COMPETENCIA FISCAL

No hace mucho, el la sección “fuego cruzado” del ABC –dos recuadros contiguos en los que, brevemente, dos personalidades defienden visiones divergentes, cuando no contrapuestas, sobre un asunto cualquiera- el tema de discusión era la cuestión de las haciendas descentralizadas. Fernando González Urbaneja se manifestaba contrario, en tanto que Carlos Rodríguez Braun se decía a favor. Sin despreciar las razones del afamado periodista, me interesa la postura del catedrático, señero representante y gran estudioso del pensamiento económico liberal, según es sabido. La postura me es familiar, por otra parte, ya que algunos amigos y conocidos que tengo en gran estima y a los que considero intelectualmente bien armados, con matices, también la defienden.

Al abogar por una pluralidad de haciendas, sin duda, Rodríguez Braun daba la respuesta ortodoxa, desde el punto de vista liberal, esto es, a más haciendas, más competencia fiscal y, por tanto, mejores perspectivas para el pagador de impuestos de turno, ya que las haciendas descentralizadas pugnarán por atraer más actividad económica y, con toda probabilidad, ofrecerían tipos impositivos más bajos. Desde luego, frente a la pizarra, no podría yo estar más de acuerdo. Es verdad, por otra parte, que la descentralización de las haciendas, al dificultar los mecanismos redistributivos, haría más fácil evitar que unas regiones se convirtieran en subsidiadas permanentes y, por tanto, generaría incentivos a un desarrollo efectivo.

Ahora bien, al pasar de las musas al teatro, la cosa cambia notablemente. Obvio puntualizar, por supuesto, que “descentralizada” es un calificativo que, por sí mismo, poco indica. En la práctica, sólo se pueden comparar sistemas fiscales perfectamente concretos. Mi objeción es más general aunque, por supuesto, sólo pretende ser válida para el caso español actual. Saben los lectores de esta bitácora que servidor es, si no enemigo acérrimo, sí poco partidario de todo lo que implique descentralización (no confundir con la desconcentración, que es una técnica organizativa perfectamente aceptable y deseable) en nuestro país, por aquello de que el gato escaldado del agua fría huye.

Es muy poco probable, por no decir imposible, que la descentralización a favor de nuestras comunidades autónomas –pongámosle ya su nombre al bicho- resulte en una competencia fiscal efectiva, y por efectiva quiero decir que beneficie a un número elevado de ciudadanos. Para ello sería necesario que las comunidades autónomas renunciaran a establecer clones locales del estado de bienestar y, por tanto, a ser voraces consumidoras de recursos. Antes al contrario, mucho me temo que nuestras comunidades terminarían cartelizándose, el estilo de una pequeña OPEP, para concertar subidas tributarias todas a la vez. Nuestras regiones, sobre todo las más “avanzadas” aspiran a construir miniestados entre sociales y descaradamente corporativos, mediante la connivencia entre las elites políticas, una burocracia siempre creciente y las oligarquías locales. Cataluña es, por supuesto, un ejemplo palmario, pero todas las demás siguen el patrón, más o menos.

Y esto nos lleva al segundo problema. La experiencia demuestra que, a más proximidad, más capacidad de control por parte del político sobre la sociedad civil, menos transparencia y más corrupción –puede que esto sea paradójico, pero reto a quien sea a demostrar fehacientemente lo contrario-. En esas condiciones, es muy probable que la seguridad jurídica, siempre precaria en España, terminara por resentirse aún más, con leyes y reformas tributarias hechas completamente a la medida de eventos contingentes, necesidades de complacer a amigos o qué sé yo.

Por otra parte, aun cuando cierta competencia fiscal llegara a ser efectiva –suponiendo que lo permitiera la Unión Europea, claro- es más que probable que sus efectos no se distribuyeran equitativamente. Recuérdese que las haciendas de los estados de bienestar no exigen tributos conforme al principio de justicia, sino conforme al principio de accesibilidad. No cobran a quien quieren, sino a quien pueden, y lo hacen en una cuantía que compense sobradamente la contribución que dejan de poner quienes tienen medios para escapar –he ahí por qué el fraude fiscal equivale, lisa y llanamente, al robo, no al robo a la hacienda, claro, sino al robo a los que no tienen más remedio que pechar con las cargas-. Es muy probable que las haciendas, en un país como España, de bajísima movilidad geográfica –que será cada vez menor a medida que vayan surgiendo las nuevas barreras que imponen los nacionalistas como las idiomáticas- aprieten las tuercas a los particulares para compensar las ventajas que den a las empresas o a aquel segmento de rentas altas o bajas que, al final, no paga impuestos nunca.

No nos engañemos, de poco servirá dónde se encuentre la oficina ante la que debemos enganchar la cerviz si, previamente, no se dispone de un marco jurídico fiable y, sobre todo, mientras se pretenda mantener un sistema que consiste en expoliar a las rentas medias para que las rentas medias-bajas pueden disfrutar de bienes no imprescindibles que podrían costearse perfectamente, que eso es el puñetero estado de bienestar.

Soy escéptico.