TODAVÍA NO HA PASADO NADA

La verdad es que, con la que está cayendo, uno no puede menos que compadecerse, e incluso admirar la desenvoltura, de los defensores a ultranza y los fabricantes de coartadas que hacen de escuderos mediáticos del Gobierno. En general, siempre hay que hacer juegos malabares para asegurar que, pase lo que pase, ni un solo apriorismo quede cuestionado y siempre tengan razón los mismos, pero es justo reconocer que hay quien lo pone más fácil, quien lo pone más difícil y quien lo pone casi imposible. ZP y sus muchachos son de los últimos.

Todo el talento de un Ernesto Ekáizer pareció insuficiente anoche, en Telemadrid, ante Casimiro Garcia-Abadillo, Eduardo San Martín y el subdirector de la Razón, cuyo nombre lamento no recordar –moderados todos por un Germán Yanke tan elegante como siempre-. Y es que es muy complejo sostener ciertas afirmaciones y seguir mirando de frente al mismo tiempo.

Ya nadie se esfuerza en afirmar, con convicción, que el Gobierno hace, sencillamente, lo correcto. Más bien, se buscan simples excusas justificativas.

Una de ellas, recurrente a propósito de las OPAS sobre Endesa, es la de “y los demás, más”. Nadie niega que el comportamiento de nuestro Gobierno es bochornoso, además de manifiestamente antijurídico. Simplemente, se afirma que los otros gobiernos europeos cometen tropelías similares. Lo que nadie explica es cómo hemos pasado de buscar nuestro hueco en el corazón de Europa a querer destacar en la liga de los más nacionalistas. Como si la conducta reprochable de terceros –por lo demás, habría que ir caso por caso- justificara la propia. Insisto, esto no llamaría tanto la atención si no estuviéramos hablando de los voceros habituales del campeón del europeísmo.

Ahora bien, la más llamativa de todas esas justificaciones es la, también muy recurrente, del “aquí (aún) no ha pasado nada”. Todo se resume en que, al cabo, todavía nada ha sucedido, pese al ruido mediático provocado por la derecha. En efecto, el estatuto de Sau sigue en vigor, Endesa o el recurso de casación penal aún existen y ETA sigue donde siempre. Cabría decir, incluso, que el Miño sigue desembocando en la Laguardia, cerca de Tuy, haciendo frontera con Portugal. En consecuencia, los problemas del país tienen poco de realidad y mucho, mucho de crispación.

La afirmación, repetida hasta la saciedad, es mendaz y, además, insensata.

Es mendaz porque sí han pasado cosas, y muchas. Quizá quienes afirman que aún nada ha sucedido quieran, mejor, decir que nada se ha consumado. Un proyecto de estatuto sin pies ni cabeza, gestionado con oscurantismo, un asunto empresarial politizado con desvergüenza, o unos signos de tolerancia con el ala política de un grupo terrorista –por citar sólo algunas cosas- no son asuntos baladíes, que quepa despachar como naderías. Son muy relevantes considerados uno a uno, desde luego, pero lo son mucho más tomados en conjunto y dándoles valor indiciario.

Porque, al cabo, uno halla una cierta coherencia en el motor común de todas esas cosas –el impulso gubernamental- y esa coherencia interna apunta a cosas muy graves, de las que es plenamente consciente todo el mundo: la ruptura del consenso del 78. No afirmo que el PP sea del todo inocente en esta situación, pero no pueden compararse sus hechos con los del Gobierno –entre otras cosas porque, en España, el papel del Gobierno es tan absolutamente preponderante que pretender situar en un plano similar las responsabilidades de unos y otros es un auténtico sarcasmo.

Insensata, por otra parte porque, ¿cuándo creen los abogados de la paz y la calma que es el momento oportuno para discutir los asuntos? ¿Quizá cuando no tengan ya remedio? Si algo deben hacer quienes tengan algo que objetar a todas estas cosas es intentar por todos los medios que no devengan hechos consumados. No porque se cuestione la legitimidad de la actuación del Gobierno y su validez, sino por el carácter irreversible de muchas de sus acciones.

A buen seguro, el Gobierno preferiría una oposición silente. Quizá, como Groucho Marx en aquella película, impediría hablar al que propone un asunto nuevo cuando se están tratando los antiguos, para volver a impedírselo cuando se tratan los nuevos, pretextando que el suyo se ha quedado antiguo. El Gobierno no quiere que se juzguen sus intenciones, pero puede ser tarde cuando haya que juzgar sus hechos.