PROCEDIMIENTOS

Tiene guasa que el señor presidente del gobierno nos recuerde ahora, en mitad de cantos a la libertad y poniendo cara de no haber roto nunca un plato, que, en democracia, seguir el procedimiento es una forma segura de arribar a buen puerto. La verdad es que es lo único sensato que ha salido de su boca en muchos meses.

Y digo que tiene guasa porque, al fin y al cabo, no es otra cosa que respeto a los procedimientos lo que se está reclamando de él, a propósito del estatuto de Cataluña y de tantos otros temas.

Contra lo que repiten hasta la extenuación los voceros del régimen, nadie cuestiona, en absoluto, el derecho del Parlamento de Cataluña a proponer lo que tenga por conveniente, como tampoco nadie cuestiona seriamente la capacidad del Gobierno de la Nación para que haga uso de sus prerrogativas de iniciativa cuanto y cuando le pete, que para eso se halla investido de la confianza necesaria. Lo que se le pide es que se conforme con el procedimiento, precisamente.

Y es que el procedimiento no es algo absolutamente independiente del asunto material que se ventile. No. Si así fuera, sobraría y bastaría con el procedimiento legislativo ordinario para todo. Es verdad que al señor Zapatero estas cosas le parecen de poca monta –se conoce que él se compromete con “los procedimientos” tan en abstracto como lo hace con “la nación”, que aún no sabemos a cuál se refiere, si a la única existente en la Constitución, a la que el Nou Estatut lleva in pectore o, lisa y llanamente, al platónico mundo de las ideas que, por lo que se le ha oído, parece ser su patria real (preciosa declaración, qué duda cabe, aunque un puntito cursi y, sobre todo, de lo más inapropiada viniendo del, en teoría, principal defensor de la legalidad y, con perdón, de la patria.)- pero incluso él debería saber que los procedimientos son más exigentes cuanto más grave es la cuestión tramitada.

Ya nos imaginábamos que nuestros próceres no pensaban colar la criatura del Parlamento de Cataluña a capón, sino que le iban a dar a la cosa una cierta apariencia de legalidad. Pues bien, el problema es que no basta con lo justito –y si esto es una muestra de españolismo rancio, que, por favor, me apunten en la lista de españoles sin remedio (justo detrás de Arzallus, que es un arquetipo de la raza)-. Hace falta que se aplique el rigor que la materia merece. Obsérvese que lo que está en discusión con respecto a lo e Cataluña no es si la propuesta es inconstitucional –en esto están de acuerdo tirios y troyanos- sino cuál es su grado de inconstitucionalidad, si muy alto o, definitivamente, insalvable. Pues bien, el paso por la mesa del Congreso de los Diputados no es un simple trámite administrativo, sino que tiene como fin realizar un primer examen del texto que se propone. Si ese texto está en flagrante contradicción con la Constitución, la mesa puede y debe devolverlo al proponente para que, o bien lo lime de incoherencias o bien lo vuelva a presentar, pero como propuesta de reforma constitucional.

Es este el principio que se violó con la malhadada admisión a trámite y consiguiente debate del Plan Ibarretxe y se va a volver a violar con la toma en consideración –como propuesta de reforma estatutaria- del texto catalán. La incompatibilidad natural que, últimamente, parece presentar la izquierda con el derecho (por si no se han dado cuenta, tres de los más importantes proyectos de la era ZP son sospechosos -ley de violencia “de género”, matrimonio homosexual y estatuto catalán- de ir contra la Carta Magna, y no de soslayo, precisamente, si añadimos a eso el espantajo neoestalinista con el que IU pretende regular la profesión periodística, pues el panorama es fino...) puede hacer pensar a alguno que esto son cosas baladíes, pero miren ustedes por dónde, es precisamente cuando estas cosas no funcionan cuando algunos pensamos, de veras, que las libertades están en retroceso, y no cuando bajan las subvenciones al cine.

Es algo que mucho malintencionado (mucho cabrón, en realidad) sabe y calla y mucho despistado ignora. Por supuesto que nadie en su sano juicio teme a lo que hayan podido decir los legisladores del Parque de la Ciudadela. Nadie está nervioso por ello. Por lo que algunos tememos es, precisamente, porque sabemos que no se van a respetar las reglas del juego que fueron acordadas en su día. No por lo que se discute, sino por cómo se va a discutir. Y esto no es una suposición, sino una certeza.

Y es que, por otra parte, otra cosa que el Esdrújulo olvida es que incluso las normas y usos “meramente” rituales –en sí mismos no sustantivos, que ordenan la forma de producción de un acto y no su contenido- no tienen nada de automático ni nada de hueco. Antes al contrario, han de estar presididos por una serie de principios, entre ellos el de la buena fe, que son los que vienen estando ausentes de su acción de gobierno desde que asumió, en jornada luctuosa, esa altísima responsabilidad que, a todas luces, le excede por muchos cuerpos.

Cuando se usa del procedimiento, con plena conciencia, para producir un resultado que se sabe contrario a derecho –por ejemplo, cuando se emplea el procedimiento legislativo de las leyes orgánicas para producir una mutación constitucional (algo que no se puede hacer sin el concurso de una mayoría de los españoles y de una mayoría muy cualificada de sus representantes – conforme a un procedimiento que, a su vez, goza del mismo consenso de partida que toda la Constitución y no fue objetado por nadie)- se está cometiendo un fraude de ley. Cuando la ley es la constitución, se produce una mutación fraudulenta, un quebrantamiento constitucional. Alguien ha hablado, sin duda con exageración desmedida, de “golpe de estado civil”. Ciertamente, no sería ese nunca un resultado de lo que nos traemos entre manos, pero entre la conducta que estamos describiendo y el golpe de estado civil propiamente dicho media nada más una cuestión de grado, todo lo relevante que se quiera, pero de grado. La diferencia estriba en cuántos aspectos de la constitución se cambian mediante un procedimiento inapropiado. En España, de momento, parece que “sólo” es la distribución del poder territorial –me temo que es algo más-, en nuestra admirada Venezuela, por ejemplo, ha sido la totalidad del ordenamiento, al que se ha dado la vuelta como a un calcetín.

Insisto, a veces, hasta el más mendaz de los truhanes dice verdades, y el más frívolo de los cantamañanas da con un principio válido. El de la fe en el procedimiento lo es, sin duda. Que alguno se aplique el cuento.