LA DE CAL Y LA DE ARENA

El editorial de hoy en El País, titulado “La Hora del Pacto” es, a la vez, interesante e ilustrativo. Ilustrativo porque aparecen en él dos de las más interesantes ideas-fuerza del progresismo en esta materia.

La primera es la distribución de responsabilidades por igual. Es, por supuesto, cierto que todos los que han pasado por la poltrona en España, por ese solo hecho, han adquirido un cierto grado de corresponsabilidad en la situación de los principales problemas del país. Es, también, cierto que el deterioro de la educación española en cuanto a nivel de exigencia viene de antiguo, cosa que no sucede, sin embargo, con los problemas de convivencia en los centros u otras cosas por el estilo.

Los problemas nuevos lo son porque nuevas son las circunstancias sociales de las que derivan en parte y, por tanto, no pueden achacarse a épocas anteriores. Todo lo anterior es verdad, pero no empece para que pueda identificarse un hito nefasto, que es la redacción y entrada en vigor de la Logse, y un responsable principal, que es el Partido Socialista.

Es cierto que el PP no derogó la ley, que es lo que debía haber hecho –o quizá, al menos, sus principios básicos. Y es cierto que tardó en acometer el problema en su verdadera raíz. Antes no pudo y cuando pudo... se encontró con una derrota electoral que trajo consigo la paralización de sus tímidos esfuerzos de mejora. No es cierto, pues, que ocho años de PP sean equivalentes a catorce de PSOE. Por añadidura, el diseño, discusión y puesta en práctica de una ley de esta envergadura lleva su tiempo.

Es cierto que buenos no son, ninguno. Pero ello no implica que todos sean iguales.

La segunda idea-fuerza, y la segunda falacia, es la de la supuesta discriminación de la escuela pública a favor de la concertada, al no verse esta última en el trance de tener que acoger a “alumnos con dificultades” –que es una forma eufemística de decir emigrantes-. Demos por bueno el argumento, pese a que es incierto ya que, para empezar, también hay inmigrantes en la concertada y, para seguir, probablemente esa falta de equilibrio tenga alguna explicación, siquiera parcial (superpóngase en un mapa la distribución de colegios concertados y cásese con la distribución de inmigrantes por zonas, súmese el peso que las propias leyes otorgan al domicilio como criterio de selección, y quizá se alcance alguna conclusión). Ocurre algo parecido a lo que sucede con el manido recurso a la falta de financiación –otro argumento recurrente del que, esta vez, El País nos hace la merced de eximirnos- que, siendo cierto que los recursos pueden ser insuficientes, ello no explica la correlación negativa que existe entre inversiones y rendimiento (poco o mucho, a más dinero invertido... ¡menos resultados!).

El problema de la inmigración es mucho más reciente que la acusada preferencia de los padres españoles por los colegios concertados, a los que acuden no tanto por amor por los idearios como por desconfianza en un sistema público desprestigiado. A partir de ahí, entramos en un círculo vicioso. Es verdad, como dice El País, que no se deben consolidar “privilegios” de la concertada, pero ello no debe conducir necesariamente a la solución socialista, que es siempre la igualación por abajo, sino, quizá, a que de una santa vez alguien concluya que se podría probar a importar al sistema público aquello que existe en la concertada, es barato de lograr y, además, los padres valoran en extremo, como es un régimen de disciplina aceptable.

Con todo, decía que el artículo es interesante porque apunta dos ideas que no por evidentes son menos valiosas, precisamente porque aparecen en el diario gubernamental.
En primer lugar, la aceptación del diagnóstico. Es verdad que aún no se ligan síntomas con causas. Aún no se atreven a decir que la Logse es un crimen de lesa patria. Pero reconocen que esto no puede seguir así. Insisto, dada la tendencia al escapismo y la absoluta falta de conformidad con la realidad cuando esta es desagradable –y fácilmente achacable a los nuestros- esto es un triunfo.

En segundo lugar, el reconocimiento de la necesidad de pactar. Bien es verdad que El País lo presenta más como una amenaza –cogiendo carrerilla para una posterior atribución de responsabilidades- que como una conminación a quien más generoso puede mostrarse, que es el Ejecutivo. Parece claro que esta proclividad al acuerdo obedece a la necesidad imperiosa de recuperar la maltrecha imagen del Gobierno, de que haya al menos un asunto que no se convierta en un nuevo frente. Congratulémonos, sea cual sea la razón. Incluso ERC parece estar reconociendo que pudieron haberse pasado con el Pacto del Tinell.

Por una vez, la de cal y la de arena. Deben verse mal.