IBARRA: PREGUNTAS PERTINENTES

Juan Carlos Rodríguez Ibarra respondió el otro día como de él se esperaba. Mostrando su hartazgo con tanto estúpido de camisa parda de diseño. No se lo reprocho al señor presidente de Extremadura. Al fin y al cabo, los ciudadanos a los que se debe, los que le dan mayoría absoluta tras mayoría absoluta, han sido, lisa y llanamente, y tachados de parásitos por algún cretino que, por otra parte, suele insultar a la inteligencia cada vez que abre la boca. Además –obviando el inaceptable tono faltón con el que se presentan-, las propuestas que sus conmilitones ponen sobre la mesa perjudican, y mucho, los intereses de la región que él tiene la obligación de defender.

Rodríguez Ibarra es un demagogo de cuidado pero, a veces, acierta. En este caso, pone bien a las claras lo que sería de esperar. Y tengo para mí que, al hacerlo, conserva voto para el PSOE, por lo menos en este lado del Ebro. Los votantes socialistas, extremeños o de otros lugares, pueden confiar en que no todo el partido ha sufrido un ataque de imbecilidad colectiva que le lleva a disparar contra sus bases. Otra cosa es que sean minoría o que, siendo mayoría, se tengan que callar por razones tácticas.

El presidente de Extremadura apuntó, en medio del zafarrancho antibobos, algunas ideas dignas de reflexión, suponiendo que en este país aún reflexione alguien con algún provecho –porque tengo para mí que no es que no nos demos cuenta de lo que pasa, que sí nos damos (por ejemplo, sabemos que la reunión Ibarretxe-Otegi es, lisa y llanamente, de juzgado de guardia), pero es que nos da igual-. A saber: si los amigos de Cataluña andan justos de fondos, ¿será porque su gasto en sanidad es muy superior a lo razonable?, ¿será porque tienen policía autonómica y dos o tres cadenas de televisión?... Igual sí. Ibarra dice que el no tiene policía autonómica, pero sí ordenadores en todas las escuelas (cierto, y es digno de alabar el esfuerzo que hace Extremadura por incorporarse a la sociedad de la información).

Bien. Quitémosle algo de perfume demagógico a las palabras del líder extremeño. Aún queda una pregunta tan sensata como pertinente. ¿Está justificado este frenesí neoconstituyente, cuya traducción práctica es el debate de financiación –porque lo que nadie discute es que sin dinero no hay autogobierno, así que, hablemos de lo que hablemos, hablamos de dinero-? Sobre este tema ya he tratado alguna vez. Si Maragall quiere dinero, es porque piensa gastarlo, claro.

Como paso previo a su demanda, ¿no debiera el Honorable dar cuenta de la gestión que, hasta la fecha, ha hecho la institución que tan dignamente representa de todo lo que lleva gastado? Tal y como parece ser habitual en la nueva dirigencia socialista, el señor Maragall hace saltar por los aires los consensos y fuerza todas las costuras de la tela española, pero sólo después hace expresos sus fines. Es cierto que las finanzas públicas catalanas andan estrechas, o más estrechas de lo esperable y, ¿es eso razonable?

Alguien apuntaba el otro día, en un artículo, que la comunidad de Madrid ha obtenido muy palpables resultados adaptándose a sus posibilidades financieras reales, que son las comunes de todas las demás autonomías. Pero, claro, la comunidad de Madrid –como la de Extremadura- pretende ocuparse, con mejor o peor criterio y según lo entienda cada uno, de los problemas de los ciudadanos. No de “hacer país”.

Es lo que tiene el “hacer país” y las “construcciones nacionales”. Que suelen conllevar unas facturas descomunales, en buena medida en gasto suntuario. Y no hay que cargar las tintas sólo sobre Cataluña, porque en este aspecto es muy imitada. Nuestras autonomías constituyen, en general, un fondo intolerable de irresponsabilidad, derivado del hecho de que se ha establecido un hiato entre responsabilidad recaudatoria y gasto que, unido a una desmesurada asunción de competencias, a veces duplicadas, a la escasa alternancia observada en el poder y la poca transparencia, ha dado pie a todo tipo de excesos.

¿Es razonable que, en Cataluña, el País Vasco y en otras comunidades exista un émulo regional del Defensor del Pueblo –institución de cuya utilidad es legítimo dudar en el ámbito nacional, cuanto más en el caso de estos capitidisminuidos comisionados de los parlamentos regionales, que ni siquiera pueden presentar recursos de amparo ante el Constitucional-? ¿es sensato que no ya que las comunidades tengan una televisión –y aquí las que carecen de lengua propia deberían dar doble ración de explicaciones- sino que cuenten con canales vía satélite? ¿es sensato que buena parte de nuestras comunidades tengan, además de la pertinente oficina de asuntos en Madrid, otra en Bruselas y, posiblemente, en otros centros de decisión?... La lista podría alargarse mucho. Baste, como muestra, un último botón: el Gobierno de la Nación se está planteando la creación de una agencia destinada a buscar inversión extranjera para España; pues bien, esas agencias ya existen a nivel autonómico y... compiten entre sí. Dejo para otro momento cosas como las policías autonómicas, y demás.

Nadie se ha tomado la molestia de explicar si este estado de cosas es o no racional –en el supuesto de que quepa explicación-. Absolutamente nadie. Nadie objeta la famosa frase de “a más autogobierno, más bienestar”, a pesar de su manifiesta exactitud –muchas veces, para proporcionar bienestar, los titulares del autogobierno tendrían que hacer la merced de no ejercerlo-.

Se admite, pues, mansamente, que hay que ir por más. Más competencias y, consiguientemente, más dinero. Y los respectivos electorados, mansamente, siguen pagando sus impuestos, sin entender muy bien el porqué de todo este furor reformista que, según los sondeos, ni acaban de entender ni, por supuesto, perciben necesario. El ciudadano catalán medio no viste camisas pardas de diseño ni está en exceso preocupado por si Cataluña es o no una nación. Más bien, le preocupa que, para este verano, se prevean apagones.

Pues bien, nadie se plantea que ese ciudadano medio, ese Juan Pérez, merezca una explicación, una justificación racional de por qué se quiere forzar su marco de convivencia. Nada. Baste el superior interés de la patria.