BALANZAS FISCALES
El amigo Maragall sigue a vueltas con el asunto de las balanzas fiscales. La “balanza fiscal” es algo así como la diferencia entre lo que una comunidad autónoma aporta al conjunto del Estado y lo que recibe. Es una forma fina, que suena técnica, de referirse al viejo tema de cuánto pone cada uno y que, de un tiempo a esta parte, no se cae de la boca de los nacionalistas, de izquierdas o de derechas.
Es absurdo negar que, a la hora de la verdad, hablar de autonomía o de autogobierno es hacerlo de financiación. Pero el concepto citado de balanza fiscal es uno de los más oportunistas, insensatos e inaceptables que se han acuñado últimamente.
Los territorios no tienen balanza fiscal porque no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los ciudadanos. La balanza fiscal de Cataluña no es más, por tanto, que el resultado estadístico de agregar el saldo fiscal de cada uno de los ciudadanos catalanes. Obviamente sale deficitaria porque esos ciudadanos, además de ser más, tienen un nivel de renta medio más alto que el conjunto de los españoles.
La solidaridad en este país, como en todos, es entre personas, no entre territorios. Y se establece, fundamentalmente, entre el grupo de ciudadanos de mayores recursos relativos y el de los que tienen menos. Así de sencillo. Otra cosa es que la inmensidad de recursos de los que los ciudadanos se tienen que desprender para atender demandas que parecen no tener fin, haya de ser gestionada a tres niveles distintos, y que haya un desequilibrio entre los recursos que tocan a cada uno y los servicios que presta.
Quizá fuera más constructivo plantear el debate de otra manera. En primer lugar, redefiniendo los términos: no será Cataluña la que tenga un déficit, sino su administración autonómica. Quizá, entonces, podríamos reconducir la cuestión de un muy general “Cataluña está siendo solidaria en exceso” a “la Generalitat no tiene recursos suficientes para hacer lo que quiere hacer”. Y puede que ahí encontráramos un principio para entendernos porque, ¿qué es lo que quiere hacer la Generalitat? –aparte, supongo, de recimentar el barrio del Carmelo-.
Estaría muy bien que el Sr. Maragall explicara a sus colegas presidentes de las comunidades autónomas y, de paso, al resto de los españoles, qué pretende hacer él con los recursos adicionales que reclama. No que los reclame en abstracto. Pero eso puede resultar harto embarazoso, porque obliga a probar un aserto que se viene aceptando como principio: que el autogobierno es bueno, que es lo mejor para los ciudadanos. Convendría, de vez en cuando, confrontar un obstinado ¿por qué? ante una afirmación como esa. Más dinero, ¿para qué? ¿Necesita Cataluña más y mejores infraestructuras? Sin duda ¿Significa eso que es la Generalitat la que debe construirlas y, por tanto, patrimonializarlas? ¿Quién ha dicho que los catalanes vayan a estar mejor atendidos por su administración autonómica en todo caso?
Porque la presunción latente en la solicitud continua de mayores recursos es que la administración autonómica ha de crecer, crecer siempre, sin freno, basándonos en su probada utilidad para el conjunto de los ciudadanos.
Y, como muestra, el Carmelo.
Es absurdo negar que, a la hora de la verdad, hablar de autonomía o de autogobierno es hacerlo de financiación. Pero el concepto citado de balanza fiscal es uno de los más oportunistas, insensatos e inaceptables que se han acuñado últimamente.
Los territorios no tienen balanza fiscal porque no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los ciudadanos. La balanza fiscal de Cataluña no es más, por tanto, que el resultado estadístico de agregar el saldo fiscal de cada uno de los ciudadanos catalanes. Obviamente sale deficitaria porque esos ciudadanos, además de ser más, tienen un nivel de renta medio más alto que el conjunto de los españoles.
La solidaridad en este país, como en todos, es entre personas, no entre territorios. Y se establece, fundamentalmente, entre el grupo de ciudadanos de mayores recursos relativos y el de los que tienen menos. Así de sencillo. Otra cosa es que la inmensidad de recursos de los que los ciudadanos se tienen que desprender para atender demandas que parecen no tener fin, haya de ser gestionada a tres niveles distintos, y que haya un desequilibrio entre los recursos que tocan a cada uno y los servicios que presta.
Quizá fuera más constructivo plantear el debate de otra manera. En primer lugar, redefiniendo los términos: no será Cataluña la que tenga un déficit, sino su administración autonómica. Quizá, entonces, podríamos reconducir la cuestión de un muy general “Cataluña está siendo solidaria en exceso” a “la Generalitat no tiene recursos suficientes para hacer lo que quiere hacer”. Y puede que ahí encontráramos un principio para entendernos porque, ¿qué es lo que quiere hacer la Generalitat? –aparte, supongo, de recimentar el barrio del Carmelo-.
Estaría muy bien que el Sr. Maragall explicara a sus colegas presidentes de las comunidades autónomas y, de paso, al resto de los españoles, qué pretende hacer él con los recursos adicionales que reclama. No que los reclame en abstracto. Pero eso puede resultar harto embarazoso, porque obliga a probar un aserto que se viene aceptando como principio: que el autogobierno es bueno, que es lo mejor para los ciudadanos. Convendría, de vez en cuando, confrontar un obstinado ¿por qué? ante una afirmación como esa. Más dinero, ¿para qué? ¿Necesita Cataluña más y mejores infraestructuras? Sin duda ¿Significa eso que es la Generalitat la que debe construirlas y, por tanto, patrimonializarlas? ¿Quién ha dicho que los catalanes vayan a estar mejor atendidos por su administración autonómica en todo caso?
Porque la presunción latente en la solicitud continua de mayores recursos es que la administración autonómica ha de crecer, crecer siempre, sin freno, basándonos en su probada utilidad para el conjunto de los ciudadanos.
Y, como muestra, el Carmelo.
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