HAY TUTELA JUDICIAL, ¡QUÉ... ¿ALEGRÍA?!

La Audiencia Nacional le ha propinado a ZP el segundo sopapo judicial en una semana. Nunca se sabe cómo acabará este litigio pero, como mínimo, puede darse por descalificado el procedimiento empleado por Cultura. Al entender procedente la medida cautelarísima, el Tribunal encuentra peligro de que queden dañados derechos que, al menos, tienen apariencia de bien fundados, es decir, los mismos derechos que Cultura ignora olímpicamente.

Puede anticiparse que esto es sólo el anticipo de una serie de pronunciamientos judiciales que, cuando menos, le van a dar al Gobierno más de un quebradero de cabeza. Hay un buen número de peticiones admitidas a trámite en diferentes instancias, incluidos varios recursos de inconstitucionalidad. De estos últimos, por supuesto, algunos pueden resolverse a favor de las tesis gubernamentales, pero será difícil que el Ejecutivo salga indemne de la andanada que puede representar una sentencia de fondo contraria... ¿qué ocurre si, a fin de cuentas, se sentencia que los papeles no deben salir de Salamanca, o que no deben salir todos?, ¿qué, si el Constitucional decide finalmente acoger –en coherencia con su propia jurisprudencia sobre las denominadas “garantías institucionales”- la idea expuesta por tantos organismos jurídicos prestigiosos de que las uniones homosexuales no pueden llamarse “matrimonio”?, ¿qué, si se declara contrario a los más elementales derechos, el engendro catalán del CAC?, en fin, ¿qué, si el procedimiento de discusión del estatuto de Cataluña se reputa inconstitucional o, en un futuro, el estatuto mismo?

Son los riesgos que tiene operar justo en la raya. Casi podríamos decir que lo que sucede es natural, y es que, un estado, o es de derecho o es de Rodríguez y monseñor Uriarte, pero no cabe tercero posible. Como Jueces para la Democracia sigue siendo minoría, los togados parecen poco sensibles al “momento político” y niegan la flexibilidad deseada. Siguen empecinados en sus anticuadísimos principios, y continúan diciendo cosas tan chocantes como que a nadie se le puede devolver lo que no es suyo, que una persona que no existe tampoco tiene derechos o que si te ciscas en el procedimiento, el acto que obtienes es nulo. Conceptos todos ellos extraños o carentes de sentido en el universo zapateril-uriartino, donde la misma expresión de “tener sentido” es muy dudosa y donde el juez requerirá siempre, incluso por encima de los conocimientos jurídicos, una especial sensibilidad –que, como la Gracia, es un don, en este caso procedente de la militancia.

Por un lado, que las cosas terminen como tienen que terminar, y que los que ven sus derechos atropellados obtengan alguna tutela –o, al menos, que quien les diga que no tienen razón sea un juez imparcial- es un motivo de contento. Muestra que nuestro maltrecho sistema institucional funciona. O, al menos, funciona medianamente su Poder Judicial, que es la última ratio del Estado de Derecho. Todos tenemos en la cabeza antecedentes señeros de mal funcionamiento de los Tribunales, especialmente en sentencias en las que anduvieron involucrados magistrados de muy conocida obediencia, pero, en todo caso, y haciendo un balance global, siempre hay más posibilidades de salir bien parado del dictamen de un magistrado que del de uno de los cientos de organismos “independientes” que pululan por nuestro desdichado aparato institucional.

Así pues, motivos hay para la alegría.

Pero, a un tiempo, los hay también para la preocupación. Porque los tiempos en los que los tribunales llenan portadas son, por definición, malos tiempos. En la Italia de Tangentopoli o en la España de la beautiful people, todos los días había que desayunarse con providencias, autos y sentencias. Y eso no es bueno.

Como he comentado, se acude al juez como última instancia, cuando la discrepancia no tiene otros cauces posibles de solución. El recurso continuado a la tutela judicial, y su concesión en forma de numerosas admisiones a trámite, muestran, a las claras, que el Poder Ejecutivo está tomando decisiones en los mismos márgenes de la legalidad o, cuando menos, dañando a mucha gente, en ocasiones, de manera gratuita.

Los Gobiernos pueden llevar a cabo cambios y reformas muy hondos, pero jurídicamente inobjetables. Los perjudicados por esos cambios no tendrán, entonces, más remedio que rendirse a la inatacable legitimidad que ampara a esas reformas y, en suma, conformarse con ellas. No es, evidentemente, el caso cuando se lesionan derechos y principios que están amparados por normas y consensos que el Gobierno no puede cambiar o, al menos, no sin atenerse al procedimiento adecuado.

Esta situación puede deberse a dos razones. La primera es la simple insolvencia técnico-jurídica, a falta de competencia de los que tienen que traducir las decisiones políticas en actos jurídicos. Por razones obvias, no creo que sea este el caso. Técnicos, y muy buenos, tiene a su servicio la Administración. Técnicos que de sobra saben cuáles son las implicaciones de lo que hacen, y que, probablemente, avisen de las consecuencias.

La segunda razón, claro, es la falta total de sensibilidad y respeto por los demás de los jefes políticos de esos técnicos. Y esto es harto más probable. El Gobierno español está claramente preso de la doctrina del “como sea”. Un “como sea” que, muy a menudo, sitúa al jurista, o al técnico en general, en posiciones insostenibles, como le sucede estos días a un Solbes cercado no tanto por las demandas de los desaforados nacionalistas -que no tendría mayor problema en despachar- sino por las ansias de claudicar, en aras de un acuerdo "como sea", de su superior jerárquico.

El cuadro es desolador, si bien se mira. ¿Adónde llegarían Rodríguez y monseñor Uriarte si, mañana, los jueces hicieran huelga?