PUESTOS A PEDIR...

Vamos a ver. Ya sé que ha empezado la campaña del “aquí no pasa nada” y del “son cuatro cosas que se quitan y ya está”. Ya sé que la progresía, en cuanto se recupere del soponcio, volverá por sus fueros –ahora andan menesterosos, desorientados y a la búsqueda de algo o alguien que dé explicación al desafuero sin necesidad de coincidir con el PP-. Ya sé, en fin, que los diputados socialistas, entre su conciencia y la silla que les han puesto en el culo, elegirán la silla y, por tanto, con unos cambios menores, estarán dispuestos a colaborar en la perpetración de lo que puede ser el mayor fraude de ley conocido por estos pagos hasta la fecha – recordemos, por increíble que parezca, que el zapaterismo sólo está en su segundo año triunfal, y nuestro cónsul ya ha decretado que el derecho no puede ser un obstáculo a los legítimos poderes del ungido.

Pero como no soporto que me tomen por gilipollas –o a lo mejor es que lo soy, y no me gusta que me lo recuerden- y en breve será tarde, porque ya se encargarán los intoxicadores de que reine la más absoluta confusión o de hacer coincidir la aprobación final con el mundial de fútbol, aclaro postura al respecto.

Reconducir el proyecto de estatuto a la constitucionalidad es punto menos que imposible, salvo poda equivalente a nueva redacción de la cruz a la fecha –lo que no se compadece bien con las “cosillas” que parece encontrar ese monumento viviente a la indigencia intelectual que es nuestro presidente-. Es muy difícil, sencillamente, porque no se trata de que sean inconstitucionales tal o cual artículo –esto es, que no se les pueda encontrar, por vía de interpretación, acomodo en el texto constitucional-, sino porque está concebido contra la Constitución, aparte de ella, en otro marco conceptual. Una ley no es la simple yuxtaposición de sus artículos, y la constitucionalidad no es simple ajuste a la literalidad de la Constitución. Bueno, sí, esa es la constitucionalidad tramposa del leguleyo, la de los Herrero de Miñón y compañía.

El artículo 3 del proyecto de estatuto dice expresamente que el mismo se concibe desde los principios de autonomía, plurinacionalidad y bilateralidad. Pues bien, muy difícilmente esos principios rectores –que, en efecto, inspiran todo el texto y no son ningún brindis al sol, amén de que, a su vez, están indisolublemente ligados a la definición de Cataluña como “nación” (inciso: sigo oyendo y leyendo paridas descomunales acerca del dichoso término – el que tenga algo que decir, que lo diga pero... ¿sería mucho pedir que el personal se atuviera al contenido jurídico de la discusión y no nos recordara una y mil veces lo que “nación” significa en el diccionario, en la calle, en los manuales de ciencia política, en la poesía...? ¡que estamos discutiendo lo que significa en la Constitución!)- pueden inspirar ningún texto constitucional, porque sólo el principio de autonomía, según es doctrina de nuestro Tribunal Constitucional (otro inciso: para los imaginativos de turno, recordemos que es el TC quien determina estas cosas, así pues, por hacérselo fácil, imagínense que es fútbol y el árbitro pita penalti... pues es penalti, ¿vale?) está en nuestra Constitución.

El Estado español no es plurinacional, al menos mientras los españoles –todos- no digan lo contrario. Podemos soñar que lo es, querer que lo sea, incluso “considerarlo” así a distintos efectos. Pero no lo es. A soberano único, nación política única. No es tan dramático, de veras. El artículo 168 dice qué hay que hacer para llevar a efecto lo que, por lo visto, ansían tanto los españoles (o, al menos, su presidente del Gobierno, que alguna representatividad ostentará, digo yo).

Tampoco cabe ninguna bilateralidad en las relaciones, porque no hay igualdad posible entre el Estado y ninguna de sus subestructuras. Hay un principio, por el contrario, que se denomina “de supremacía” que dice que, incluso cuando el Estado no es, en sentido estricto, “superior” a las comunidades autónomas –por ejemplo, en materias en las que éstas tienen competencia exclusiva- sigue estando por encima de ellas. Porque encarna el interés general. Así de sencillo. Por eso el Parlamento español puede modificar lo que viene del Parlamento de Cataluña pero el de Cataluña sólo puede proponer cosas al Parlamento español. La diferencia está, claro, en el número de españoles que representan.

Vuelvo a insistir. Nada de lo dicho es dramático. Hablamos de derecho humano, no divino. Lo único que exige el estado de derecho es proceder conforme a la ley. Y la ley, en este caso, es el artículo 168 de la Constitución. Tendría bemoles, con perdón, que tuviéramos que hacer el paripé de pasar por los alambiques de Torcuato Fernández Miranda para cargarnos las leyes fundamentales franquistas –que eran tan eternas como huérfanas de legitimidad- para ahora crujirnos, por la puerta de atrás, la única Constitución en nuestra historia que no ha sido solo de parte. La única plenamente legítima. Insisto, es fácil. Cuando se tiene al PSOE de parte de uno, ya se ha ganado la mitad.

Es más, creo sinceramente –parece que empieza a creerlo también Rajoy- que procede, ya, un debate constituyente. Espero que quienes lo han buscado sepan atenerse a las consecuencias. El viernes pasado, el nacional-socialismo español hizo algo más que darse una alegría al cuerpo. Sencillamente, mató el consenso del 78, cruzó una línea que nunca debió cruzar.

En su imbecilidad infinita, esa desdicha inmerecida por los españoles que atiende por Rodríguez ha dado un paso decisivo. El de invalidar toda concesión, invalidar todo acuerdo, invalidar todo pacto. Porque hay que tenerlos cuadrados para cagarse en los sentimientos, las creencias, los valores y las ideas de los demás y, encima, exigir que sean los demás los que se atengan a las reglas de no sé qué juego. Y no, lo siento, los que han obrado como han obrado no se han atenido a ninguna regla del juego – están completamente fuera de lugar esos ayes menesterosos, como si Cataluña fuera una especie de Turquía que, cada día, se da cuenta de que sus tramposos interlocutores europeos ponen el listón un poquito más alto. Entre otras cosas porque ninguna de esas reglas de juego se hizo de espaldas a los catalanes, que han hecho y deshecho en España mucho más que muchos otros a los que una y otra vez se ha condenado al punto en boca.

A partir de ahora, todas las ideas son legítimas, espero, mientras se atengan al único mínimo que, por lo que se ve, se exige en este país: no expresarlas por vía criminal. Puesto que sólo hemos de atenernos al mínimo ético que, en cualquier parte, marca el Código Penal, ¿por qué habrían de existir barreras infranqueables? ¿Por qué ha de mostrarse Rajoy tan comedido y pedir solo un blindaje de competencias estatales y una reforma electoral? ¿O es que no se puede permitir, desde la atalaya de sus diez millones de votos, como mínimo, actitudes igual de chulescas como las de los Carod, Puigcercós y compañía?

A un servidor, que sólo cree en los derechos ciudadanos, los derechos históricos de Cataluña, Euskadi o Extremadura le parecen una entelequia que no merece perder el tiempo, ¿es esto lícito? ¿es lícito, pues, abogar por un estado como a mí me gusta –y me consta que a unos cuantos más, también-?

Yo también quiero una Constitución. Y la quiero republicana –que para reyes silentes cazadores de osos, nos apañamos con algo más barato-, con estado mínimo y con el derecho de propiedad protegido con el grado que corresponde, que es el máximo. Quiero un estado sin lengua ni religión oficiales –donde el Arzobispo de Barcelona tenga que vivir de lo que le den sus feligreses y bendiga los estatutos que le dé la gana con el dinero de los estatuidos-. Quiero un estado sin administraciones intermedias: ayuntamientos –por aquello de organizarse, más que nada- y Nación, punto. Quiero un estado que no pretenda educar –pero que sí examine en igualdad de condiciones-, que no robe en demasía, que no tenga televisiones oficiales –ítem más, que prohíba la propiedad pública de medios de comunicación-. Un estado cuyos gobernantes no conviertan la acción exterior en un ultraje permanente. Un estado que proclame firmemente su amistad con “todos los pueblos de la tierra”... pero fundamentalmente con los Occidentales, que proclame su compromiso con el vínculo atlántico. Un estado donde decir “ciudadanos y ciudadanas” esté multado (multa por capullo). Un estado en el que la Administración no pueda imponer penas más gravosas que los jueces. Un estado en el que los mercados sean libres y la “planificación” esté proscrita para siempre. En fin...

Todo eso quiero. Y se me ocurre que, para lograrlo, voy a promover una reforma de la ley de costas, por iniciativa legislativa popular. Entiendo que la mesa del buen rollo que rige el Congreso no tendrá inconveniente en admitírmelo a trámite, por lo que confío en que mis objetivos puedan lograrse por mayoría simple, o menos, si convenzo a Cebrián. Bueno, admito recortes, en tres o cuatro cosillas.