LAICIDAD Y RELACIONES IGLESIA-ESTADO

Como el turrón, hay cuestiones que vuelven de año en año a ocupar el centro de la palestra, generalmente para no resolverse nunca. El tema de la laicidad o el laicismo –no son lo mismo, creo- es una de esas cuestiones. Lástima que, siendo asunto tan serio, llegue tan marcado por la frivolidad y la banalidad que, de un tiempo a esta parte, pone la Izquierda en todo cuanto toca.

Se quejan eclesiásticos y otra gente interesada de que el Gobierno viene impulsando una “ofensiva laicista”. Como en casi todo lo que hace el Gobierno hay en esto mucho de ruido y poco de nueces. La manifiesta incapacidad de la escuadra zapateril para plantear un debate en términos medianamente serios convierte en exagerados los temores de algunos. Pero, en fin, supongamos que sí, supongamos que haya gente descontenta con el actual tratamiento que, en nuestro Estado, recibe el hecho religioso.

De entrada, convendría precisar algunas cuestiones, para su cabal entendimiento. Contra lo que insinúan algunos egregios jerarcas de la Iglesia Católica, la laicidad del Estado nada tiene que ver con construir un estado como algo opuesto a Dios. No se trata de “prescindir de Dios”, sino de acotar cuál ha de ser la dimensión público-estatal de la religión, que es cosa diferente. Es verdad que hay quien confunde los términos o, en el colmo de la simplificación, reduce la cuestión a algo mucho más concreto, que es cuál ha de ser el rol de la Iglesia Católica que, pese a su importancia, no deja de ser una Iglesia bien particular.

Laico es un Estado que opta por diferir completamente las cuestiones religiosas a la esfera jurídico-privada. No se trata, en absoluto, de promover actitudes antirreligiosas o promover el agnosticismo –en sí mismo, claro, una toma de postura también particular ante el hecho religioso- sino, lisa y llanamente, de separar por completo dicho hecho de las estructuras estatales. Cada cual será libre de profesar y manifestar las creencias que tenga por convenientes –dentro, claro, de ciertos límites impuestos por el orden público y que, dicho sea de paso, distan de estar pacíficamente establecidos (este es, de hecho, uno de los grandes debates de nuestro tiempo, ausente en España porque andamos enredados en cosas mucho más trascendentes, como las selecciones deportivas autonómicas)- pero esta es materia en la que el Estado, en tanto que organización, ni entra ni puede entrar. En un estado laico –el arquetipo es Francia y, probablemente, a muchos nos gustaría que así fuese España- cualquier manifestación religiosa está vedada a las estructuras estatales.

Pero no es este el modelo que impera en nuestro país. Nuestra Constitución impone a los poderes públicos que den algún tipo de tratamiento al hecho religioso, que ese hecho forme parte de las políticas del Estado, que no puede limitarse a ignorarlo. Lo que ocurre es que, en esa operación, el Estado deberá mostrar una neutralidad absoluta, sin primar a ninguna religión en particular. Por eso, estamos en un Estado denominado aconfesional, que no laico. Nuestro país sí tiene política religiosa.

Ya digo que, en línea de principio, uno preferiría la laicidad absoluta del Estado, el diferimiento pleno de la cuestión religiosa a la esfera privada –desde luego, dentro del mayor de los respetos para con todas las confesiones-. Ahora bien, dicho esto, y si prescindimos por un instante de lo que tenga que ver con la Iglesia Católica, sobre lo que volveremos más tarde, hay que reconocer que el modelo español de tratamiento del hecho religioso –que, insisto, ha de existir por imperativo constitucional- es muy correcto, e incluso cabría calificarlo de modélico. El Estado ha establecido con las confesiones más relevantes no católicas (evangélica, musulmana y hebrea) relaciones de cooperación, en cuya virtud esas confesiones ven reconocidos ciertos derechos importantes, como la protección de sus lugares de culto o de sus símbolos sagrados y sus ministros gozan de la posibilidad de acceder a centros de titularidad estatal para prestar asistencia religiosa. Los niños judíos, por poner un ejemplo, pueden ser educados en su fe en la misma escuela, sin necesidad de acudir a la sinagoga, por la vía de conceder al rabino el derecho de entrada al centro escolar para impartir doctrina (circunstancia, ya digo, imposible en un Estado laico, en el que el niño habría, necesariamente, de desplazarse al templo). Se reconocen también efectos civiles de diferente orden al matrimonio celebrado según el rito en cuestión (algo también imposible en Estados laicos, en los que el matrimonio ha de celebrarse, necesariamente, ante la autoridad civil para ganar validez a esos efectos).

Nada de lo anterior excede el marco de lo razonable, creo, y puede entenderse como una buena transacción entre quienes piensan que el Estado no puede permanecer del todo ajeno al hecho religioso y quienes creemos lo contrario.

La distorsión llega, cómo no, de la mano de la Iglesia Católica. Iglesia que es diferente, en primer lugar, por el mero dato de ser la abrumadoramente mayoritaria, pero también por la circunstancia de haber sido la confesión privilegiada en España desde que existe el estado moderno. La Iglesia estaba ahí cuando se firmó la Constitución –de hecho, así como el Rey es la única persona a la que se cita por su nombre, la Iglesia Católica es la única organización citada por el suyo en el texto constitucional- y, además, se desenvuelve bajo el ropaje singular de una forma paraestatal, de un sujeto de derecho internacional público capaz de alcanzar acuerdos de pleno valor jurídico con los Estados, de tú a tú (como los vigentes de 1979).

A menudo, ya digo, la discusión sobre la laicidad envuelve un añejo debate sobre la consumación de una separación Iglesia-Estado que se considera mal terminada. Es obvio que la Constitución cerró este debate a través de una transacción –vigentes aún los recuerdos de la desdichada polémica sobre la “cuestión religiosa” y el artículo 26 de la Constitución del 31 que lastraron innecesariamente el devenir de la República y de los cuarenta años de confesionalidad del Estado franquista- que, como tantos otros, no satisfizo las expectativas de mucha gente. Más allá de que la Iglesia Romana represente, en el marco del tratamiento del hecho religioso, una singularidad formal, lo que resulta de todo punto obvio, hay que preguntarse, y esta es la cuestión principal, si de ese trato se deriva una ruptura del principio de igualdad.

En rigor –e, insisto, más allá de que pudiera gustarnos que el tratamiento de la cuestión religiosa, en general, fuera diferente para todas las religiones- lo que debería preocuparnos es eso. ¿Es tratada la Iglesia Católica de modo diferente (no entro ya en si ventajoso o desventajoso, que al caso es igual)? Conviene no dejarse engañar por la circunstancia de que la Iglesia Católica esté mucho más presente en la vida española de lo que lo están las demás confesiones, porque esto es natural por la simple fuerza de los números. La pregunta puede entenderse mejor si la singularizamos: ¿trata el Estado español a un judío, o un musulmán, de modo diferente a un católico? Por supuesto que ninguno de ellos es violentado en sus creencias, pero no se trata de eso sino, más bien, de si encuentra en el Estado el mismo grado de cooperación -puesto que, insistimos, este es el modelo elegido-.

Desconozco a ciencia cierta la respuesta. Existe, sin ningún género de dudas, una diferencia que es la financiera. La Iglesia Católica, a fecha de hoy, sigue financiándose mayoritariamente con cargo a las arcas públicas. Espero que nadie ignore que la cuantía que “voluntariamente se destina” a la sufragación de las necesidades de la Iglesia se detrae del monto del impuesto pagado por lo que en rigor, el fiel, más que hacer una aportación, predetermina el destino de una partida presupuestaria. El Estado no es un mero agente recaudador, sino que ha arbitrado una fórmula de financiación a través de los tributos.

A mi juicio, desde luego, la solución no es, como me parece haber oído a algún ministro, extender la opción a las demás confesiones –lo que estaría bien, de todos modos, en tanto subsista el sistema- sino que la Iglesia pase a autofinanciarse, sin perjuicio de que, como sucede en Alemania, el Estado pueda hacerle de recaudador.

Sin duda lo que no viene a cuento es, en esta materia, citar el precedente republicano. Pocas cosas hicieron más por el naufragio de la República –puede que solo el golpe de Estado de Franco, de hecho- que la estéril polémica, alimentada por un prurito profesoril, generada a destiempo sobre la cuestión religiosa. Bien es verdad que aquella Iglesia se alzaba como un auténtico contrapoder, monopolista en la educación y, por tanto, cuando aún quedaban muchos años para el Vaticano II –por tanto, cuando la doctrina evangélica de la separación del poder temporal aún distaba de estar clara para la jerarquía eclesiástica- la Santa Madre se erigía como un imponente obstáculo para la modernidad –rol que, dicho sea de paso, había venido desempeñando durante todo el siglo XIX, como muralla frente a la que se estrellaron generaciones de liberales españoles-. Pero uno debe saber elegir cuándo presentar sus batallas, si tiene la más mínima aspiración de ganarlas.

Lo mismo vale para el mundo contemporáneo, ahora que, por fin, los curas están en sus iglesias.