MARBELLA COMO SÍNTOMA

El esperpento marbellí de los últimos días muestra bastante a las claras que la obra de Santiago Segura merece ser reclasificada por los historiadores del cine. Hay que pasarla de “comedia intrascendente” a “hiperrealismo español”.

Si no estuviéramos hablando de algo tan serio, que cuesta un dineral al expoliado contribuyente, los entusiastas de Torrente tendrían algo con lo que entretenerse entre estreno y estreno de las aventuras del casposo policía.

El espíritu del malogrado Jesús Gil (q.e.p.d) sobrevuela la capital de la Costa del Sol, se conoce, y de ahí el inconfundible toque de horterada supina, ordinariez galopante y, en fin, cutrerío que rodea todo esto. En lugar de tramas ingeniosas y plenas de maldad, en lugar de robos de guante blanco, nos encontramos con una patulea que haría las delicias de Woody Allen, o de Luis Carandell. Tipos con pinta de mafioso de tebeo en las concejalías, tipas con los morros asalchichados por cirujanos plásticos de medio pelo, grifos de oro, cagaderos de mármol de Carrara y caballos purasangre por todos lados.

Nada de complejísimos vericuetos trufados de paraísos fiscales y personas interpuestas, ideados por despachos de abogados rimbombantes de la Quinta Avenida. Nada de blindajes jurídicos de estos que extenúan al fiscal y le obligan a pedir la excedencia a media instrucción. A lo basto. Es como lo del “¿lo quiere con IVA o sin IVA?”, como lo de llevarse las facturas de las comidas con los amigos para desgravar como comidas con clientes, pero a lo bestia.

Pero el caso es que este Celtiberian show en versión sureña es un problema muy serio. En sí mismo –porque deben haber dejado a la ciudad arruinada y porque las conductas son muy graves- y por lo que, una vez más, pone en evidencia.

Para el que lo quiera ver, ahí están –insisto, otra vez- las consecuencias de la ligazón entre mercado inmobiliario (suelo) y financiación de los ayuntamientos. Ocupados, como estamos, con las nuevas naciones, queda, de nuevo, pospuesta la gran asignatura pendiente de la transición: reformar el nivel local. El municipio presta, en España, multitud de servicios al ciudadano, que ha de financiar con recurso a un esquema de ingresos decimonónico, poco apto para producir la suficiencia necesaria. Por lógica, el mundo del suelo –a cuyo lado el potencial generador de renta de los tributos municipales palidece- se convierte en un camino inevitable.

Pero es un camino oscuro, nada transparente y, por tanto, que atrae a todas las variadas subespecies del golfo y el sinvergüenza patrios –trincones y sus industrias auxiliares, partidos políticos incluidos- cual boñiga calentita a la mosca del vinagre.

Y, otra vez, el dichoso “mejor cuanto más autogobierno”... Lo de Marbella viene sucediendo delante de las narices de España entera, claro, pero mucho más cerca del apéndice nasal de una Junta de Andalucía incapaz de disciplinar a la corporación. El régimen chavista –el de Sevilla, no el de Caracas- no ha cumplido con los deberes que le competen de promover la observancia de la ley en el municipio o, incluso, de instar la disolución de la Corporación. Es verdad que, en última instancia, es al Consejo de Ministros a quien corresponde decidir pero, ¿no quedamos en que es “mejor cuanto más cerca”, no quedamos en que nadie mejor que el Gobierno Autónomo para enterarse de que ocurre en su casa?

¿Se imaginan ustedes la que se lía si, de oficio, el Gobierno acuerda –y el Senado ratifica, como es preceptivo - disolver un ayuntamiento andaluz con el nada desdeñable argumento de que se ha convertido en el Patio de Monipodio? Item más, ¿imaginan lo propio pero referido a un ayuntamiento catalán, a la sazón gobernado, digamos, por alguna versión local de un bi, tri o cuatripartito? En todo caso, puestos a confiar en alguien, ¿quién creen ustedes que será más solícito a la hora de cumplir con su deber, el Presidente de la Comunidad Autónoma (a la sazón líder del partido de turno local y, posiblemente, conocedor, o incluso amigo de alguno de los afectados) o el Consejo de Ministros, para el que el asunto es simplemente un punto de orden del día?

El caso marbellí es, probablemente, el exacerbo de conductas que son comunes en otros muchos municipios españoles, en los que se perpetran actos similares, al abrigo de un anonimato que otros llaman “cercanía al ciudadano”.

Falta un análisis en profundidad de la situación del régimen local en España empezando, quizá, por la discusión de si más de siete mil municipios –la inmensa mayoría muy pequeños- son la planta óptima para que se pueda dar cauce adecuado a las expectativas de la ciudadanía en nuestro siglo. Los ayuntamientos de 2006 no son los de la época de Javier de Burgos, y no estaría de más preguntarse cómo son y, sobre todo, cómo deben ser. No deja de ser curioso que en esta España en la que nos desvivimos por tanto ente que resulta ser un bulto sospechoso, la única institución verdaderamente “natural” –formada por agrupación más o menos espontánea-, la más antigua de todas, más antigua que cualquier otra agrupación intermedia y no digamos que el estado mismo (ahí están, para dar fe, la Cádiz tres veces milenaria, o los cientos y cientos de villas y ciudades españolas más viejas que los propios conceptos políticos usuales) y puede que la más querida por muchos españoles, esté tan dejada de la mano de Dios.

Falta, también, un análisis a fondo de la solvencia de nuestros medios de disciplina y vigilancia. Falta que paremos de una maldita vez este perpetuum mobile en el que se ha convertido la estructura territorial de nuestro país para empezar a preguntarnos si, realmente, sirve para algo, mucho o poco, y qué se puede hacer para mejorarlo, más allá de frases hechas no contrastadas por nadie como la citada y recurrente del “mejor cuanto más autogobierno”.