LA ÉTICA DE LA CENSURA

Leo hoy en prensa digital que el Partido Popular estaría, a estas alturas, razonando sobre la conveniencia de presentar una moción de censura. Según dicen los diarios, el cónclave de Génova anda algo tibio, y la medida no cuenta con partidarios fervientes, pero tampoco con furibundos detractores. Según se dice, don Mariano y los suyos andarían echando sus cuentas, todo en función, claro, de qué suceda con el estatuto –el estatuto par excellence, tanto que al PNV le va a dar un sarpullido cualquier día, y es que cuando nada menos que Cataluña entra en juego, y si callan las pistolas, otros asuntos cobran su verdadera dimensión-. Todo el mundo sabe que, normalmente, una moción de censura presentada por la oposición contra un ejecutivo con respaldo parlamentario está destinada a perderse, no se aspira a cambiar el gobierno, sino a realizar un gesto político que, entre otras cosas, tiene la virtud de residenciar por unas horas toda la atención del país en el Parlamento. Pero siempre está bien, si se puede, que alguien más que el proponente la apoye, por aquello de que la derrota no sea muy amplia.

El estatuto puede, a mi juicio, tener tres finales, de más a menos probable. El primero es que el texto salga adelante con unos cuantos cambios –los aceptables para ERC y, probablemente, ya pactados-, viciado de inconstitucionalidad pero transferida la responsabilidad de su fracaso al PP y al Tribunal Constitucional. El segundo es un rechazo en votación final, con los votos de PSOE y PP –lo que abriría el camino a unas elecciones generales con perspectivas aceptables para el socialismo y todavía mejores para España-. El tercero es que salga adelante con cambios suficientes para ser constitucional, o sea, vuelto del revés, abriendo una posible crisis entre el Gobierno y sus socios catalanes, pero también mejores perspectivas electorales para el Partido Socialista y, de nuevo, para el país. Las repercusiones exclusivamente catalanas de las diferentes soluciones pueden ser, también, diversas.

Se dirá, no sin razón, que los tres escenarios –insisto, el segundo y tercero mucho menos probables que el primero- son muy diferentes. Es totalmente cierto. Pero sea cual sea el resultado, creo que Zapatero se ha hecho más que acreedor a la moción, y ésta debería ser presentada por simple decencia política, sea cual sea el resultado y sean cuales sean los apoyos que se puedan recabar. Obsérvese que, por utilizar un símil penal, Rodríguez Zapatero ha perpetrado ya los algunos de los mayores atentados esperables de un gobernante –sólo le supera el ínclito Maragall-, aunque esté por ver si en grado de consumación o sólo de tentativa (bien entendido que la tentativa de la falta mayor comprenderá, seguro, faltas menores).

Y es que las tentativas son, y deben ser, punibles. Un argumento muy zapateril, y reiterado hasta la saciedad por los voceros de la izquierda es que, aquí “aún no ha pasado nada”. Se refieren, claro, a que falta la consumación. Es cierto que, hasta que el oficial al mando del pelotón no dice “fuego” (lo que suele ir seguido, por lo común, de la detonación – que todo hay que precisarlo), técnicamente, no se ha fusilado a nadie, pero no creo que a la víctima potencial le convenza el argumento de que los pasos previos, que deben crear bastante desasosiego, hayan de despacharse con un pelillos a la mar.

La confianza en la estabilidad institucional y constitucional de un país es, en sí misma, un bien. Y un bien que debe ser protegido. Es más, puede decirse que el rol principal del gobernante no consiste tanto en un hacer como en un no hacer, no tanto en aplicar la ley como en constituirse en garante de que la ley será aplicada. En proteger, por tanto, la confianza en el bien, incluso más que el bien en sí mismo, ya digo, suponiendo que ambas nociones sean escindibles.

Que Zapatero carece de convicciones claras, por no decir que sus convicciones son un verdadero homenaje a la confusión parece claro. No hace mucho, un comentarista nada sospechoso de andar escorado a estribor reconocía sin tapujos que sus fundamentos ideológicos son escasos y es probable que los que tiene sean profundamente indeseables. Es algo en lo que convienen propios y extraños. La diferencia, claro, está en las consecuencias que se extraen de semejante análisis.

Si se comparte el planteamiento que acabo de hacer hace un momento, es decir, si se cree en la importancia de ese rol que el gobernante ha de desempeñar como sostén de la estabilidad –las más veces, insisto, por inacción, por simple ejercicio pasivo de auctoritas- o, puesto en términos menos académicos, si se cree que el gobernante, aunque carezca de soluciones, debería procurar no convertirse en la misma raíz de los problemas. Insisto, si se parte de estas convicciones, sólo puede concluirse que nuestro Presidente está profundamente inhabilitado para seguir en tan alta magistratura.

No puede liderar ningún grupo humano quien cuestiona permanentemente los fundamentos que son razón de la existencia de ese mismo grupo, haciéndolo, además, del modo menos serio posible (los correctos dirán que es sano promover debates, y es cierto, pero ¿qué tienen que ver los debates con el esperpento diario que vivimos?). No puede pretender ser la tabla de salvación quien agujereó adrede el casco de la nave. No puede ser garante de nada quien declara abiertamente que nada le agradaría más en la vida que ser un torbellino de cambios, la mayoría de las veces innecesarios e irreflexivos. No puede, en fin, dirigir ninguna actividad colectiva quien, sencillamente, carece de norte, carece de planes y carece de ideas, quien sólo puede ofrecer un recetario de ocurrencias por todo equipaje intelectual. No puede, en fin, gobernar un país que se pretende serio quien se define a sí mismo a base de tópicos.

Debería, voluntariamente, ceder el paso a quienes, dentro de su propio partido, están mucho más capacitados que él para ejercer un cargo que, a todas luces, le sobrepasa. Ya está bien de gracias. Quizá a él todo esto le parezca divertido. Si es así, que cuente en otra entrevista a Marie Claire, o a otra publicación igualmente prestigiosa en el campo del pensamiento, su experiencia como gobernante. Sin duda, habrá a quien le interese la reforma operada en la Moncloa para que luzca un estilo más zen.

Si no cede el paso, ni sus compañeros de partido –los primeros obligados, no se olvide- se lo exigen, la oposición está en la obligación democrática de emplear los recursos a su alcance para procurar una alternancia. Al menos, para intentar transmitir la idea de que existe alternativa. No es una cuestión de táctica. Es una exigencia ética y política de primer orden.