POLÍTICA AGRARIA COMÚN

Como sucede habitualmente, también en esta ocasión, en la negociación de los aspectos financieros en la Unión Europea, la Política Agraria Común (PAC) está en el ojo del huracán. De hecho, el meollo del llamado “cheque británico” que Blair intenta defender a capa y espada no es otro que la circunstancia de que el Reino Unido no obtiene prestaciones por políticas agrarias comparables a las de otros socios de parecida potencia financiera, por lo que, en ausencia de esa compensación, su contribución neta sería mayor.

Desde un punto de vista liberal, la PAC es doblemente odiosa. Es odiosa porque es un conjunto de subsidios y, por tanto, un elemento distorsionador del mecanismo de los precios –única forma de entenderse cabalmente en una economía compleja y desarrollada- pero, además, lo es especialmente porque la clase de de productos que se subvenciona son, precisamente, aquellos que los países menos desarrollados producen con ventaja, esto es, los productos agroalimentarios. Y parece que algunas ONG empiezan a caerse del guindo y a darse cuenta de que esto es así.

Anoche mismo, en el telediario de Germán Yanke (inciso: bello elogio el que le dedica hoy, en El Mundo, al periodista de Bilbao, su colega Raúl del Pozo, tan bello como merecido), en el marco de unas conversaciones más generales sobre la negociación presupuestaria, el ex ministro de agricultura y hoy portavoz del PP en materia económica, Miguel Arias Cañete, repasaba cuáles son las razones tras ese engendro.

La primera, según es tradición, es el intento de fijar población en el medio rural, esto es, que el territorio de la Unión no se urbanice por completo. Según reflexión de algunos –sobre todo de los poderosos lobbies agrarios franceses- ello pasa necesariamente por garantizar rentas dignas a los agricultores. Lo cierto es que el argumento tiene cierta guasa y, lógicamente, abre el camino a multitud de reclamaciones similares. El porcentaje de población que hoy reside en el “campo” es muy bajo. La mayor parte de la gente tiende, al menos en España, a aglomerarse en núcleos urbanos de cierta importancia, yendo a sus tierras de labor –que, a veces, quedan yermas por mandato de la subvención- en la jornada, como quien va a la oficina.

A esto lo llaman los políticos “vertebrar” el territorio o, lo que es lo mismo, buscar una distribución espacial de la población que ellos entienden como correcta. Como si la gente, dejada a su libre albedrío, no se distribuyera sola.

La segunda de las razones es la contribución al mantenimiento del paisaje. Es un argumento de cierto peso en regiones como las Islas Canarias, en las que las plataneras, además de producir el preciado fruto –que disfrutamos a precios absolutamente desleales para con los productores de banano de otros países menos afortunados que las islas- mantienen el imprescindible tono de verdor. Deducen nuestros planificadores que los canarios, por ejemplo, aun siendo conscientes de que el turismo es, con mucho, su principal fuente de ingresos, en ausencia de tomates y plátanos subsidiados dejarían que sus hermosas islas se convirtieran en eriales feochones, incapaces de atraer a nadie con un mínimo de gusto.

Por supuesto, nuestros planificadores olvidan que las Canarias eran mucho más verdes antes de ponerse en roturación. Para que entraran plataneras y tomateras hubo de salir el pino canario y otras mil especies antaño más abundantes en el Archipiélago. Es decir, que el paisaje puede cuidarse sin necesidad de subsidiar nada. Antes al contrario, sería de esperar que, ahora que todos tenemos una conciencia ecológica de la que antes carecíamos, intentaríamos recuperar la belleza originaria de algunas tierras asoladas por plantaciones indebidas.

Hasta aquí todo normal. Lo que me extrañó es que el amigo Cañete diera el paso de citar, en un alarde de incorrección política, la tercera de las razones, la que nunca se cita y, por desgracia, quizá la única plausible. Esa razón no es otra que la estrategia.

La Unión Europea (o los Estados Unidos, que en esto son tal para cual) produce alimentos por la sencilla razón de que no quiere depender, para el sustento de su población, de países de reputación dudosa. Y es cierto que si la garantía de nuestro sustento de mañana han de ser los dictadores del ancho mundo, es para que se le pongan a uno los pelos como escarpias. Pero, por una parte, es innegable que hay aquí un dilema moral: normalmente, los defensores más firmes de la PAC suelen ser gente que, al tiempo, se tranquiliza afirmando que la democracia sólo es posible llegado cierto nivel de desarrollo económico –lo cual, claro, descarga mucho la conciencia, como total es imposible que lleguen a nada bueno...-.

No deja de ser paradójico que, mediante nuestro indecente proteccionismo induzcamos dificultades a la estabilización política de esas sociedades –al acogotarlas económicamente e impedirles competir- y luego nos justifiquemos diciendo que su coyuntura política hace completamente indeseable la dependencia de gente tan poco de fiar.

Probablemente, hay que hacer ambas cosas a la vez, es decir, promover activamente regímenes democráticos y respetuosos con los derechos humanos –lo que, desde luego, es impensable desde ninguna “alianza de civilizaciones” que consiste, básicamente, en dejar a cada cual a su aire y llevarnos todos bien (hagas lo que hagas en tu casa)- y desmontar obstáculos que, como mínimo, permiten hacer dudar de nuestra buena fe.

Es curioso cómo, a fin de cuentas, la humanidad, sea en países desarrollados o no, termina compartiendo unos mismos problemas... José Bové es uno de ellos, por ejemplo.