PAX TELEVISIVA

Leo en los periódicos que el Esdrújulo –tan bisoño, él, para unas cosas y tan avezado para otras- habría llegado a una especie de “pax televisiva”, con todos los interesados en el asunto del reparto de la futura televisión digital. Al parecer, nuestro ínclito presidente habría ofrecido un reparto bastante equitativo de la tarta. Suficiente, al menos, para acallar las protestas y obtener calma en un asunto que se prometía turbulento.

Nada habría que objetar, si no fuera porque nuestros periodistas tienen tendencia a llenarse la boca con su imprescindible papel en la defensa del estado de derecho. Sobre todo alguno que anda jugando a equilibrista, y que en algún editorial churchilliano poco menos que ponía a Dios por testigo de que no iba a dejar que la democracia en España se pervirtiera. Ahí estaba él, para remediar los desmanes de todos los demás poderes, jurídicos y fácticos, de nuestra languideciente nación.

Pues he aquí que semejante furor en favor de la recta aplicación del derecho no se aplaca tomando las decisiones correctas, sino retocando las incorrectas para que, sin dejar de serlo, beneficien a más de uno. Una vez más, en España no se aspira, en realidad, a que cesen la injusticia y el latrocinio, sino a que estén mejor repartidos.

Yo no sé mucho del tema, pero he oído que la concesión al señor Polanco de un nuevo canal en abierto podría haber violado flagrantemente la Ley de Contratos del Estado, porque no hay mucha “razón de interés público” que avale la necesidad inmediata de que el de Valdemorillo disponga de un canal analógico en abierto – cuando hizo su última comanda, lo pidió de pago, fórmula en la que ostenta el monopolio. Las condiciones de su licencia eran las que eran, y no se ve muy claro por qué habrían de cambiarse.

Pero este asunto puede que deje de interesar del todo. Toda vez que se ha logrado la “justicia material”, ¿a quién le importa si son galgos o podencos, no? Al parecer, la posibilidad de que el Gobierno de la Nación haya podido violar la ley no es demasiado interesante en sí misma. Es sólo munición adicional en caso de que haya una causa “verdadera” que dirimir.

Ocurre algo así como con la falsificación de documentos mercantiles... que sólo es relevante cuando estás en un lío, pero en sí misma, no (es decir, si alguien te tiene ganas y no tiene de qué acusarte, te acusará de falsificador de balances, pero si no te metes con nadie, tampoco importa mucho qué historias cuentes, total, aquí nadie se cree nada...)

Pasan los años, pasan los gobiernos, pero continúa esa sensación de conchabeo permanente, de falta de transparencia, de que el que se queja se queja sólo porque está fuera de juego y no por principios. En cierto sentido, es una de las claves de nuestro drama: el socavón ético en que nos encontramos. España sólo es un estado de derecho para quienes, afortunadamente, a nadie importamos –lo que denominamos “progreso” es que la base de los que no importamos vaya creciendo-. Como no somos amigos ni enemigos, podemos aspirar a la aplicación de la ley, ni más ni menos, y a tener un juicio justo. A buen seguro, nadie va a intentar meternos en la cárcel porque sí, o arruinarnos por pura inquina, pero es más seguro todavía que ningún tribunal constitucional va a replantearse por nuestra causa su doctrina de la prescripción, en el dudoso supuesto de que llegara a admitir a trámite nuestro recurso.

País de cínicos y de piensa mal y acertarás. El que anda por ahí, clamando justicia, suele ser porque no le dejaron entrar en la banda. Así de simple.