DE MILITARES Y LEYES

El teniente general Mena ha de ser inmediata y fulminantemente destituido. Todo apunta a que así será, y así lo ha solicitado el propio Jefe de Estado Mayor de la Defensa –que, por cierto, si de algo peca, es de locuaz, también-. No caben matices. Es cierto que el general no ha anunciado ningún “drama” o cosa por el estilo, como si fuera un consejero autonómico cualquiera. Pero si el general quería meterse en esos charcos debió cambiar la nobilísima carrera de las armas por la igualmente noble, pero mucho menos limitadora, de filología catalana, por ejemplo.

A buen seguro, lo último que quería el militar es dar munición a una auténtica legión de impotentes mentales que podrán vivir meses de su exceso verbal. Pero, en fin, así es la vida.

Quizá sí sea pertinente, no obstante, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hacer una pequeña reflexión sobre las cautelas contenidas en la Constitución Española y su valor. Este tema es delicado, así que, por favor, se ruega a las personas sensibles que abandonen la lectura. No se me asusten, es broma.

La Constitución Española, como casi todas las constituciones del mundo, contiene una serie de cláusulas de salvaguarda de los valores fundamentales sobre los que esa constitución se fundamenta. Entre estas, se cuentan el artículo 155, que permite llamar al orden a las instituciones autonómicas que pierdan el oremus, los estados de alarma, excepción y sitio y, por supuesto, el artículo 8, que constituye a las Fuerzas Armadas en garantes últimas del orden constitucional, del que forma parte, por supuesto, la unidad de España que, recordemos, es pilar de la Constitución misma (artículo 2).

Los militares españoles, como todos los militares en todos los países, se educan en la idea de que es su deber defender dicho orden constitucional, en los términos en los que se expresa el citado artículo 8. Es más, ésa es su función primordial, y no otra.

Como digo, en la mayor parte de los países del mundo, las cosas son así, y no pasa absolutamente nada. No tiene sentido cuestionarse, llegado el caso, si esos preceptos están, o no, realmente vigentes. Lo están, al igual que el resto del ordenamiento, pero es un valor entendido que jamás tendrán que aplicarse. La hipótesis de un land alemán comportándose de manera abiertamente desleal a la Federación, por ejemplo, está del todo fuera de la realidad.

En España, para variar, las cosas son diferentes. Son diferentes porque la hipótesis de un gobierno autonómico siendo profundamente desleal al orden constitucional no es ningún supuesto de pizarra. Se da todos los días. No como excepción, sino como forma de comportamiento habitual, ciertos gobiernos regionales se conducen de manera abiertamente contraria al espíritu de la Constitución. Y, en algún caso señalado –pista, al norte- se viola la ley, lisa y llanamente, de manera continuada (para sorpresa de gente como Gerry Adams, que, a fuerza de oír la tontería de que aquello es como Irlanda, se lo debía haber creído).

Con todo, no es esto lo que cuestiona la vigencia de las citadas cautelas constitucionales. Lo que permite cuestionarse, gravemente, la validez de esos preceptos –que, casi podrá decirse, son meras cláusulas de estilo- es el ambiente consentidor que se da en torno a ello. A fuerza de costumbre, no produce escándalo ninguno.

En consecuencia, los militares españoles deberían saber que el artículo 8 no se va aplicar, con toda probabilidad, jamás. No es cuestión de que ellos estén, o no, dispuestos a cumplir con su deber. Es que quien es superior a ellos, el poder civil, no va a dar nunca esa orden. No me refiero, claro está, a supuestos en los que, libremente y sin coacciones, se llegue a un acuerdo de secesión de parte del país –que eso podría ser, si media el adecuado trasfondo jurídico, un negocio perfectamente válido- sino a un supuesto abiertamente inconstitucional, a lo Companys. Me consta que hay quien ya se ha planteado qué sucedería si Ibarretxe, mañana, decide proclamar la independencia del País Vasco. Estoy convencido de que, si no lo hace, se debe exclusivamente a que la fórmula del “lo mío, mío y lo tuyo, a medias” (más conocida como Plan Ibarretxe) le es mucho más beneficiosa, pero no porque piense que esa decisión conllevaría consecuencias jurídicas de extrema gravedad.

El papel de los militares resulta un tanto extraño, hay que reconocerlo. Sería un despropósito que, en las academias, se enseñara que no es preciso contemplar un escenario en el que haya que defender la integridad territorial de la Patria. Pero alguien debería decirles que esa alusión, hoy por hoy, es poco más que retórica. No tiene sentido que nadie arriesgue vidas y prestigio en defender bienes cuyo titular parece no valorar, o no valorar en la medida suficiente.

Cláusulas como las previstas en los artículos 8, 155 y demás sólo pueden funcionar sobre la base de un fuerte sentimiento constitucional y un acusado sentido del orden jurídico, porque implican un elevado riesgo y, ciertamente, lesiones a alguno de los bienes en conflicto. De una intolerancia hacia la violación de la ley que, hoy por hoy, no existe en España. Debe ser duro, sí, servir en el ejército del país cuyo presidente del Gobierno, además de no tener claro si ese país es una nación, sólo acepta la institución militar en cuanto puede funcionar como ONG, pero es lo que hay.

Los militares no tienen más que dos opciones: o aceptan que ésta es la Patria a la que han de servir, o cuelgan el uniforme. Para ellos, no hay tercera posibilidad. A menudo, se dice que la gente no se hace soldado porque pagan mal. Y seguro que es cierto. Pero, supongo, también hay que tener en cuenta que la gente quiere hallar algún sentido a su propia existencia. Y debe resultar muy frustrante entregar tu vida a unos valores en los que nadie más parece creer.