Y MÁS SOBRE LA LAICIDAD

Mi artículo de ayer sobre el asunto de la laicidad ha generado un pequeño cruce de comentarios que evidencian, como no podía ser de otro modo, que el asunto es polémico. Como para consenso y ansias infinitas de paz ya están otros, me propongo avivar un poco más el debate, a ver si entre todos somos capaces de generar un intercambio de ideas de cierta altura –o, por el contrario, ponemos de manifiesto que, no obstante nuestras diferencias, casi todos los que paramos por esta casa somos españoles y ya se sabe...-. Para regocijo de algunos y sorpresa de otros, igual me toca romper hoy alguna lanza a favor del Gobierno.

Retomando el hilo, ¿existe o no una “ofensiva laicista” contra los católicos? De entrada, como bien apunta algún comentarista, el “laicismo” es una opción religiosa como otra cualquiera, aunque no sé muy bien si sus perfiles están definidos. Quizá deberíamos, mejor, denominarlo “agnosticismo militante”, aunque tampoco sé si el término más ajustado es el de “anticatolicismo”. ¿El Gobierno de Zapatero es anticatólico? Supongamos que sí, y ahora, veamos cuáles son las consecuencias.

De entrada, lo primero que se me ocurre decir es que es plenamente legítimo promover el laicismo –o el anticatolicismo, entendido como credo o pseudocredo-, y es perfectamente válido que un partido político redacte sus programas partiendo de esa concepción del mundo. De la misma manera que nadie pretende que la democracia cristiana se apee de su apellido y a todo el mundo le parece de lo más normal que, cuando está en el poder, dicte leyes concordes con sus principios fundacionales, no veo por qué una organización política de inspiración diferente no podrá hacer lo mismo cuando, por mor de la alternancia democrática, llegue su turno. Del mismo modo que a nadie le extrañó en su día, pongamos por caso, que el PP no fuera muy proclive a facilitar la investigación con células madre, no veo por qué habría de llamar la atención que el PSOE actuara de modo diverso. El Estado, como tal, es aconfesional, pero los partidos políticos no tienen por qué serlo.

Los límites, tanto en uno como en otro caso, están meridianamente claros: ni unos ni otros pueden atentar contra la libertad religiosa de quienes no piensen como ellos, sean mayoría o minoría ni traspasar los umbrales marcados por el Constituyente para la política legislativa. Frente a la traída y llevada “abrumadora mayoría social” que reclama la Iglesia Católica, el socialismo gobernante puede exhibir su –en este caso contante y sonante- mayoría parlamentaria (mayoría que, por cierto, y por simple aritmética, debe incluir a mucha, mucha gente de la que la Iglesia reclama como de los suyos). La noción de “agresión” es, por cierto, muy peligrosa. Reiteradamente, los católicos han proclamado sentirse “agredidos” por determinadas medidas de este Gobierno, insinuando con ello que no deberían ser puestas en práctica. Es posible que esas medidas sean una falta de tacto, pero ni son ilegítimas ni, desde luego, suponen un atentado contra la libertad religiosa.

Un buen ejemplo lo tenemos en la cuestión del matrimonio homosexual, rechazado no ya por los católicos, sino por todas las confesiones que en España son relevantes. Portavoces de la propia Iglesia tuvieron, en su día, la prudencia de fundamentar su oposición en razones de orden cultural y jurídico –que un servidor compartía, por cierto-, sabedores de que los argumentos de orden estrictamente religiosos eran inválidos en el contexto de un debate como aquel.

Que este Gobierno no está en sintonía con los católicos es obvio. Y, si hemos de creer a algunas personas, ello debería conducir a su remoción en las próximas elecciones, porque me temo que la postura de los socialistas al respecto no es ningún secreto y, quien vota por ellos buscando una política inspirada en principios cristianos yerra gravemente. También es evidente que este Gobierno ha tomado decisiones que deben desagradar a los católicos –y a fieles de otros credos-. Pero, de un lado, esas decisiones son legítimas –al menos si circunscribimos la cuestión al debate religioso- y, sobre todo, no suponen menoscabo alguno de los derechos de los católicos o su libertad religiosa.

En cuanto a la problemática de los símbolos, creo que la Iglesia Católica peca aquí de incomprensión. A mi juicio, el Gobierno hace lo que debe retirando los símbolos religiosos de los centros públicos. Naturalmente, esto es extensivo a los símbolos de todas las religiones, sin excepción –y, sí, el Gobierno mina su credibilidad al aplicar políticas ortodoxas a la Iglesia Católica mientras es todo laxitud con otros credos, señaladamente con el islámico-. La Iglesia Católica, u otras organizaciones próximas a ella, cuentan con pleno derecho a promover la creación de centros de enseñanza, hospitales u otros centros de servicios asistenciales que, por supuesto, estarán confesionalmente orientados. A nadie debe extrañar, por tanto, que un crucifijo presida las estancias, pongamos por caso, de un albergue regentado por monjas cristianas –ni siquiera en el caso de que reciba fondos públicos para su sostenimiento, que ese es otro debate-. En centros promovidos y sostenidos exclusivamente por instancias estatales (de cualquier grado), la presencia de un símbolo religioso es improcedente. Conviene recordar que la ausencia de símbolos no es un signo de laicismo, sino de laicidad o de aconfesionalidad. Negar la presencia del crucifijo o de la estrella de David en una escuela pública no implica realizar afirmación alguna sobre las religiones que simbolizan, sino, antes al contrario, proclamar la absoluta incompetencia del Estado para entrar en semejantes cuestiones.

El mismo razonamiento cabe aplicar, mutatis mutandi, a la enseñanza de las religiones en la escuela. Algunos sostenemos que la religión –la doctrina religiosa- no es, ni puede ser nunca, una disciplina evaluable en el seno de la escuela pública. Es verdad que el modelo de relaciones iglesias-Estado vigente en España puede obligar al Estado a facilitar el acceso de los respectivos ministros de culto a los recintos escolares –siempre con carácter voluntario y si los padres así lo desean- para impartir doctrina o celebrar ritos. Pero el Estado, sencillamente, no es competente para evaluar el grado de progreso del niño en la respectiva doctrina y, como tampoco debería aceptar nunca evaluaciones ajenas (algunos pensamos que el Estado no debe ostentar el monopolio de la enseñanza, pero sí el de la evaluación, ya que creemos que existe un derecho del ciudadano a ser examinado y a obtener títulos y patentes – cualquiera que sea la manera en que haya podido adquirir sus conocimientos), solo se puede concluir que la asignatura de religión –entendida como doctrina, no como asignatura humanística destinada a un estudio científico de algo tan evidentemente humano como es el hecho religioso y su desenvolvimiento en la historia- no puede ser tenida en cuenta de cara a la obtención de grados académicos reconocidos por los Poderes Públicos. La circunstancia de que el 95 % de los padres opten por reclamar religión Católica para sus hijos no refuta la validez del argumento. Es más, aunque todos, absolutamente todos los niños, por voluntad paterna, estuvieran matriculados en religión Católica –o en otra cualquiera- ello no haría al Estado ni un gramo más competente para entrar a valorar sus progresos en la materia.

Naturalmente, lo dicho vale no solo para la religión Católica, sino para todas las demás religiones y formas de indoctrinamiento, incluidas sospechosas “educaciones para la ciudadanía” que, salvo que se limiten a un curso de derecho constitucional para preescolares y al código de la circulación, habrían de reputarse, a mi juicio, inconstitucionales.

Por último, temo que la realidad desmiente algunos tópicos. El Gobierno y la Iglesia dialogan bastante más de lo que parece. Incluso llegan a acuerdos con relativa frecuencia. Nada hay, claro está, en contra de que así sea, y ojalá cundiera el ejemplo. Iglesia y Gobierno son, si no antípodas ideológicos, sí representantes de posturas legítimamente alejadas. En el terreno de los principios, a la Iglesia no le cabe sino aguantar –ciertamente no en silencio- hasta que haya otro Ejecutivo más afín a sus tesis. Al Gobierno, a su vez, no le queda otra que aceptar el modelo que el Constituyente le impuso y que deriva de los Acuerdos con la Santa Sede. Pero ni ese modelo ni esos Acuerdos le obligan a renunciar a sus ideas ni le pueden impedir agotar el margen de maniobra que la Constitución y las leyes le ofrecen para el desarrollo de su propio proyecto.

A menudo, y de modo juicioso, desde posiciones confesionales –no solo, necesariamente, cristianas- se conmina al Gobierno a que tome en la debida consideración el hecho de que las creencias de la población, o de parte de ella, están ahí, y desempeñan un papel. Ciertamente, el Gobierno asume un importante riesgo si decide desafiar esas creencias. También, a veces, habría que recordar a quienes representan esas posturas que la legitimidad del Gobierno no es presupuesta ni abstracta, sino que deriva de un concreto resultado electoral. Hoy por hoy, no es sostenible que “una mayoría” de españoles estén en contra de las políticas gubernamentales.

Si por algo se ha caracterizado el Gobierno Zapatero hasta la fecha es por excederse en el uso de sus atribuciones y por ir más allá de lo que cabe entender como el mandato ordinario de los electores. Pues bien, la política religiosa puede ser calificada de imprudente o atontolinada, pero no pertenece, creo, a ese amplio grupo de excesos.