LAS RAZONES DE CATALUÑA

La ola de rechazo generada por el inaceptable trágala que constituyen las mal llamadas propuestas de reforma estatutaria está teniendo como efecto más evidente el que se pierdan de vista las legítimas razones que, sin duda, asisten a algunas comunidades autónomas, y destacadamente a Cataluña. Lógicamente, esto es vendido por la prensa adicta no como un rechazo a las formas, sino como un rechazo esencial a los mismos pueblos que las proponen.

Un servidor no oculta que, si de él dependiera, el estado español sería mucho más centralista de lo que lo es hoy –estoy con Martín Ferrand cuando se declaraba jacobino a fuer de liberal-. Pero, como la mayor parte de quienes así piensan, soy consciente de que estoy en minoría y, sobre todo, de que el modelo avalado en el 78 no es ese. Así pues, a tragar tocan o, en otros términos, a asumir que hay que instalarse en la lógica del estado autonómico, que es el que hay y el que nadie parece dispuesto a cambiar.

Instalados en esas claves, no cabe duda de dos cosas. La primera es que las comunidades autónomas pueden tener razón en estar quejosas, porque es cierto que, sobre todo cuando gobernaron los hoy adalides del pluritodo –en lo que, más que otra etapa parece haber sido otra vida- el Estado hizo cuanto pudo por expandir sus competencias al máximo, probablemente haciendo uno uso algo abusivo de la “legislación básica” (esto es, se intentó remediar la deficiente técnica legislativa empleada en la Constitución –donde no se hizo debidamente esa reserva de materias absoluta que planteó juiciosamente Rajoy- mediante parches y cataplasmas). La segunda es que el marco financiero, probablemente, es inadecuado y debe ser profundamente revisado. Cataluña, en este último sentido, no tiene toda la razón, y quizá la revisión debería ir incluso más lejos de lo que ellos mismos quieren, pero tiene alguna, sí, y se le debe reconocer.

La reparación de ambas cuestiones puede hacerse sin necesidad de atentar a los fundamentos del Estado. Y sí que es cierto que las comunidades autónomas están en su derecho de exigir que esa negociación se abra y se desarrolle lealmente. Aunque también deberían estar dispuestas a aceptar ciertas exigencias.

Ahora bien, dicho lo anterior, sería muy de agradecer que las comunidades autónomas se atuvieran a un principio esencial, que es distinguir lo negociable dentro del modelo de la negociación del modelo mismo. Ambas cosas, desde luego, son posibles, a condición de que se haga con transparencia suficiente.

Se puede, claro, proponer ajustes al modelo existente, llegando incluso a agotarlo. Es verdad que el modelo no permite ir mucho más lejos en cuanto a las cosas que se pueden hacer, pero sí que es cierto que, aun no permitiendo hacer más cosas puede permitir hacerlas de manera diferente. Esto es especialmente cierto en lo tocante a las cuestiones financieras.

Y se puede, también, proponer un cambio de modelo. Se puede, legítimamente, promover un cambio en la configuración constitucional de España. Y se puede promover, también, la desaparición de España misma. Simplemente, hay que tener el valor de decirle eso, a las claras, a los ciudadanos catalanes y al resto de los españoles. A partir de ahí podrían suceder muchas cosas, pero nadie podría acusar a nadie de falta de transparencia. Porque lo que deslegitima la pretensión no es su contenido, sino el hecho de que se presente con engaño, con subterfugios.

La transparencia es, pues, una primera condición ineludible. La segunda es la aceptación de la propia esencia de una dinámica negociadora. Los nacionalismos tienen siempre en la boca la palabra “negociación”, pero raramente se dan cuenta de que no muestran una predisposición a negociar nada más que el calendario de consecución de sus objetivos. Creo que sólo el mundo árabe, respecto a Israel, tiene un sentido más extraño de la palabra “negociación” (recuérdese que el premio para Israel en el dichoso plan saudí que hizo que algunos diplomáticos europeos se deshicieran en elogios era... ¡el reconocimiento de la existencia de la otra parte negociadora! - ).

¿Realmente se rechazan las pretensiones de Cataluña? Quizá Cataluña debiera probar a plantearlas en forma jurídicamente adecuada y, sobre todo, a mostrar buena fe mediante una oferta que pueda resultar aceptable. Lo demás suena a búsqueda de un derecho permanente a la queja.