SOBRE EL ESTADO FEDERAL

Últimamente, estoy oyendo hablar mucho del estado federal, un concepto que, de manera tan recurrente, sólo se empleaba desde las filas de Izquierda Unida. Comienza, en cierto sentido, a crearse una corriente de opinión que ve en la federalización una especie de bálsamo de Fierabrás para nuestras dolencias territoriales.

A mi modo de ver, no hay ninguna razón por la que en España deba procederse a un reforma conducente al estado federal –sin que ello implique objeciones de fondo al modelo, con carácter general-, y tampoco creo que sea la fórmula más adecuada para resolver nuestras cuitas con los nacionalismos –que es esto en lo que se resume nuestra “cuestión territorial”, porque nadie puede, seriamente, sostener que hay una demanda real de un cambio del modelo de estado-.

Ciertamente, todos los beneficios (teóricos, sobre todo si alguien hiciera algún día la merced de contemplar su coste) de la descentralización política y administrativa pueden ser alcanzados dentro del actual sistema autonómico que, funcionalmente, va ya mucho más lejos que la mayor parte de los estados federales. Tenemos, pues, muy poco que ganar en este sentido. Sí que es cierto que una característica propia de los estados federales, ausente en nuestro modelo autonómico es el “cierre de competencias”, normalmente a través de una doble lista más una “cláusula escoba” –competencias de la federación, competencias de los estados federados y atribución genérica de competencias no expresas, bien a la federación, bien a los estados federados-. Tal cierre mejoraría de forma notable el modelo existente, pero no cabe duda de que se puede obtener una “terminación del estado” sin necesidad de convertir éste en federal.

Pero lo más importante es que, a mi entender, tampoco el estado federal, en sentido estricto, lograría satisfacer las demandas de los nacionalismos. Vaya por delante que no creo que esa satisfacción sea posible con ningún género de estado compuesto –ni siquiera con la confederación-, porque los nacionalismos no serían leales a ninguno. Faltaría siempre la Bundestreue, la lealtad federal, como elemento necesario para garantizar la viabilidad de cualquier artificio que implique un cierto compromiso. Y ello es así porque el nacionalismo es, por esencia, un perpetuum mobile, algo que no puede parar so pena de perder su propia razón de existir. Esa es una de las características fundamentales de los proyectos políticos estructurados como “movimientos”, y por eso yerran quienes creen que es posible detenerlos mediante la transacción. No pueden transar sin desaparecer al tiempo.

Pero hablamos ahora de los estados federales, no de otras soluciones. Decía yo que la solución federal es, de entrada, incompatible con ciertas reivindicaciones hoy, ya, sobre la mesa. Piénsese, por aquello de atenerse a modelos existentes, en los dos arquetipos de sistema federal: Alemania y los Estados Unidos. Ni que decir tiene que el segundo modelo es mucho más “puro” que el primero que es, en realidad, un federalismo de ejecución, lo que conlleva que los Länder alemanes tengan, desde muchos puntos de vista, sus competencias más recortadas que las comunidades españolas. Pero esto último hace al funcionamiento de la cuestión, no al terreno de los conceptos.

En este último terreno, tanto en un país como en otro, un principio básico es la radical igualdad, no ya de los ciudadanos, que por supuesto, sino de los propios entes federados. Igualdad que se manifiesta en muchos terrenos pero quizá de modo más notable en la identidad de pesos en las cámaras altas –sin ignorar las muy importantes diferencias entre el Senado de EEUU y el Bundesrat, lo cierto es que lo mismo da California que Rhode Island o Baviera que Hesse-. Sin mencionar cosas como el “federalismo asimétrico” –por esperpénticas-, esto quiere decir que los regímenes de concierto económico y, en general, el reconocimiento de “hechos diferenciales” están vedados. Y no nos olvidemos que aquí, de lo que se trata, es de un supuesto derecho a la diferencia.

Tampoco esos estados están concebidos, en absoluto, como “plurinacionales”. No hay, por supuesto, derecho de autodeterminación alguno. Si acaso, es posible reconocer, en el caso norteamericano, una autodeterminación inicial, primigenia e irrevocable, en el pacto constitutivo de la federación –lo cual, dicho sea de paso, abona la tesis, sostenida por muchos, de que el falaz debate sobre la autodeterminación en España oculta el valor que, en este sentido, tuvo la aprobación mayoritaria del conjunto de Constitución y estatutos plebiscitados-, hace ya más de 200 años. Si a alguien le cupieran dudas, no tiene más que acercarse por el Lincoln Memorial y fijarse en la estatua de don Abraham; el rostro pétreo, tan firme como las convicciones del Presidente, en su día, le recordará que los Estados Unidos de América no tienen nada de realidad coyuntural. En Alemania no hay caso, porque jamás se planteó la cuestión, que yo sepa.

En ambos estados federales subsisten instituciones y funciones transversales indispensables, como son, en EEUU, el impuesto federal sobre la renta, la unidad de mercado y, por supuesto, el Tribunal Supremo, máximo intérprete de la ley y la Constitución, al que están sometidos todos los tribunales inferiores, en términos parecidos a lo que sucede en España, demostrándose la falsedad absoluta de la tesis de que hay allí cincuenta ordenamientos diferentes. Hay un único ordenamiento, con cincuenta subsistemas, pero integrado por la Ley Suprema, el derecho federal y la acción de los jueces superiores de Washington, de manera muy similar a lo que sucede en nuestro país (sin perjuicio de que las materias abiertas a los ordenamientos autonómicos españoles sean diferentes que las que caben a los subsistemas estatales americanos). Algunas propuestas de nuestros nacionalistas y adláteres son inconstitucionales en España, pero lo serían también, con toda probabilidad, en Estados Unidos y en Alemania.

Y es que, en definitiva, lo que nuestros amigos buscan no es que el estado se reforme, sino que se suicide.