Y RAJOY HABLÓ DE POLÍTICA

Cuentan las crónicas que ayer Rajoy habló de política. El hecho merece destacarse, por inhabitual. Ya se sabe que los dirigentes del PP son muy dados a enrocarse en un irritante repertorio de frases hechas que, normalmente, emplean para darse un digno pasar sin pisar charcos (“tiene que haber sentido común”, “hay que ocuparse de lo que interesa a la gente”, “ahora no toca”, “toca lo que toca y lo que no toca, no toca, mire usted”). Pecan, en suma, de lo mismo que los de enfrente, pero en otro estilo.

Pero ayer no, ayer –como en otras escasas pero relevantes ocasiones- Rajoy entró en materia. Desgranó una serie de puntos para una eventual reforma constitucional –catorce, en total- y dijo estar dispuesto a proponérselos al PSOE post-Zapatero. Se da por hecho, con toda lógica, que el acuerdo sería imposible bajo la égida del actual dirigente socialista, aunque solo sea porque el contenido de las propuestas de Rajoy –que es el que cabía esperar- resulta del todo contradictorio con la línea política del gobierno ZP. Y no es menos cierto que, si hablamos del PSOE, la cosa ya no es tan evidente. De hecho, no cabe duda de que hay señalados dirigentes socialistas que se apuntarían gustosos a una mesa de diálogo sobre los asuntos a los que Rajoy aludió.

El elenco de puntos peca de imprecisión y dista de lo que podría ser una propuesta de reforma digna de tal nombre. Es, más bien, un repertorio de temas sobre los que, piensa el presidente del PP, habría que meditar y, luego, actuar. Pero el denominador común es, ya digo, el esperable: el reequilibrio de la estructura territorial de Estado, con un refuerzo de las instituciones comunes. Es mucha la técnica jurídica que habría que aplicar para traducir eso en un conjunto de propuestas de enmienda, máxime si han de estar soportadas –como no puede ser de otra manera- por el consenso, para ser presentadas a los españoles.

Modestamente, solo puedo saludar la iniciativa de Mariano Rajoy. Me parece la fórmula más civilizada para salir del guirigay en el que estamos inmersos.

En primer lugar porque, como mucha gente ha ido poniendo de manifiesto, no se trata tanto de que no pueda haber debate hasta sobre las cosas más sagradas como de que ese debate ha de darse en la sede precisa. Solo quienes desconfían profundamente de este país y sus gente, o quienes no están dispuestos a aceptar lealmente el resultado tienen razones para temer una discusión por los cauces legalmente previstos, en la que todos tengan primero voz y más tarde voto. En este sentido, y ya que todo el mundo anda quejoso por los achaques del edificio constitucional, reformémoslo, pero aplicando el procedimiento acordado.

Ya en un terreno más personal, estoy de acuerdo con buena parte del fondo de lo que Rajoy propone. Creo sinceramente que en el año 78 se cometieron errores, algunos de ellos de pura técnica, que hay que enmendar. Y creo –no sé con cuánta gente, pero me temo que con bastante- que el sistema adolece de importantes fallos sustantivos. La experiencia enseña que la descentralización del poder, por un lado, ha de ser completa –ha de realizarse plenamente el modelo constitucional, lo que implica un refuerzo del poder municipal- y, por otro, ha de tener límites, a fin de que la arquitectura del poder político sirva a los propósitos para los que fue creada. Todo el aparato del Estado, en sentido amplio, existe con el solo fin de garantizar a los ciudadanos el elenco de derechos que, como pórtico, abre la Constitución Española.

Naturalmente, todo esto es opinable, y debería ser el objeto del debate propuesto.

Ahora bien, dicho todo lo anterior, caben algunas dudas.

La primera es si, en efecto, Mariano Rajoy se atreverá a concurrir a las elecciones con esa propuesta, o con una parecida, o quedará todo en un fuego de artificio y en una arenga para convencidos. Naturalmente que la realización práctica de la propuesta quedará condicionada a la obtención del imprescindible acuerdo con el Partido Socialista –que, para empezar, deberá estar de acuerdo en buscar un acuerdo- y, en este sentido, Rajoy no puede prometer una reforma constitucional. Pero sí puede comprometerse a buscarla y puede, por escrito y ante los electores, en forma de programa electoral, hacer públicas las trazas precisas de cómo querría él que las cosas quedaran al final. Sería muy bueno que, por una vez, el PP se apeara del “sentido común” y se aviniera a decirnos en qué cree que consiste.

La segunda cuestión es hasta qué punto el pontevedrés se halla en posición de hacer propuestas que amenazan con cortar las alas a algunos de los barones de su partido. Un partido político ha de estar fuertemente cohesionado para atreverse a lanzar una propuesta tan seria, porque se juega mucha credibilidad en el envite. No se trata de recurrir a la crítica fácil del cómo se cohonesta este sensato planteamiento neoconstituyente con la desdichada participación del PP en el despropósito en el que se ha convertido esta legislatura. Si a unos y a otros los juzgamos por sus hechos en el último par de años, es como para no salir de casa, así que habría que afrontar el asunto con confianza renovada. Pero no puede dejarse a beneficio de inventario, precisamente, lo que las reformas estatutarias han puesto de manifiesto, es decir, hasta qué punto el PP se halla regionalizado y condicionado por sus estructuras infraestatales.

Finalmente, la hipótesis subyacente: ¿estaría un PSOE post-ZP por la labor? ¿Participaría el partido en un debate que supone la negación de lo hecho hasta ahora? Es difícil saberlo, porque aún no sabemos, ni de lejos, cómo podría ser un socialismo post-Zapatero. ¿Cabe confiar en una vuelta de la sensatez? ¿Querrá el PSOE seguir desempeñando su rol de gran partido nacional? ¿Estará en disposición de hacerlo?

En realidad, un mal escenario, contra lo que pueda parecer, es que todos, PSOE, PP y nacionalistas catalanes decidan que, tras la tempestad, ha de venir la calma o, dicho de otro modo, que se decida no hacer nada. Dejar las cosas como estén el día en que Zapatero abandone la Moncloa. La tentación será fuerte, sin duda, porque el ímpetu reformista del PP se atemperará mucho cuando el candidato esté ya mecido por el arrullo de los árboles del jardín monclovita -ése que parece conducir a los inquilinos del palacete al país de nunca jamás, o a otro que casi nunca es España-. Pero será un grave error. La legislatura ZP está dejándonos muchas enseñanzas, que sería trágico desperdiciar.

Lo dicho. Por fortuna, las dudas empezarán a despejarse enseguida. La primera cita es con el programa electoral del PP. Ahí comenzaremos a ver si, en efecto, la derecha española le toma gusto a la política.