MARRUECOS (2)

Cuando escribo estas líneas, parece que la frontera de Ceuta y Melilla ha recuperado algo su normalidad. Es más que probable que a ello haya contribuido la presencia del ejército, o también que la última reunión bilateral ha sido, como de costumbre, beneficiosa para Marruecos que, por lo que leo, ha podido obtener perspectivas de más ayudas.

En un comentario a mi artículo sobre la cuestión marroquí de anteayer, se me alineaba con los partidarios de la política del “big stick”. Sí soy, desde luego, partidario de una política de firmeza con Marruecos, y no creo en la teoría del “colchón de intereses”. Creo también que debería haber, con mucha más frecuencia, en España, debates sobre política marroquí, por supuesto por el enorme interés que esta reviste en sí misma, pero también por su valor ejemplificador. Al fin y al cabo, la relación entre España y Marruecos no deja de ser un pequeño laboratorio del “diálogo entre las civilizaciones” y, a mi modo de ver, un perfecto ejemplo de cómo los países europeos –España, en este caso- no sólo no atienden bien sus intereses sino que, además, tampoco contribuyen en la medida necesaria y posible a que ciudadanos que padecen regímenes inaceptables salgan de su opresión.

En mi opinión, la clave de todo este asunto reside en una verdad de Perogrullo, pero que los abogados del “diálogo sin límites” parecen no entender: que el interlocutor, su personalidad, sus intereses y su forma de ver la vida, cuentan. En este sentido, no se puede aplicar la misma política cuando el interlocutor es una democracia –incluso una democracia de baja calidad, como la nuestra, pero democracia al fin y al cabo- que cuando es una dictadura (cámbiese “dictadura” por “nacionalista” y se obtendrán resultados interesantes por analogía). La palabra “gobierno” no significa lo mismo a uno y otro lado del estrecho, conviene recordarlo.

¿A qué nos referimos cuando decimos que Marruecos “ha de hacer sus deberes” en la cuestión de la emigración? Es cierto, claro, que quien está obligada a defender sus propias fronteras es España y, por tanto, no cabe exigir al país vecino que haga nuestra tarea. Pero eso no quiere decir que los estados no estén relacionados entre sí por lazos y compromisos a los que se debe hacer cierto honor. El hecho de que Francia, pongamos por caso, deba proteger sus propias fronteras no nos exime a nosotros de perseguir las mafias que trafican con seres humanos o de cuidar nuestras propias fronteras para evitar que nuestro país se convierta en un centro de reagrupamiento.

Marruecos no sólo no cumple los compromisos que dice adquirir sino que, más bien, maneja a las masas de emigrantes con cierta facilidad. Todo el mundo sabe que el tráfico de pateras no sigue pautas regulares, sino que sueles estar íntimamente unido con otros acontecimientos, como puede ser la necesidad de presionar en algún frente negociador. ¿Acaso alguien cree, de veras, que la avalancha sobre Ceuta y Melilla aparece y desaparece como por ensalmo? ¿por qué las autoridades alauitas deciden cuándo sí y cuándo no funcionan los controles fronterizos? En última instancia, ¿alguien cree que en Marruecos existen “mafias” desconectadas por completo de los aparatos del estado?

Sería fantástico, ciertamente, que las disputas sobre Ceuta y Melilla pudieran discurrir por cauces civilizados. Quiero decir, el hecho de que Marruecos reclamara la soberanía y España no estuviera, por supuesto, dispuesta a cederla no tendría por qué afectar a las relaciones entre las ciudades autónomas y su vecindad, más o menos como sucede entre Gibraltar (asunto este, por cierto, en el que los paralelismos con las ciudades africanas recuerdan bastante a los que ligan el País Vasco e Irlanda) y las zonas aledañas de la provincia de Cádiz o, incluso, mejor, porque Ceuta y Melilla no se convertirían en refugio de traficantes y otra gente de mal vivir.

Tendría –y tiene- toda la lógica del mundo que España contribuyera, en lo posible, a desarrollar esa zona contigua, y aun Marruecos entero, como vía lógica para estabilizar, entre otras cosas, los flujos migratorios y para que las disputas no arruinen todos los beneficios que a ambas partes puede comportar la buena vecindad.

Pero España olvida como, en general, hace Europa, que eso no es posible mientras el régimen político marroquí no se homologue medianamente a los regímenes entre los que puede existir esa confianza que es previa a la cooperación, y no exactamente una consecuencia de ella. Pese a lo que opine alguna gente con importantísimos –y muy sospechosos- intereses personales en Marruecos, esa homologación no se está dando.

Las dictaduras suelen interpretar la amabilidad de sus contrapartes como un gesto de asentimiento, de aceptación del statu quo que, además, lo es de debilidad, por cuanto suele comportar –cuando esa contraparte es una democracia- dejar en papel mojado todos los principios por los que algunos dicen orientar sus políticas exteriores. En el caso del reyezuelo marroquí, no hay ningún motivo para pensar que esto haya dejado de ser así.

Entre tanto esto no suceda, cabe afirmar que los intereses de España pueden ser compatibles con los del pueblo de Marruecos pero, ciertamente, no lo son con los del régimen, que sigue necesitando un enemigo exterior. España es el mejor candidato para ocupar esa posición. Lo somos por historia y por geografía, y la solución para ese problema no es que España renuncie a sus derechos ni mire hacia otro lado. Por una vez, podríamos convencernos de que estamos en el lado correcto y de que son otros los que deben dar algún paso. Quizá el primero fuese conseguir que el concepto de “diálogo intergubernamental” tuviera algún sentido.