EL PAPEL DEL PP

A veinticuatro horas del comunicado de ETA donde viene a decir lo mismo de siempre, pero de forma algo menos rotunda, buena parte de las miradas se centran en el PP. De hecho, hay quien ya echa las campanas al vuelo, no tanto porque estemos ante el fin de la banda terrorista, como porque, creen, la Oposición está contra las cuerdas. Y es que, aunque cueste creerlo, mucha, mucha gente ve en el Partido Popular el auténtico enemigo a batir, aunque para ello haya que malbaratar la democracia misma.

¿Qué rol le compete al PP a partir de ahora? A mi juicio, uno complejo: el de apoyo leal y, al tiempo, el de garante y recordatorio. No cabe duda de que, si alguien tiene un papel difícil, ése es Rajoy.

Apoyo leal, porque en todo caso hay que partir de una verdad insoslayable: José Luis Rodríguez Zapatero, el legítimo Presidente del Gobierno tiene el derecho y la obligación de gestionar esta situación con plena libertad, al igual que hicieron sus antecesores en el cargo. Nadie tiene derecho a impedírselo y, mientras se conduzca con la lealtad debida, tampoco nadie tendrá nada que reprocharle si fracasa, porque no será culpa suya. El PP sólo puede dar su respaldo pleno a las actuaciones gubernamentales.

Pero, al mismo tiempo, el Partido Popular tiene que seguir ejerciendo su papel como única oposición existente. Ya sabemos que eso conlleva que le llamen aguafiestas y, probablemente, conllevará también tensiones importantes en el seno del propio partido de Génova, 13. Como bien dijo Rajoy, su labor es vigilar que, en este proceso, no se ofrezcan contrapartidas de esas que hoy todo el mundo tilda de “innegociables” –y ya sabemos lo que eso significa, que pueden quedar para los preámbulos, si no algo peor-. Y, si eso sucede, tendrá que denunciarlo. Porque su primera lealtad no es para con el Gobierno, sino para con España, su Constitución y su Pueblo –ningún problema debe haber aquí, porque lo mismo ha de sucederle al Gobierno de la Nación-. Para que no haya “vencedores ni vencidos” ya tenemos a Llamazares y el resto de su ralea (inciso: algunos no pierden ocasión de tocar fondo en su miseria moral, e incluso comenzar a escarbar).

No obstante, sin duda, el papel más molesto que le toca al PP, pero que es imprescindible, es recordar las verdades del barquero.

Bajar un poco el tono ante una euforia que, como mínimo, es impúdica. En el mundillo progre hay quien recuerda a Montgomery dirigiendo elogios a un Rommel rival y caballero, poco menos que concediendo estatus cuasidiplomático a una banda de delincuentes sin escrúpulos, facinerosos con boina. Antes que “esperanzador” o “ilusionante”, el comunicado de la escoria etarra es indignante, miserable, profundamente repulsivo. Es cierto que toda persona bien nacida ha de sentir un cierto alivio ante la perspectiva de que callen las armas, pero no es menos verdad que no es posible dejar de sonrojarse ante tamaña desvergüenza. ¿Acaso no provocan pudor esas apelaciones a la “democracia” y a “la libertad” en boca de encapuchados? ¿Es que hemos de guardar el respetuoso silencio del alumno aplicado mientras el profesor imparte la lección? ¿Hemos de tomar notas mientras se nos dicta la hoja de ruta?

No, no son caballeros ni esto es una justa o torneo honorables. Son la hez de nuestra tierra y tienen una forma bastante desagradable, chulesca, asquerosa, prepotente de dirigirse a todo el mundo, como de costumbre, hasta cuando se supone que dan buenas noticias. Alguno debería hacer un esfuercillo por disimular esa admiración que transpira cada vez que Otegi abre la boca. Vale con no poner carita de arrobo.

Hay que recordar, también, que jueces, fiscales, magistrados, policías... en fin, quienes no tienen más norte en la vida que aplicar el derecho no pueden subvertirlo. Como se ha dicho con afortunada expresión, el estado de derecho no puede estar en tregua. Los jueces, señor Conde Pumpido, no pueden elegir cuándo aplican la ley y cuando no. Esa es la grandeza de su ministerio, y su máxima servidumbre. Y he ahí la dificultad que tiene que enfrentar el político democrático. A diferencia del autócrata, que está por encima de sus leyes, el político democrático no puede ordenar que se deje de cumplir la ley. No puede decretar que los criminales dejen de ser perseguidos, juzgados y encarcelados. No sé cómo se resuelve este dilema, los políticos sabrán. Esa es su ciencia, o su arte, pero no valen las apelaciones groseras a “colaborar”.

Al PP, en suma, le compete que, sea cual sea el curso de las conversaciones –si es que las hay, que para eso, muy juiciosamente, el Presidente ha pedido el tiempo necesario para evaluar la situación- no nos acostemos un día en España para levantarnos en el país de monseñor Uriarte.

Es posible que eso le conduzca a perder las próximas elecciones, pero si sabe desempeñar su papel, algunos le quedaremos muy agradecidos.