REACCIONES IMPROCEDENTES

Sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular se podrá pensar lo que se quiera, tanto en el terreno político como en el puramente jurídico. Pero hay reacciones que, por venir de cierta gente, resultan sorprendentes. Si es cierto lo que leo y oigo, hay, al menos, dos que me resultan muy llamativas.

La primera es una que se atribuye a nuestro ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al que yo tengo por un competente jurista y, más exactamente, por un buen constitucionalista –materia que, creo, se ha dedicado a enseñar y que no debería tener tan olvidada como su compañero López Garrido-. Dice el Sr. López Aguilar que el recurso del PP carece de fundamento porque, al fin y al cabo, la ley de marras “no restringe derechos de nadie”. Vamos, que el ministro de Justicia se apunta a la “doctrina Gundisalvo” del “a usted qué más le da”. Y, en efecto, es posible que el tema sea intrascendente pero, lo que se está discutiendo es la constitucionalidad, y lo que López Aguilar pretende insinuar es que, por esa razón, el recurso carece de base.

Curiosa interpretación esta por la cual la Constitución, cuando emplea un término, no hace más que impedir la restricción del precepto a subconjuntos –hasta aquí todo normal, donde la Constitución dice “los españoles tienen derecho a...” no cabe restringir el derecho sólo a los extremeños, pongamos por caso-, pero no la ampliación del mismo a conjuntos más amplios. Por esa regla de tres, nada impediría extender, digamos, a los noruegos, el derecho de sufragio activo en las elecciones generales puesto que, al fin y al cabo, lo que la Constitución dice es que ese derecho corresponde a los españoles, pero no que no puedan disfrutarlo los escandinavos.

Como, evidentemente, esto es absurdo, confío en que yo haya leído una mala trascripción de las palabras de quien es nada menos que ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino y en que la abogacía del estado ande más ducha en su argumentación ante el Constitucional.

La segunda reacción, esta plenamente execrable, corresponde, cómo no, a nuestro inefable Rubalcaba. Afirmó el portavoz socialista que, si el recurso prospera, “el PP habría quitado derechos a parte de la población” lo que “no tiene precedentes”. Y es que hace falta ser demagogo.

Observen la jugada. Si el TC aprecia el recurso y concluye que la ley es inconstitucional eso prueba... lo fachas y malnacidos que son los del PP. Vamos, una reacción totalmente mafiosa. En buena lógica, quien debería tener un problema, y grave, en ese supuesto sería el Gobierno y, de paso, los grupos parlamentarios que apoyaron la ley. En todo caso, como afirmaba el otro día, tampoco pasaría nada irremediable. Bastaría con reformar la Constitución, en su caso.

Pero la cuestión es que Rubalcaba –quien, por cierto, parece no tenerlas todas consigo, cosa lógica habida cuenta de la cantidad de dudas que esta ley ha suscitado entre los técnicos- anticipa la que, sin duda, será la reacción de la jauría en el supuesto de que el TC falle en su contra. Simplemente, lo presentarán como una vergonzosa conspiración homofóbica del PP, algo intolerable. Con toda probabilidad, nadie cargará contra los responsables del desaguisado.

Esta forma pervertida de entender el estado de derecho es la típica de los que, de fiesta hasta altas horas de la madrugada... la toman con el vecino que reclama su derecho al descanso y consigue que la policía ponga las cosas en su sitio.

Típicamente de izquierdas, vamos. Las cautelas del estado de derecho están ahí para hacer uso de ellas sólo cuando es “oportuno”. Alguien me recordaba el otro día que hay un partido –este muy, muy de derechas- que suele razonar así. ¿Adivinan quién?... Acertaron: el PNV. ¿O no es ese mundo el que acusa a los jueces de “torpedear el proceso de paz” por hacer su trabajo? Claro, se me olvidaba que algunos destacados representantes del partido de Rubalcaba, últimamente, piensan lo mismo.