RESPUESTAS A EDMUNDO (I): LOS LÍMITES DEL GOBIERNO

Un amable comentarista, que firma Edmundo, me dejó el otro día unas cuantas preguntas interesantes. Desde aquí, gracias a Edmundo y a todos los comentaristas que tienen la cortesía de anotar, junto a sus impresiones, propuestas para enfrentarse cada día a la dura prueba del folio en blanco –que, incluso con ZP en el Gobierno, fuente de inspiración inagotable, a veces se hace como el desierto de Gobi-.

Dejaba Edmundo para la reflexión de cuál ha de ser el papel de la Oposición, en general y, en particular, en un trance como el que vivimos ahora en España. Transcribo su reflexión:

"Posiblemente el daño esté hecho desde el momento en que se configuraron las mayorías y minorías en las pasadas elecciones catalanas y estatales. Desde ese momento, y hasta las siguientes elecciones la oposición es exactamente eso, oposición. El gobierno (este, y anteriores) gobierna, y la oposición, oposita (verbi gratia, critica, mete ruido, despierta conciencias enervadas, y aparentemente intenta acordar, proponer y negociar). (...) en mi humilde opinión, no deberíamos esperar que redima al pueblo de aquello que no le gusta."

¿Actúa o no actúa el PP conforme es de rigor?, más en general ¿cómo se supone que ha de comportarse la Oposición? Ciertamente, no como redentora de nadie. Ay de quien pretenda ser redimido de nada por un político. Pero sí como avisadora cuando ello es necesario.

En la medida en que Gobierno y Oposición están unidos por una relación dialéctica, cuestionarse cuáles son los límites de la leal Oposición es tanto como plantearse cuáles son los límites de la acción del Gobierno, o así lo veo yo. Por otra parte, tomemos, por ahora, los términos “Gobierno” y “Oposición” en sentido amplio, es decir, es “Gobierno” el conjunto de instituciones y mecanismos que derivan de o se apoyan en la mayoría parlamentaria y es “Oposición” un conjunto similar, que da voz a los discrepantes y, por tanto, articula el contrapeso de la minoría.

Conviene, a mi juicio, con vistas a analizar cuál ha de ser el rol de la Oposición, distinguir entre lo que el Gobierno puede hacer, lo que debe hacer y lo que no puede (ni, por tanto, debe) hacer.

Comencemos por lo que el Gobierno puede hacer, que es evidente que es mucho. El Gobierno está no solo facultado, sino incluso obligado por los términos del programa electoral a acometer multitud de tareas y a desarrollar iniciativas casi infinitas. Está legitimado para ello y, por tanto, puede la Oposición cuestionar la oportunidad, conveniencia, calidad o acierto de las medidas en concreto, pero nunca tratarlas de ilegítimas. Tampoco puede la Oposición pretender que, por las pretendidas bondades del consenso y las ventajas supuestas a los acuerdos –que existen, pero esto es otro asunto- se termine produciendo una especie de “gobierno de concentración” de facto y, mucho menos, una auténtica inversión de roles. El que puede y debe gobernar es el Gobierno. Si la Oposición tiene iniciativas, hará bien en proponerlas, pero solo se traducirán en acción de gobierno en la medida en que el Gobierno las haga suyas.

El Gobierno –y entramos ya en el segundo asunto- consiste, pues, esencialmente, en un conjunto de posibilidades. Aquella alternativa política investida de la mayoría accede, de pleno derecho, a todo un haz de capacidades y, en suma, a la posibilidad de desarrollar un proyecto político. Pero ese estatus lleva consigo, también, cargas. La más notable de ellas, la más evidente, es la inderogable responsabilidad que compete al Gobierno de constituirse en albacea, en custodio del entramado institucional básico de la comunidad. El Gobierno, por el hecho de serlo, es el principal guardián del pacto del que, por otra parte, deriva su propia legitimidad. Por supuesto, la defensa del orden jurídico y político compete también a la Oposición –que, al igual que el Gobierno, sólo lo es en virtud de ese orden-, pero de manera proporcionada y, por tanto, secundaria.

El papel de la Oposición, aquí, no es el de criticar, sino el de exigir. El Gobierno custodia las leyes, y la Oposición vigila al Gobierno. La exigencia de que el Gobierno cumpla con sus deberes no tiene la misma naturaleza que la labor opositora de crítica de las iniciativas. Cuando la Oposición exige al Gobierno que cumpla con la ley, el Gobierno debe atender al requerimiento, porque, en realidad, proviene de la ley, de la que la Oposición se constituye en simple portavoz.

En última instancia, la Oposición está obligada a emplear los medios jurídicos de coacción que el ordenamiento ofrece para compeler al Gobierno a que cumpla o para anular los actos que no se ajusten a lo debido. Así, si el Partido Popular piensa que el estatuto de Cataluña resulta inconstitucional no es que pueda, es que debe recurrir al TC, al igual que debe exigir las responsabilidades a que haya lugar.

Y llegamos, finalmente, a lo que el Gobierno no puede hacer. Es verdad que los ingleses decían que “el Parlamento lo puede todo, excepto convertir a un hombre en mujer”. Amén de lo desfasado de la cita, es solo parcialmente cierta. Incluso en la vieja democracia británica, carente de límites formales, es un valor entendido que ese “todo” se encuentra restringido por una serie de fronteras invisibles. Esas fronteras no son sólo jurídicas o políticas, es que son lógicas.

Cuando el Gobierno hace ciertas cosas –como, por ejemplo, atacar las bases de su legitimidad mediante un cambio constitucional no permitido- no es ya que dañe al orden jurídico-político, sino que hace que se colapse. Ningún parlamento democrático del mundo, por ejemplo, puede decidir por mayoría la destrucción de la democracia misma –pongamos que aprobando una Constitución autocrática-, porque en ese momento, además de una barbaridad, se produce un absurdo profundo, incompatible con la lógica del sistema que, en ese mismo momento, ha dejado de ser legítimo.

Algunos de esos límites son expresos, otros son inmanentes. El mandato electoral, por ejemplo, tiene ciertos límites implícitos, quizá no escritos. Un Gobierno no puede, sin más, acometer una reforma constitucional en profundidad que no hubiera anunciado previamente a los electores. Es verdad que el programa electoral no tiene, al menos en España, valor contractual o cosa por el estilo, y que los programas tienen un valor orientativo. Pero no es menos cierto que, para no condenar al elector a una especie de ruleta rusa, es necesario que el mandato se conduzca por cauces mínimamente racionales. No es lícito que el elector, mudo ya para los próximos cuatro años, se encuentre con que el resultado de su elección nada tiene que ver con lo que esperaba.

A mi juicio, esta limitación no es salvable mediante un pacto con la Oposición. Si mañana PP y PSOE decidieran que quieren redactar una nueva Constitución, lo procedente sería que recabaran el mandato de sus electores en consecuencia.

En fin, cuando el Gobierno pasa estos límites –que, ciertamente, son discutibles y lábiles- la Oposición tiene que reforzar, dentro de los posible, todos sus mecanismos de crítica. Y, entonces, sí le es posible denunciar la ilegitimidad del proceso. Puede acusar al Gobierno no sólo de errar, sino de excederse en su mandato.

En mi opinión, el Gobierno de España está, a día de hoy, saltándose las dos últimas restricciones. Está faltando a sus deberes y está haciendo cosas que no puede, válidamente, hacer. El Gobierno carece, a mi juicio, de autoridad para jugar con el marco jurídico-institucional como lo está haciendo. Si su intención era acometer una reforma profunda de nuestro marco de convivencia, así debió haberlo anunciado en su día.

Una alteración profunda de esos límites, cuando, además, se realiza por medios jurídicamente inapropiados (mutaciones constitucionales a través de un estatuto, por ejemplo), participa de la doble naturaleza de acto sin mandato y, además, acto indebido.

La Oposición, por tanto, debe estar plenamente alerta, y está legitimada –siempre bajo su responsabilidad- para la mayor dureza en la crítica. Debe, además, emplear todos los medios que el ordenamiento le concede, para suplir al Gobierno en su dejadez y, llegado el caso, para exigirle las responsabilidades oportunas.

Otro día seguiremos.