AGUIRRE SE EQUIVOCA, Y GRAVEMENTE

Los lectores de esta bitácora saben que un servidor siente especial simpatía por la presidente de la Comunidad de Madrid, simpatía que se agranda ahora que la jauría la tiene claramente en su punto de mira, que ha osado desafiar al amo del mundo (mira tú por donde, en efecto, “no hubo cojones” para negarle a él una televisión de pago, pero los atributos testiculares fueron perfectamente prescindibles a la hora de decirle que no a su tele local) y que se está batiendo el cobre con el comisario Montilla.

Pero Aguirre se ha equivocado, y se ha equivocado gravemente, al cuestionar la oportunidad del recurso de inconstitucionalidad a la ley de los matrimonios homosexuales. Quiero decir que se equivoca, claro, porque piensa que la ley es inconstitucional – otra cosa sería que pensara lo contrario, en cuyo caso, bien haría en expresar su discrepancia. Se equivoca ella y se equivocan todos los que en el PP se abonan a la tesis de la oportunidad política.

Es verdad que, al final, la cosa quedó en agua de borrajas. El rollo cumplió perfectamente su función de servir para que alguno demuestre lo progresista que es y para que Zerolo haya podido dar la tabarra un poquito. Pero parece que, a la hora de la verdad, nuestros homosexuales pasan olímpicamente de la vicaría. Dicen los abogados de la cosa que, no obstante, sean 25 ó 25.000, lo importante es el fuero y no el huevo. Lo importante es que “tengan el derecho” y allá ellos si quieren no ejercerlo. Todo es muy cierto, y es verdad, entonces, que podría no merecer la pena, en términos políticos, hacer sangre.

Pero el cumplimiento de la ley es algo fundamental. Tan fundamental que no puede ceder ante consideraciones de oportunidad. Para concluir que la aplicación de la ley es algo contingente, no nos hacía falta la señora Aguirre. Ya teníamos al PSOE, a Jueces para la Democracia y demás organizaciones del universo progre. Yo creía que la señora Aguirre y su partido se presentaban como defensores del estado de derecho frente a quienes, por el contrario, defienden que ese estado ha de tener límites difusos, hábiles y mudables en función de si conviene o no conviene. Algunos creemos en el estado de derecho de lunes a domingo. La izquierda, sólo los lunes, miércoles y viernes.

En primer lugar, lo característico de un estado democrático de derecho es, siempre, la reversibilidad de las situaciones. Nada es inamovible, salvo la democracia misma y los derechos fundamentales. Quiero decir con esto que quien acude al Tribunal Constitucional demanda del mismo un pronunciamiento jurídico sobre la vía empleada para lograr un objetivo político, nada más. Si el TC concluye que, en efecto, la ley es inconstitucional, siempre está la vía de reformar la Constitución –en este caso, sólo habría que rogar que la reforma del artículo 32 se hiciera en castellano correcto, y no recurriendo a uno de estos espesísimos textos progres-. Insisto, no es tan dramático. Nada mejor para comprobar el compromiso con la causa. Es más, ahora sabemos cuál es la verdadera dimensión de la demanda social. Lo dicho.

En segundo lugar, hora es ya de poner coto a lo que está sucediendo. Hora es ya de empezar a poner algún freno al insulto continuado a las formas y al derecho en que se está convirtiendo la gestión de la mayoría socialnacionalista. La malhadada ley de los matrimonios homosexuales venía ya, de entrada, tachada de posible inconstitucionalidad por el propio Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Juicial y por la Real Academia de Jurisprudencia (las referencias a la Academia de la Lengua, mejor obviarlas, porque quien no se detiene ante la Constitución, mal se va postrar de hinojos ante el Diccionario). La mesa del Congreso se ha avenido a tramitar el penúltimo despropósito de ERC –la extensión de la oficialidad del catalán a todo el territorio- como se avino a tomar en consideración el Plan Ibarretxe, con manifiesto desprecio de que, en ambos casos, implican, o pueden implicar, modificaciones constitucionales y, por tanto, han de ser presentados por los cauces oportunos.

Habrá quien piense, cómo no, que todo esto son cosas de leguleyos. Y es cierto que leyes inconstitucionales, las hay, lo que implica que los grupos parlamentarios o quienes, en general, estuvieran legitimados para ello, hicieron dejación grave de funciones –es verdad que basta que haya “consenso”, o sea, que buena parte de la Cámara acuerde perpetrar el desafuero para que los demás quedemos inermes (salvo algún juez rumboso tenga ocasión y se anime)-. Pero ni los errores pasados justifican los presentes ni, desde luego, es cosa menor.

El respeto a los procedimientos está tan íntimamente asociado a la naturaleza del estado de derecho que es legítimo preguntarse si hay algo más en esa naturaleza. Sin procedimientos y sin orden jurídico, el estado es poder desnudo, pura fuerza bruta, violencia institucionalizada y sin freno. Así de claras son las cosas.

Por tanto, mi estimada señora Aguirre, con su referencia a la “oportunidad política” se ha puesto usted a la altura de ZP. Creo que sólo pensarlo le bastará para enmendarse.