JUECES PARA LA DEMOCRACIA: LOS ENTERRADORES DE MONTESQUIEU

El “mundo progresista”, ramificado por todos los sectores de la sociedad, puede ser descrito a través de múltiples imágenes, quizá a más gráfica es un pulpo. Si la cabeza de ese mundo es el grupo de comunicación que marca su norte en buena medida, no cabe duda de que su ramificación judicial es Jueces para la Democracia.

Esta asociación es, como todo el mundo sabe, minoritaria –lo cual no es de extrañar porque, siendo el bien más preciado y el orgullo corporativo de la judicatura, precisamente, la independencia, no sería muy lógico que la mayoría de los togados terminaran militando en una especie de sindicato vertical forense-. Por eso, una de sus tareas fundamentales es asegurarse una sobrerrepresentación que no le corresponde. Pero cuando no dedica a eso sus afanes, se dedica a producir ideología y a dañar cuanto puede a la ya maltrecha Justicia española.

En consecuencia, no puede extrañar nada la penúltima perla de uno de sus voceros que, más o menos, vino a decir que el derecho hay que aplicarlo teniendo en cuenta el contexto político. En resumidas cuentas, que es de mal gusto hostigar a quienes están a punto de ser –si no lo están siendo ya- invitados de honor en la ceremonia del despiece de nuestro estado de derecho (otros lo denominan “proceso de paz”).La Asociación se muestra, una vez más, en perfecta sintonía con el resto de los brazos del pulpo. Es posible que, en breve, le organicen un homenaje a Rafa Díaz Usabiaga –viejo conocido de todos los que venimos siguiendo “el conflicto” desde hace ni se sabe-, que parece ser el orden de moda, según el infame López.

Por si alguien –algún editorialista de El País o así- pretende ligar semejante bestialidad con algún debate teórico de cierto pote como el de la interpretación del derecho y si el derecho debe o no aplicarse en sintonía con el contexto social, conviene señalar que no hablamos de lo mismo. Aplicar hoy el derecho “en sintonía con el contexto político” implica no aplicarlo. En resumen, lo que Jueces para la Democracia le pide a la judicatura no es que aplique el derecho de conformidad con la realidad que le ha tocado vivir, sino que no estorbe. Transmite, pues, los deseos del Esdrújulo.

Nada sorprendente, pues JpD no hace sino aplicar la concepción progre del estado de derecho. Todos los brazos del pulpo lo conciben igual. El derecho no es para el mundo socialista más que la continuación de la política por otros medios. Cuando Alfonso Guerra dijo aquello de que Montesquieu había muerto no exageraba ni decía ninguna tontería. La separación de poderes es algo que, para la izquierda, carece de interés, e incluso de sentido. Por eso a Caffarel se le hacía tan natural que, toda vez que su partido ostenta la mayoría en el Congreso, pueda, también, orientar ideológicamente la televisión pública.

No es nuevo. Es más, los teóricos del equipo, que los hay, ponen todo su empeño en demostrar que, en efecto, el “estado liberal” es algo superado, algo que la altura de los tiempos dejó atrás hace ya muchos años. Porque el estado liberal, en el que el derecho es el marco de la política, y no su continuación, es una rémora, un impedimento que no permite desarrollar auténticas políticas de izquierda, auténticas políticas de intervención permanente en la vida de las personas y los pueblos.

Si se aplica el derecho, Polanco no puede tener una televisión en abierto, Otegi puede tener que ir a la cárcel y los estatutos son meras leyes orgánicas. En última instancia, uno de los dos términos ha de ceder. Y la izquierda exige que ceda el derecho, que no es más, entonces, que una camisa de fuerza que restringe las oportunidades de “progreso”.

Es de todos conocido que a la izquierda siempre se le ha hecho imprescindible controlar dos pilares de nuestra sociedad (la cuestión de los medios de comunicación la obvio porque en este caso no es que la izquierda controle a ciertos medios, sino que es ciertos medios o, si se prefiere, es controlada por ellos): el mundo cultural-educativo y el poder judicial. Una universidad adicta, una educación secundaria postrada y una cultura que no es más que un mecanismo de propaganda son esenciales para un control ideológico, para el mantenimiento de la superlegitimidad de la que tantas veces hemos hablado y un poder judicial sometido para anular de una vez por todas la indeseable separación de poderes –recuérdese que, en el sistema parlamentario, los otros dos (legislativo y ejecutivo) son uno por construcción-.

En un sistema como el español, carente por completo de otros “checks and balances”, una judicatura compuesta por jueces independientes y profesionales es la única esperanza de quienes creemos que Montesquieu está algo añoso, incluso ajado, pero vive y es robusto. Que ha de ser redefinido, probablemente, pero no eliminado. La izquierda no cree en ello, porque su dichoso estado social no es sino un estado totalitario con derechos (perdóneseme el oxímoron). Un estado-herramienta al servicio de una determinada cosmovisión, no un estado-marco.

Jueces para la Democracia es su caballo de Troya. O la metástasis en el órgano judicial, como ustedes prefieran.