¿MEJOR CUANTO MÁS AUTOGOBIERNO?

En mi artículo de ayer –que, por cierto, compartía título con otro de Carmelo Jordá en Hispalibertas, y les aseguro que no fue planeado- tomaba el caso marbellí como excusa para, una vez más, poner en cuestión la máxima de “mejor cuanto más autogobierno”.

No es la primera vez que planteo mis dudas sobre esta cuestión, y no soy el único que duda al respecto. No obstante, considero que el tema es suficientemente interesante como para volver sobre él las veces que haga falta. Un comentarista mostraba ayer su discrepancia respecto a mi objeción e, incluso, recordaba que, desde un punto de vista liberal, puede ser interesante un mundo de microestados. Esta última idea me es también familiar, y quisiera abordarla siquiera de pasada.

Esto de “mejor cuanto más autogobierno” ha arraigado fuertemente en la neodogmática predicada por los ayatolás e inquisidores de lo políticamente correcto. Dudar de ello es pecado y, por tanto, suele conllevar quedar anatematizado como “enemigo de la España plural”, cuando no antidemócrata, sin más. Obviamente, poco tiene que ver una cosa con la otra, y quienes así piensan tampoco son proclives a razonarlo en exceso, así que no merece la pena extenderse sobre ello. El pluralismo o su ausencia son hechos sociales y culturales que podrán tener múltiples traducciones políticas y administrativas: Francia es una república unitaria poco descentralizada, pero no culturalmente monolítica, ni mucho menos; por el contrario, los Estados Unidos son un estado federal, pese a que existen, probablemente, menos diferencias entre un californiano y un neoyorquino (suponiendo que existan ambas cosas) que entre un bretón y un corso.

Un mínimo espíritu crítico exige que, cuando menos, para ser aceptada, la fórmula de “mejor cuanto más autogobierno” quede demostrada. Como simple petición de principio, merece ser rechazada.

Pues bien, yo, como otra mucha gente mucho más solvente que yo, sostengo que dicha fórmula está lejos de ser demostrada, sobre todo con carácter general. Aun admitiendo como válido que cierta descentralización –desconcentracion, al menos- es buena, existen límites a ese tipo de proceso, límites que estados como España –probablemente el único estado del mundo que continúa inmerso en un proceso de descentralización tras haber alcanzado, hace tiempo, cotas que, en el resto del mundo, están conllevando replanteamientos profundos del tema- se han rebasado hace tiempo.

En realidad, un entendimiento cabal de la cuestión exige precisar los puntos de partida, de manera tal que la verdad o falsedad del aserto quedará muy predeterminada por la perspectiva. Personalmente, parto de que toda, absolutamente toda, estructura político-administrativa tiene como único norte posible una más plena realización de los derechos del individuo y de los principios de libertad, igualdad y propiedad. Desde este punto de vista, existirá (o, al menos, en teoría, podrá existir) un cierto óptimo de descentralización.

La cercanía de la administración al ciudadano conlleva dos ventajas: una mayor comodidad en la relación –dada, entre otras cosas, por la simple proximidad física- y, esto ya más en teoría, un mejor conocimiento, por parte del administrador, de las necesidades del administrado. Pero la práctica diaria nos muestra que esa misma cercanía tiene también los nada desdeñables inconvenientes derivados de la pérdida de perspectiva. De manera sólo aparentemente paradójica, cuanto más próximas son las instituciones, menos funcionan los controles democráticos. Es imposible reproducir con toda su eficiencia, a varios niveles, un mismo aparato de controles y equilibrios. Uno puede, sin mayores problemas, montar diecisiete, o veinte, o cincuenta administraciones de juguete, con sus parlamentarios (otra cosa es que la cosa salga como sale: recuérdense la vergonzosa exhibición de indigencia mental que todos pudimos ver con ocasión de la crisis de la Asamblea de Madrid –la primera vez que muchos pudimos constatar el nivel de nuestros diputados- u otros señeros precedentes; la España más cañí anida hoy en los parlamentos autonómicos, incluidos los tenidos por más chic, de esto no hay duda) y demás. Pero no es posible reproducir un panorama de medios de comunicación, por ejemplo, que tienen que vivir de una audiencia mínima.

Por otra parte, desde un punto de vista más conceptual, existen materias que, por su naturaleza, no deberían descentralizarse jamás, porque afectan al núcleo básico del estatuto jurídico del ciudadano, por ejemplo: los derechos reconocidos y garantizados, las materias con impacto en la unidad de mercado, el currículo educativo –punto crítico de la igualdad de oportunidades- y, por supuesto, la administración de justicia. No hay estado en el mundo que admita la pluralidad de ordenamientos jurídicos –siempre existen elementos de cierre unitarios-, porque aunque la idea del estado como ordenamiento personificado no está exenta de exageración, tiene un poso de verdad. Es absolutamente crítico que, en última instancia al menos, el ciudadano pueda siempre aspirar a que su caso sea visto desde la más rigurosa igualdad ante la ley, e interpretado conforme a directrices unificadas, esté donde esté.

Ya digo, todo esto vale en tanto se conciba la Nación como un agregado de ciudadanos sujetos a un mismo pacto constitucional, iguales en derechos y deberes. Agregado que es único por definición, y cuya unicidad puede quedar rota por la dispersión de entes administrativos, tanto más si éstos están dotados de capacidad política.

Naturalmente, la perspectiva cambia, y cambia del todo, si, en lugar de partir de la concepción de la Nación como un agregado de personas, partimos de la idea de la Nación (¿?) como agregado de territorios. Entonces, sí, puede que exista una validez plena del aserto de “mejor cuanto más autogobierno”, en la medida en que esa idea se convierte en el equivalente de la máxima liberal que dice que el mejor estado es el que menos recorta las libertades individuales. Es un problema, claro, de cuál es el sujeto relevante.

A menudo, los “pluralistas” suelen exigirnos a quienes, supuestamente, no lo somos, que “reconozcamos de una vez” que no estamos muy en sintonía con el estado autonómico. Pues bien, por mi parte, pediría a todos esos “pluralistas” que se atrevan de una vez a reconocer que el ciudadano ha dejado de ser el núcleo de sus preocupaciones –si lo fue alguna vez- y que se han convertido a la nueva fe de los territorios. Si planteamos abiertamente cuáles son los principios básicos de cada uno, quizá podamos aspirar a entendernos. Entonces, sí, estaré dispuesto a reconocer que para ellos tiene pleno sentido lo de “mejor cuanto más autogobierno”. Hoy por hoy, este entusiasmo descentralizante de algunos sigue produciéndome perplejidad, quizá porque tienen la pretensión, lógicamente poco sólida, de decir que nada ha cambiado en sus planteamientos de base.

Ahora, extendámonos un poco sobre las querellas entre liberales...

Hay quien, desde una perspectiva liberal defiende no tanto la idea de “mejor cuanto más autogobierno” como la idea de “estado, mejor cuanto más pequeño”. Así, hay quien piensa no sólo que España debería saltar por los aires, y cuanto antes, sino que el mundo debería estar compuesto por una red de microestados, en número cuanto mayor, mejor. Estos estados, además, entrarían en competencia, lo que sólo puede, como individuos, beneficiarnos.

Ciertamente, si uno parte de la muy cabal idea de que el gobierno –el estado, la organización, todo lo supraindividual, para entendernos- es un mal, necesario (ya sé que hay quien objeta incluso esto) pero mal, pues mejor cuanto más pequeño. Parece de cajón.

Pero me temo que no lo es. Al menos para ciertos liberales, entre los que me cuento, estado mínimo no es sinónimo de estado pequeño –en cuanto a extensión, número de habitantes...-, ni mucho menos. Algunos partimos de que el estado tiene funciones, y funciones muy relevantes, que debe estar en condiciones de cumplir. Estados que no puedan ser fácilmente capturados por los cuerpos intermedios o por asociaciones que, voluntarias o no, se interponen entre el individuo y el aparato estatal.

A menudo se citan los pequeños estados europeos como paradigma del buen funcionamiento frente a los mastodontes fracasados, corruptos y liberticidas que, de hecho, cubren la mayor parte del territorio emergido y las aguas jurisdiccionales (ni a las algas dejan en paz). Pero son ejemplos interesados. El Canadá es un estado extensísimo, y los Estados Unidos una república enorme y muy poblada, y cualquiera de los dos es un paraíso de la libertad individual comparado con las satrapías del Golfo Pérsico –pequeñas, teocráticas y al servicio de unas cuantas familias- o un paradigma de higiene, transparencia y buenas prácticas si se les compara con el Mónaco de los Grimaldi, o con alguna comunidad autónoma española.

A mi juicio, quienes abogan por la reducción del tamaño del estado hasta límites muy bajos realizan una operación mental muy propia del análisis económico, consistente en suponer que todas las variables permanecen constantes, salvo el tamaño. Me temo que esto es un error.

Una Cataluña, un País Vasco, una Andalucía independientes, probablemente, verían un refuerzo, si cabe, de sus redes clientelares. La calidad de la democracia y el estado de derecho no sólo no tendería a aumentar, sino a disminuir. Un país donde “nos conocemos todos”. Hay quien tiende a notar ahí el calor del hogar. A mí me hiela la sangre, la verdad.