UNA INCOMPATIBILIDAD PROFUNDA

Lo del llevarse mal con la Constitución y, en general, con las libertades, parece una característica propia del Gobierno Rodríguez. Por sin no bastara con haber pisado la raya –el Tribunal Constitucional dirá si es dentro o fuera- con leyes como la de violencia “de género” (con posible violación del artículo 14 por discriminación al varón) y con la del matrimonio homosexual (dudoso encaje en el artículo 32), se disponen, alegres y confiados, a perpetrar a escala del país entero un engendro como el que se acaba de marcar Cataluña con la dichosa ley audiovisual.

Los diputados nacionales del Partido Popular tendrán doble trabajo porque habrán de elaborar dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la ley catalana y otro contra la ley estatal. Lo mismo puede decirse del defensor del Pueblo, que podría justificar su sueldo ejerciendo su competencia –está legitimado activamente para interponer recursos- en defensa de las libertades fundamentales. Unos y otro quedan emplazados, y ya quisiera yo saber qué van a explicar a la opinión pública en caso de que no actúen como sería de esperar. Es cierto que el legislador siempre previó que, cuando las comunidades autónomas se excedieran, ahí estaría el Gobierno de la Nación, como defensor principal de la legalidad. Lo que no pudo concebir el redactor de la Constitución, o de la Ley Orgánica del TC es, claro, un gobierno no sólo connivente con el desaguisado, sino deseoso de reproducirlo en su propio ámbito competencial.

Esto es novedoso, o más particular de este Gobierno. Sin embargo, lo de las cuitas del socialismo con la Justicia ya tiene un inequívoco aire de déja vu, de mala relación estructural. La rehabilitación del malhadado cuarto turno a través de la figura del “juez de proximidad”, la atomización de competencias gubernativas a través de los dichosos consejos autonómicos de justicia y la reducción de las competencias del Supremo, analizadas en frío, podrían entenderse como intentos sinceros por conseguir una justicia más eficiente... sino fuese porque tienen un tufo de nueva andanada contra la independencia judicial y de cambalache con algún sátrapa local para que permita a un presidente del Gobierno impresentable salir al ruedo con las orejas cortadas a un estatuto que parecía indomable.

Es, decía, un problema estructural. El socialismo no ha tenido nunca vocación de gobierno, sino de constituirse en un régimen, esto es, de controlar una sociedad hasta sus últimos resortes. Ahí estuvo Carmen Caffarel, en su día, para poner las cosas claras: la tele pública debe servir de altavoz para el poder constituido. Por lo mismo, el estado de derecho se concibe como medio y no como marco. Todas las instituciones, sin excepción, deben coadyuvar a los fines del proyecto colectivo. La separación de poderes es, en suma, un invento liberal y burgués que no viene al caso.

Vencidos y desarmados el ejecutivo y el legislativo –que, casi necesariamente, caen al unísono-, ocupada la universidad y otros centros de crítica potencial, firmemente establecida una red de medios leales hasta el fin (aunque se está viendo que, tras ocho años de descuidar la finca, han salido hierbajos que hay que aplicarse diligentemente a escardar)... sólo queda la Justicia. Y ahí hay un problema importante, porque el diseño constitucional del Poder Judicial hace de los jueces los elementos más independientes del sistema.

Es verdad que su órgano gubernativo, el Consejo General, se provee igual que todos los demás órganos constitucionales y, por tanto, el que gana la mano gana todos los triunfos. Pero es sólo eso, un órgano gubernativo. Puede suspender, trasladar, inspeccionar, hacer la vida imposible al juez díscolo, en suma, pero no puede revocar una sentencia, ni inmiscuirse en funciones jurisdiccionales.

Por otra parte, los jueces están, en general, muy orgullosos de su independencia. Además de valorarla como una herramienta imprescindible para su trabajo, creen que es el único cimiento posible de su prestigio social. Por eso los jueces militan masivamente en asociaciones “no progresistas”, no incardinadas en ningún “proyecto colectivo”. Esto significa que, dejadas las cosas a sus propias fuerzas, la parroquia progre no se comería nunca un rosco. A lo largo de toda la historia de la democracia, el socialismo español ha hecho cuanto ha podido porque sus asociaciones afines obtuvieran, como fuera, una sobrerrepresentación.

Y están, por último, las dichosas oposiciones, que tienen como efecto reducir el número de estómagos agradecidos. En países como España, carentes por completo de una ética ciudadana mínimamente aceptable, los exámenes competitivos y los procesos reglados hasta sus últimos detalles son la única manera de lograr que los cuerpos técnicos de la Administración, jueces incluidos, sean independientes –no digo, claro, que el objetivo se consiga, sino sólo que, de otro modo, sería peor-. En particular, los Gobiernos de la izquierda, que son incapaces de distinguir los intereses generales de los suyos propios, no conocerían freno alguno si estas cautelas no existieran. Tengo para mí que, a no mucho tardar, en nombre de la “eficiencia”, se nos propondrá un cambio del sistema de selección de funcionarios, justificándolo por similitudes con “el sector privado” (pero sin mediar cuenta de resultados, claro, ni dinero propio que jugarse). Al tiempo.

Las nuevas reformas del Poder Judicial que, para más inri, se inscriben claramente en el proceso de negociación del estatuto de Cataluña –pudiera suceder, aunque sea poco probable, que al final no haya estatuto pero sí se hagan todas las reformas pactadas por la puerta de atrás en las leyes orgánicas, lo cual sería un delirio- son el último asalto de esta pugna socialismo-jueces. Una pugna que no terminará hasta que los togados estén dispuestos a sumarse, con vivaz alegría, al proceso de construcción de la sociedad perfecta. Una aspiración que va mucho más allá de eso tan rácano de “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, que es muy decimonónico. Dónde va a parar.