TRES CUESTIONES CIVILES

Si no me he enterado mal, en estos días el gobierno ha promovido tres reformas de calado en la legislación civil. A saber: extensión del matrimonio a parejas del mismo sexo (bien por la precisión técnica, todo el mundo piensa en homosexuales, pero no tiene por qué ser así – sobre todo con pensiones de por medio), reforma del Código Civil para hacer obligatorio, por ley, el compartir las tareas del hogar y reforma de la ley del divorcio, para hacer más ágil la disolución matrimonial. Analicémoslas porque, salvo la primera, quizá no han recibido la atención que merecen.

El matrimonio entre personas del mismo sexo es, con toda probabilidad, además de una barbaridad desde el punto de vista cultural y un absurdo lingüístico, el mayor disparate jurídico perpetrado por estos lares desde tiempo inmemorial. No me refiero, ciertamente, a la extensión de ciertos derechos –a parte, sí, del contenido del instituto matrimonial- sino a la extensión de la denominación.

Una barbaridad desde el punto de vista cultural porque es un torpedo contra la línea de flotación de una institución que, en Occidente, viene revistiendo la misma forma desde hace varios milenios. Alguien recordaba hace unos días a nuestros bienamados griegos, tan dados ellos a la vía no recta que terminaron por dar nombre a la vía rectal. Imposible mayor tolerancia social ante el homoerotismo. Pero una cosa es que Aquiles amara a Patroclo hasta el borde mismo de la locura –que se lo digan a Héctor, que pagó los platos rotos- y otra cosa muy distinta que pretendiera casarse con él.

Absurdo lingüístico porque el gobierno ha ido tan frontalmente contra el genio de la lengua que no me extrañaría que los hablantes, digan lo que digan las leyes, conserven el uso normal o inventen nuevos términos para resaltar lo evidente: que no se llama por igual nombre a lo que es diferente.

Y, por fin, disparate jurídico al acoger en nuestro ordenamiento una institución sin apenas precedentes en el derecho comparado. En mi opinión –que me perdonen mis doctos amigos juristas que de esto saben mucho más que yo y que discrepan- y, creo, en la de muchos, entre ellos el ex presidente del Constitucional Rodríguez Bereijo, se trata de algo radicalmente inconstitucional (además de contrario al sentido común). En primer lugar, es del todo absurdo pretender que, si el constituyente hubiera querido limitar el matrimonio a la unión entre hombre y mujer en el artículo 32, lo hubiera escrito. Es una extravagancia plantear que el constituyente hubiera debido escribir “contraer... entre sí”, sencillamente porque, en 1978, nadie en su sano juicio hubiera podido interpretarlo de otro modo, por lo que el añadido era superfluo. Pero es que tampoco una interpretación “acorde con los tiempos”, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil sobre la interpretación de las normas jurídicas, permite plantear que sea pacífico, hoy, entender que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo. Porque es completamente falso que exista un consenso social al respecto. Antes al contrario, esto no es más que una deuda contraída por el PSOE con una minoría influyente y que quiere atraer para sí, pero minoría al fin y al cabo. Por otra parte, hay quien ha sostenido, a mi juicio con acierto, desde una perspectiva no ya iusnaturalista, sino simplemente lógica, que ciertas instituciones son indisponibles para cualquier legislador, porque preexisten a las leyes mismas, incluida la constitución. El matrimonio es una de ellas (por eso no existe el derecho al matrimonio, sino el derecho a contraerlo), otras son la familia, la relación paterno-filial –que la gente tiene progenitores es algo independiente de la legislación- o, mal que le pese a alguno, la propia existencia del sujeto constituyente (la nación española, en nuestro caso) en cuya ausencia el propio hecho de legislar es ontológicamente imposible.

En cuanto a la intromisión en la intimidad familiar que supone establecer por ley un reparto de tareas domésticas. ¿Qué decir? Pues que el venerable cuerpo del Código Civil, bastión de la autonomía de la voluntad, habrá crujido ante semejante muestra de intervencionismo cuasitotalitario. Supongo que el paso siguiente de estos aprendices de peronista será imponer multas a los que sigan empleando el plural inclusivo (todos, en vez de todos y todas) o persistan en llamar de “usted” a su vecino. O, quizá, recuperar la figura del jefe de casa –igual que recuperaron el ministerio de la vivienda, ¿por qué no?- para que compruebe que yo saco la basura los lunes, miércoles y viernes y que mi mujer hace lo propio martes, jueves y sábados. Además, ¿tal es el fracaso de las parejas españolas –especialmente de los varones- que no son capaces ni de establecer un reparto satisfactorio de tareas por sí mismos? ¿cómo demonios se permite, pues, el acceso a un instituto tan complejo como el matrimonio a seres tan inmaduros que no son capaces de organizar ni siquiera su vida doméstica? Propuesta: reservar el matrimonio sólo a gays mayores de 40; el resto a internados vigilados por la policía progresista, hasta que aprendan.

Mejor opinión, sin duda, merece la reforma del divorcio. Nuestro sistema es, creo, rara avis en derecho comparado, con esa extravagancia –concesión a la Iglesia, en su día- de un prolongado período de separación previa para obtener un divorcio que, por otra parte, es incausado y, por tanto, en sentido estricto, no hay que justificar en nada. Bien está, pues, que lo que unió la voluntad, la sola voluntad lo separe y en un plazo razonablemente breve –otra cosa es que, tal como funcionan los tribunales, el plazo establecido sea o no creíble-. Hay, no obstante, algunas sombras.

La primera es que, una vez más, falta solvencia técnica en las leyes –no sé si hay urgencia a este respecto, ¿hay una semana mundial del divorciado y la divorciada con la que coincidir?- que dejan sin abordar múltiples problemas, entre ellos los económicos-fiscales, que suelen hacer la vida imposible a las parejas que se divorcian. No me pronuncio sobre la cuestión de la custodia compartida por falta de datos, pero me parece también un tema de enorme complejidad.

La segunda es un cierto malestar debido a que esta nueva legislación, bienvenida ella, no hace sino reforzar la tendencia general a la irresponsabilidad. Y es que todo tiene pros y contras. Es, ciertamente, bueno que no haya que esperar por lo que ya no tiene arreglo pero, ¿no es menos cierto que algunos matrimonios adquieren ribetes de comedia? (no entro en cuestiones puramente fraudulentas que algunos, con fundamento, creen que van ahora a multiplicarse, sino en casos más comunes). No se me malinterprete, que no estoy abogando por nada raro.

El matrimonio es un acuerdo solemne de voluntades, que implica el reconocimiento público de derechos y deberes y que las leyes entienden digno de especialísima protección –a tal fin, además de atender a su solemnidad protocolaria, conceden todo tipo de ventajas a los casados-. Es un acuerdo tendencialmente permanente –que no irrevocable, no es lo mismo- y es esa tendencial permanencia la que le concede su virtualidad social y jurídica. Pues bien, ¿acaso no es exigible un mínimo de responsabilidad a quienes, con plena libertad, acuden a contraer ese vínculo? ¿No tiene la sociedad derecho a exigir que las manifestaciones solemnes que ante ella se realizan estén presididas por un mínimo rigor? Ni que decir tiene que los errores se enmiendan, claro, y no debe haber excesivas limitaciones para ello. Pero tampoco se debe devaluar improcedentemente el carácter del error. No es algo intrascendente y tampoco digo que sea fácil hallar un justo medio: dos años es mucho pero, ¿tres meses no es demasiado poco? Se dirá, claro, que no es poco si se tienen claras las ideas, pero –salvados ciertos casos en los que el compañero sale totalmente rana- ¿qué motivos hay para confiar en la claridad de ideas de quien, a los tres meses de solemnizar, ante funcionario público, tan grave asunto, pretenden revocarlo ad nutum? Este razonamiento resultará extraño a quienes ven en el matrimonio un contenido exclusivamente contractual y que, por tanto, en nada incumbe a terceros. Ciertamente, incluso aunque fuese este el enfoque, ¿acaso no deben estar los acuerdos presididos por un mínimo de seriedad? A quienes dicen que el matrimonio es “simplemente” un contrato habría que recordarles que un contrato es una cosa muy seria; tan seria que es ley entre partes. Pero es que en absoluto es cierto que el matrimonio sea sólo eso. El matrimonio tiene influencia en el estado civil de las partes y, por tanto, reviste una enorme trascendencia pública. Amén, claro, de que el negocio matrimonial despliega efectos ad extra –por ejemplo, los fiscales, cuando una parejita decide pasar por vicaría o juzgado, el Fisco, o sea usted y yo, quedamos obligados a dispensarles un trato especial (a subvencionarles, vamos)-.

Esa visión de “si metes la pata, la sacas” coadyuva a reforzar esa “ética de la irresponsabilidad “ que es, claro, una ética de la falta de libertad –eres un irresponsable, ergo debes ser tutelado, ergo aquí está el estado...-. Si suspendemos los exámenes, no sucede nada, podemos pasar de curso; tenemos derecho a impagar el crédito con el que pagamos el coche porque el coche estaba estropeado, aunque el financiador y el vendedor del coche sean distintos y nuestras responsabilidades ante ellos inconexas; tenemos derecho a divertirnos, aunque otros no puedan dormir o aunque los servicios municipales de limpieza tengan que hacer horas extras; tenemos derecho a que corten la calle para nosotros cuando nos viene en gana; tenemos derecho a que el estado compruebe dónde están nuestros hijos, aunque fuimos nosotros quienes les dejamos salir; tenemos derecho a que no se emita pornografía por la televisión para que nuestros no la vean, pese a que no es obligatorio comprarse una tele ni tenerla encendida; debe limitarse la velocidad en las carreteras, porque somos incapaces de adecuarla. Y así hasta el infinito.

Esta rebaja en las exigencias me parece siempre sospechosa, porque es una invitación a conducirse sin responsabilidad por la vida. Y esa invitación es, también, una invitación al leviatán estatal para que tome las riendas de nuestras existencias. Cuando fracasemos unas cuantas veces en nuestra búsqueda... terminarán poniendo una agencia matrimonial pública.