que el funcionario seleccionado por mérito y capacidad se revela, demasiado a menudo, indócil y, además, tiene la mala costumbre de mirar con cierto aire de superioridad a quien no ha hecho en su vida más carrera que la del galgo. Abogados del Estado, Diplomáticos, Inspectores varios... Mala gente, ya se sabe. Donde esté un buen comisario “comprometido” con el proyecto, que se quite toda esta manga de burócratas (¿no dijo esto ZP no hace mucho, que estaba “harto de burócratas” incapaces de entender que “la política tiene sus razones”? – hablaba del vicepresidente Solbes, por cierto).

Al fin y al cabo, el funcionario independiente es un concepto del XIX –figura que, por cierto, se creó para eliminar la del cesante, el funcionario dependiente del jefe político al que debía toda suerte-, mohoso ahora que es el turno de los políticos posmodernos. Las oposiciones, como mucho, aseguran que sólo serán “de los nuestros” la mitad –haciendo la media por cuerpos, claro-. Y eso, aunque “los nuestros” suelen ser leales, es manifiestamente insuficiente. No es, pues, un procedimiento idóneo, porque todo el mundo es más o menos igual, hasta los de derechas.

Dicho lo cual, hay que reconocer que los diplomáticos, en particular, plantean ciertas dificultades que les pueden volver especialmente tiquismiquis, o especialmente molestos. A diferencia de los funcionarios especializados en ramas concretas de la Administración, al diplomático no se le encomienda el cuidado de un bien público determinado o la defensa de tal o cual interés en particular, sino algo tan amplio como “la acción exterior del Estado”.

En efecto, a nuestros diplomáticos, como a todos los del mundo, se les enseña que deben representar al Estado en toda su majestad y dignidad. Sus referentes políticos –en razón del medio en que se mueven- son razonablemente sencillos: no hay más que un país que defender (España, por cierto) y no hay más que dos grupos relevantes en el mundo: quienes son ciudadanos españoles –las personas a las que han de auxiliar y proteger- y quienes no lo son. En realidad, es más que suficiente, porque son las mismas categorías que emplean sus pares. La dupla “diplomático-estado” es, pues, compleja de romper.

En realidad, nadie más preparado que un diplomático para darse cuenta de la inmensa estupidez que se adueña de nuestro país. ¿Se imaginan ustedes a nuestro embajador en Indonesia, por ejemplo, intentando explicar a las autoridades locales que el rasgo más característico de nuestro país es “la pluralidad”? O, sin ir tan lejos, al cónsul en Burdeos tratando de convencer a un colega –pongamos que sueco- de que España no es, en realidad, una nación. Difícil hasta para “los nuestros”.

Así que, claro, hay razones para pensar que buena parte de nuestro Servicio Exterior no sea reconvertible. No hay forma de convencer a nuestros vetustos diplomáticos de las bondades del nuevo sistema. Es mejor que lleguen ya informados de casa. Por cierto, ¿habrán sugerido fuentes bibliográficas para preparar los nuevos temas o basta con la SER?