NO HAY DIÁLOGO Y ¿PUEDE HABERLO?

Esta semana, el Congreso ha votado favorablemente, entre otros temas, la paralización del Plan Hidrológico Nacional –el establecimiento de un PHN es, quizá, la única aspiración más antigua que la de que el Senado se convierta en una cámara de representación territorial, aspiración que, una vez más, va al dique seco- y el matrimonio homosexual. En ambas cuestiones, la mayoría gubernamental ha dado muestras claras de su carácter dialogante.

En particular, en la cuestión del matrimonio gay, el gobierno ha encontrado la oposición de la totalidad de las iglesias cristianas (los fieles musulmanes, con razón, deben entender que la poligamia tiene ahora el camino expedito), del PP –y sus anecdóticos ciento y muchos diputados- y de instituciones tan variopintas como la Real Academia Española, representantes de la judicatura y entes tan poco sospechosos como el Consejo de Estado –el de Rubio Llorente-. Ni que decir tiene que nadie se oponía a la tan cacareada “extensión de derechos” sino, precisamente, al desviado uso del término “matrimonio” que ahora se impone. La falta de disposición total a negociar ha mostrado, a las claras, que para nada se trataba de un debate sobre derechos civiles, sino de una andanada contra la tradición social y jurídica que, sin el vocablo, quedaba en nada.

Cosas como esta y, en general, el tono del debate político muestran, a las claras, que se ha producido una acusada radicalización de posiciones en España. Nunca el ambiente ha estado más crispado, no ya entre políticos, sino entre ciudadanos. Mientras un porcentaje significativo de la población sigue, con verdadera preocupación, las evoluciones zapateriles, otro porcentaje no menor entiende que las cosas van de miedo (bueno, los otros también, pero en sentido literal, no figurado). En los próximos días, es posible que el Fiscal General del Estado, tan solicito él, ponga su granito de arena mediante la reapertura de los procesos franquistas que concluyeron con sentencias de pena capital –ni que decir tiene que ni por asomo se le ocurre hacer nada semejante con los crímenes cometidos en zona republicana-. Esperemos que le quede un grano de sentido común y atienda al informe de la fiscalía, que se lo desaconseja por ser jurídicamente una cafrada y, sobre todo, una bonita manera de enmierdar la convivencia todo lo que se pueda, a cambio de nada.

Por supuesto, el discurso oficial es que la culpa de esta crispación es de la derecha, por intransigente. El gobierno no piensa tender puente alguno hacia el otro lado. Sabe perfectamente que ese “otro lado” es más nutrido que nunca, pero está plenamente dispuesto a ignorarlo. El PSOE ha redefinido “la centralidad” del espacio político de forma tal que el Partido Popular, es decir, la opción de diez millones de españoles, quede extramuros. El centro se escora automáticamente y de forma muy significativa hacia la izquierda –por llamarlo de alguna manera-, de manera tal que la derecha queda convertida en antisistema. Una de dos: o la derecha se queda en mínimos, o esto revienta (esperemos que sin mayores consecuencias). Y han decidido correr el riesgo.

Poco importa que el “sistema” quede compuesto por el PSOE y cuanto elemento de frenopático circule por España. Desde los nazis vascos a los tarados de ERC, pasando por esa cosa indefinible en que se ha transformado Izquierda Unida. Todo cabe en el universo de la paz perpetua, salvo la derecha liberal y conservadora corriente y moliente.

Así, en España es perfectamente asumible el matrimonio gay, es discutible el concepto de nación o puede percibirse como una cosa seria la pretensión de que Cataluña entre en la francofonía, pero quien piense, por ejemplo, que es una sandez que la Generalitat gestione una infraestructura de interés nacional, como es el aeropuerto de Barcelona o quien crea que el nivel de descentralización del estado es más que suficiente está fuera del consenso, está fuera del mundo y, por tanto, es un ultra, un reaccionario y un facha.

Además, conviene no olvidar que este gobierno, que tiene patente para sentarse a hablar con el PCTV y puede ofrecer diálogo a cuanto asesino se le cruce, que puede negociar, si es preciso, cómo deshacer España en trozos, tiene expresamente prohibido por alguno de sus socios el llegar a acuerdos con el Partido Popular. El gobierno no va a dialogar con quien representa a diez millones de españoles –muchos de los cuales, por cierto, podrían, ¿por qué no?, ser votantes algún día de un partido socialdemócrata, como sucede en cualquier democracia moderna- en primer lugar, porque el iluminado que lo preside no quiere pero, además, aunque quisiera, tampoco puede.

En el momento en que ZP empezara a comportarse como un gobernante serio –por tanto, respetuoso con los que no le votan, al menos en cosas de comer- sería como una cenicienta a la que le dan las doce. Su carroza sería de nuevo calabaza y el ratón volvería a ser Carod Rovira (¿o es al revés?, ya no me acuerdo bien del cuento). Se acabaría el juego de este presidente con muy pocos diputados para mantener esos aires.

José Luis está viviendo su baile mágico. Y nada va a impedírselo. Sabe de sobra que, mientras el baila, el país que juega a gobernar se tensa y los riesgos aumentan sin cesar. También sabe que, en ocasiones, hasta el propio sentido común cruje. Pero quiere que el baile siga.

No tiene tiempo de pararse a reflexionar. Y mucho menos, a hablar con desconocidos.