"SE VA A CUMPLIR LA LEY"
El Presidente del Gobierno dijo que escuchará a Ibarretxe pero que “Ibarretxe le tendrá que escuchar a él” –lo que está completamente fuera de contexto, pero, en fin...- y, sobre todo, dijo también que “se va a cumplir la Ley”. Muchos lamentan que Zapatero no haya sido más contundente en su respuesta verbal. Pero fíjense ustedes en que, en un Estado de Derecho que se respete a sí mismo, semejante laconismo –“se va a cumplir la Ley”- sería mucho más que suficiente.
Si eso fuese cierto, si verdaderamente va a cumplirse la Ley, el cicloturista de Llodio puede haber cometido el error político de su vida. Porque habría quebrado, de una vez y puede que para siempre, ese mínimo de ambigüedad que viene permitiendo sostener la malhadada teoría del “encaje”. Acabaría de dejar sin coartada a quienes aún piensan –o, al menos, sostienen en público- que todavía podemos hacer más para “acomodar” en España a quienes, a la vista está, no tienen la más mínima intención de acomodarse jamás en ella.
Juanjo podría haber abierto –insisto, si fuese cierto que la Ley se va a cumplir- un debate en el que llevaría todas las de perder. Entre otras cosas porque ha roto uno de los consensos tácitos fundamentales que mantienen el silencio de la legión de consentidores que pueblan la Euskadi real: la condición de que la deriva nacionalista jamás habría de perjudicarles. La condición, asumida a la chita callando, de que los paralelismos con la martirizada Irlanda nunca pasarán del imaginario y el arsenal retórico de los profesionales del asunto. ¿De veras cree Juanjo que, si el artículo 155 de la Constitución fuese a aplicarse –si, por tanto, el Gobierno de la Nación le depusiera del cargo estatal que tan deslealmente viene desempeñando-, iba a tener al “pueblo” tras él? ¿A quién? ¿A los mismos que iban a provocar poco menos que el Apocalipsis el día en que se ilegalizara Batasuna? ¿Los mismos que ya no se acuerdan de Arnaldo Otegi, el antaño intocable, ni para llevarle el bocata?
A fin de cuentas, el ciclista que presume de compartir carretera con un López como prueba de apertura de miras, nos podría haber hecho un favor: el de reventar de una vez por todas el absceso purulento en que se ha convertido el problema nacionalista. Sea lo que Dios quiera –incluso, sí, la ruptura si así ha de ser- pero terminemos con esto, naturalmente con arreglo a Derecho. Carlos Garaicoechea lo decía no hace mucho: “a ver por qué no se va a poder celebrar el referéndum con ETA si se han celebrado treinta elecciones con ETA”. Pone el dedo en la llaga, el navarro, pero donde él ve viabilidad, otros vemos inmoralidad y vergüenza. En efecto, para nuestra humillación, llevamos treinta años consintiendo que se celebren, en el territorio nacional, elecciones que serían nulas en toda tierra de cristianos. Pero ése es el mejor incentivo para detener el tinglado, no para llevarlo al paroxismo.
El problema, claro, es que nadie se cree que la Ley vaya a cumplirse, si de Zapatero depende. O, al menos, nadie cree que cuando el Presidente habla de “cumplimiento de la Ley” esté queriendo decir lo que, en simple lógica jurídica, parece querer decir esa simple frase.
Porque si algo viene demostrando la izquierda zapateril –y, de paso, si algo la asimila, precisamente, al nacionalismo- es que ni entiende ni quiere entender qué significa el término “liberal” en la expresión “democracia liberal”. Para ellos, el adjetivo es un simple adorno. No saben lo que es un Estado de Derecho, y por eso cree que es posible cumplir las leyes “a la Bermejo”, como la de banderas.
El sintagma “democracia liberal” es un tanto equívoco, es verdad. Y lo es porque trastoca lo adjetivo por lo sustantivo y viceversa. Primero son las libertades. Después, solo después, y solo para garantizar esas libertades, viene la democracia. Que liberalismo y democracia hayan terminado por formar una dupla inseparable –porque solo en democracia anidan los estados de Derecho dignos de tal nombre- es otro asunto. Quien entienda esto estará perfectamente preparado para enfrentarse a los argumentos característicos del nacionalismo, los argumentos del “la mayoría quiere” y demás justificaciones de cualquier barbaridad. Quien no lo entienda, como es el caso de Zapatero y de buena parte de la izquierda, está absolutamente inerme.
Porque solo está en grado de aplicar correctamente la Ley –en especial esas leyes que nadie querría ver nunca aplicadas, y mucho menos verse en el trance de tener que aplicarlas- quien está convencido de tres cosas: la primera, la legitimidad absoluta de la propia Ley, la segunda, el carácter de deber que esa aplicación comporta –por tanto, la comprensión del propio rol- y la tercera, la ilegitimidad de la postura que se combate.
Las tres condiciones concurren en el caso que nos ocupa. Todo el entramado jurídico que Juanjo pretende impunemente cargarse está legitimado porque es conforme a Derecho y cuenta, en última instancia, con el aval soberano de los españoles en general y de los vascos en particular. El Presidente del Gobierno es un órgano constitucional –constituido, por lo demás- al que le compete, como principal tarea, cumplir y hacer cumplir la Ley, a cuyo efecto está plenamente legitimado para usar de todos los instrumentos que el Estado de Derecho le proporciona. Si no lo hace así, además de convertirse en potencial reo de media docena de delitos, se deslegitima a sí mismo.
Pero lo más importante es lo tercero. No existe ni un atisbo de legitimidad en lo que pretende hacer el Lehendakari. Ninguno. Y es absolutamente indiferente que esté respaldado solo por medio PNV y lo más granado del abertzalismo “de la gasolina” –que parece ser el caso, aunque le digan que es un flojo- o por el Parlamento Vasco en pleno. Porque, sencillamente, es algo que él no puede hacer. Porque no está investido de potestad para hacerlo, y al arrogarse una potestad que no le compete, deja de ser un gobernante democrático –en sentido estricto-. Se convierte en otra cosa. Quienes jalean su actitud sabrán lo que hacen. Quizá no lo jalearían tanto si se dieran cuenta de que Juanjo sale de la órbita de los políticos occidentales para entrar en la del chavismo: en la de la democracia de de hechos, no la democracia de Leyes.
Deberían pensar algunos, si supieran leer y lo hicieran con alguna frecuencia, que la democracia “de hechos” está inventada. Y la historia terminó muy mal.
La duda no es, por tanto, lo que Juanjo piense –eso ya lo sabemos todos- sino, en efecto, qué entiende Zapatero por “aplicar la Ley”. Porque él es, también, un adalid de esa “democracia de hechos” que idolatra a “la mayoría” y la convierte en canon de medida de todas las cosas.
Juanjo pertenece a otro mundo ideológico, ajeno por completo a la racionalidad. Pero a Zapatero quizá convenga recordarle –como oveja descarriada de la familia ilustrada- que las revoluciones del dieciocho, las únicas que han triunfado de modo perdurable se hicieron para poder estar gobernados por Leyes. Nunca más por hombres. Ni por uno, ni por cien, ni por cien millones.
Si eso fuese cierto, si verdaderamente va a cumplirse la Ley, el cicloturista de Llodio puede haber cometido el error político de su vida. Porque habría quebrado, de una vez y puede que para siempre, ese mínimo de ambigüedad que viene permitiendo sostener la malhadada teoría del “encaje”. Acabaría de dejar sin coartada a quienes aún piensan –o, al menos, sostienen en público- que todavía podemos hacer más para “acomodar” en España a quienes, a la vista está, no tienen la más mínima intención de acomodarse jamás en ella.
Juanjo podría haber abierto –insisto, si fuese cierto que la Ley se va a cumplir- un debate en el que llevaría todas las de perder. Entre otras cosas porque ha roto uno de los consensos tácitos fundamentales que mantienen el silencio de la legión de consentidores que pueblan la Euskadi real: la condición de que la deriva nacionalista jamás habría de perjudicarles. La condición, asumida a la chita callando, de que los paralelismos con la martirizada Irlanda nunca pasarán del imaginario y el arsenal retórico de los profesionales del asunto. ¿De veras cree Juanjo que, si el artículo 155 de la Constitución fuese a aplicarse –si, por tanto, el Gobierno de la Nación le depusiera del cargo estatal que tan deslealmente viene desempeñando-, iba a tener al “pueblo” tras él? ¿A quién? ¿A los mismos que iban a provocar poco menos que el Apocalipsis el día en que se ilegalizara Batasuna? ¿Los mismos que ya no se acuerdan de Arnaldo Otegi, el antaño intocable, ni para llevarle el bocata?
A fin de cuentas, el ciclista que presume de compartir carretera con un López como prueba de apertura de miras, nos podría haber hecho un favor: el de reventar de una vez por todas el absceso purulento en que se ha convertido el problema nacionalista. Sea lo que Dios quiera –incluso, sí, la ruptura si así ha de ser- pero terminemos con esto, naturalmente con arreglo a Derecho. Carlos Garaicoechea lo decía no hace mucho: “a ver por qué no se va a poder celebrar el referéndum con ETA si se han celebrado treinta elecciones con ETA”. Pone el dedo en la llaga, el navarro, pero donde él ve viabilidad, otros vemos inmoralidad y vergüenza. En efecto, para nuestra humillación, llevamos treinta años consintiendo que se celebren, en el territorio nacional, elecciones que serían nulas en toda tierra de cristianos. Pero ése es el mejor incentivo para detener el tinglado, no para llevarlo al paroxismo.
El problema, claro, es que nadie se cree que la Ley vaya a cumplirse, si de Zapatero depende. O, al menos, nadie cree que cuando el Presidente habla de “cumplimiento de la Ley” esté queriendo decir lo que, en simple lógica jurídica, parece querer decir esa simple frase.
Porque si algo viene demostrando la izquierda zapateril –y, de paso, si algo la asimila, precisamente, al nacionalismo- es que ni entiende ni quiere entender qué significa el término “liberal” en la expresión “democracia liberal”. Para ellos, el adjetivo es un simple adorno. No saben lo que es un Estado de Derecho, y por eso cree que es posible cumplir las leyes “a la Bermejo”, como la de banderas.
El sintagma “democracia liberal” es un tanto equívoco, es verdad. Y lo es porque trastoca lo adjetivo por lo sustantivo y viceversa. Primero son las libertades. Después, solo después, y solo para garantizar esas libertades, viene la democracia. Que liberalismo y democracia hayan terminado por formar una dupla inseparable –porque solo en democracia anidan los estados de Derecho dignos de tal nombre- es otro asunto. Quien entienda esto estará perfectamente preparado para enfrentarse a los argumentos característicos del nacionalismo, los argumentos del “la mayoría quiere” y demás justificaciones de cualquier barbaridad. Quien no lo entienda, como es el caso de Zapatero y de buena parte de la izquierda, está absolutamente inerme.
Porque solo está en grado de aplicar correctamente la Ley –en especial esas leyes que nadie querría ver nunca aplicadas, y mucho menos verse en el trance de tener que aplicarlas- quien está convencido de tres cosas: la primera, la legitimidad absoluta de la propia Ley, la segunda, el carácter de deber que esa aplicación comporta –por tanto, la comprensión del propio rol- y la tercera, la ilegitimidad de la postura que se combate.
Las tres condiciones concurren en el caso que nos ocupa. Todo el entramado jurídico que Juanjo pretende impunemente cargarse está legitimado porque es conforme a Derecho y cuenta, en última instancia, con el aval soberano de los españoles en general y de los vascos en particular. El Presidente del Gobierno es un órgano constitucional –constituido, por lo demás- al que le compete, como principal tarea, cumplir y hacer cumplir la Ley, a cuyo efecto está plenamente legitimado para usar de todos los instrumentos que el Estado de Derecho le proporciona. Si no lo hace así, además de convertirse en potencial reo de media docena de delitos, se deslegitima a sí mismo.
Pero lo más importante es lo tercero. No existe ni un atisbo de legitimidad en lo que pretende hacer el Lehendakari. Ninguno. Y es absolutamente indiferente que esté respaldado solo por medio PNV y lo más granado del abertzalismo “de la gasolina” –que parece ser el caso, aunque le digan que es un flojo- o por el Parlamento Vasco en pleno. Porque, sencillamente, es algo que él no puede hacer. Porque no está investido de potestad para hacerlo, y al arrogarse una potestad que no le compete, deja de ser un gobernante democrático –en sentido estricto-. Se convierte en otra cosa. Quienes jalean su actitud sabrán lo que hacen. Quizá no lo jalearían tanto si se dieran cuenta de que Juanjo sale de la órbita de los políticos occidentales para entrar en la del chavismo: en la de la democracia de de hechos, no la democracia de Leyes.
Deberían pensar algunos, si supieran leer y lo hicieran con alguna frecuencia, que la democracia “de hechos” está inventada. Y la historia terminó muy mal.
La duda no es, por tanto, lo que Juanjo piense –eso ya lo sabemos todos- sino, en efecto, qué entiende Zapatero por “aplicar la Ley”. Porque él es, también, un adalid de esa “democracia de hechos” que idolatra a “la mayoría” y la convierte en canon de medida de todas las cosas.
Juanjo pertenece a otro mundo ideológico, ajeno por completo a la racionalidad. Pero a Zapatero quizá convenga recordarle –como oveja descarriada de la familia ilustrada- que las revoluciones del dieciocho, las únicas que han triunfado de modo perdurable se hicieron para poder estar gobernados por Leyes. Nunca más por hombres. Ni por uno, ni por cien, ni por cien millones.
5 Comments:
Eres un facha, un españolazo y un ultra neocón.
Lo digo como halago. El artículo es para enmarcar.
By Anónimo, at 7:37 p. m.
Si señor, un post muy interesante. Seguramente lo enlazaré pronto.
By Anónimo, at 3:52 a. m.
El artículo -no post- está como para Tercera de periódico nacional. Todos los argumentos están perfectamente enlazados.
Sin embargo sí que me gustaría añadir algo a lo que dices. Y es que, precisamente, esa legitimidad del orden constitucional y del sistema legal general de la que hablas, sumamente necesaria para que la ley se siga cumpliendo de la forma más racional posible, se quebraría parcialmente en el País Vasco si ese referendum se realizase -legal o no legalmente- y su resultado fuere positivo.
Y con esto quiero decir que el referéndum de Ibarretxe no es ni si quiera principalmente un problema jurídico sino que es ante todo un problema político de primer orden, que cuestiona el sistema desde su base primaria que es la Constitución y su legitimidad jurídico-política. Es por ello que debe tratarse como tal se debe combatir utilizando todas las armas políticas necesarias -haciendo uso además, por descontado, de las prerrogativas jurídicas que existan al respecto-, evitando dejar el problema en manos exclusivamente de un sistema legal y constitucional supuestamente infalible, y del que todos sabemos que no se sostiene como cosa natural. Se debería articular una estrategia política liderada por Presidencia del Gobierno orientada hacia la deslegitimación de los amenazadores.
Repito: es preciso tener claro que no nos encontramos ante una violación cualquiera de la ley -como pudiera ser un robo o un asesinato- sino ante un desafío total al sistema constitucional: tanto por los medios -el referéndum ilegal- como por los fines, la cuestión es la anulación del Estado de Derecho en tanto que sistema constitucional vigente.
Un saludo.
By Anónimo, at 12:51 p. m.
Por eso derogó la ley que penaba las refrendas ilegales.
By Jorge Castrillejo, at 1:07 p. m.
Pues no sé, si es que está todo muy claro la verdad. Buen artículo. A ver qué pasa...
Creo por mi parte que "la cosa" no saldrá adelante, y es que sucede que ni la mitad de su partido le apoya. Es triste decir ésto por lo que tiene detrás, pero de éso precisamente va tu artículo (te tuteo). Por otro lado, y haciendo un ejercicio de imaginación extrema, si la situación fuera "normal" (en el sentido más vulgar de la palabra, manteniendo algunos de planteamientos políticos vulgares y/o irreales existentes; "normal") la simple mención de realizar "la cosa" en estas circunstancias, tras la tregua de ETA y su desenlace (lo que sabemos), debería llenar de ignominia a ese que llamas Juanjo. Es terrible lo que está pasando, porque esto ni se menciona, ni se sugiere: por parte de nadie. Pero es éso del artículo, hasta aquí hemos llegado. Ver a alguien diciendo que "cumnplirá la ley" nos llena de alivio, lo reconozcamos o no (aunque sea cuando creemos que será así, algo por aún por aclarar en este caso; lo mismo que con Montilla "se deben respetar las instituciones del Estado". ¡UFF! ¡qué alivio!).
Es penoso.
Saludos
By Fritz, at 3:50 a. m.
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