PRIMER RIFIRRAFE (DE UNA LARGA SERIE, ME TEMO)

Apenas han pasado unas semanas desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Cataluña, y ya parece que nos encontramos frente al primer rifirrafe entre la Administración catalana y la General del Estado.

La cuestión, si lo he entendido bien, es la siguiente: en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, el vicepresidente Solbes presentó un proyecto de reglamento de desarrollo de la ley de subvenciones públicas. La cosa tiene que ver con que todas las administraciones tengan puntualmente informado al Ministerio de Economía de las subvenciones estatales que están gestionando. Así dicho, el objetivo no puede calificarse sino de plausible y, además, muy concorde con la función constitucional básica del Estado que es la de promover la igualdad y la armonía general de la actividad económica. Bien está que las comunidades autónomas y demás entes territoriales puedan gestionar fondos estatales (otra cosa es si está bien o no que esos fondos existan, pero este es otro debate), pero no puede decirse que tenga nada de particular el que el Estado, ya digo, como garante de la existencia de una aplicación razonablemente homogénea de la legislación, quiera tomar cuenta de cómo lo hacen.

Hasta aquí, todo normal. Y nadie hubiera debido mosquearse... salvo porque, en el ínterin, adquirió plena vigencia el Estatuto de marras. Y ese estatuto, al menos su artículo 114, da pie más que sobrado a quienes piensen que, una vez que el Estado pone un duro en Cataluña, debe quitar las manos de encima. Una vez que la pasta cruza el Cinca, queda catalanizada y nadie es competente para pedir cuentas, razones ni memoriales. Vamos, que el Estado constitucional español es, al respecto, menos competente que la monarquía de los Reyes Católicos a los que, cuando menos, los virreyes tenían que dar alguna explicación, aunque, como se ha dicho hasta la saciedad, se tratara de una “mera unión dinástica” y cada reino conservara instituciones, leyes y costumbres. Autónomos, sí, pero a ver quien era el guapo que le negaba al rey las pertinentes explicaciones. Está claro que eso era antes.

El Consejo Ejecutivo de la Generalidad ya ha amenazado, como es de rigor, con plantear el oportuno conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional que, mucho me temo, va a tener que habilitar una sala especial solo para asuntos de Cataluña.

Es una anécdota, claro. Pero sintomática. Anunciadora de males peores en el futuro.

Los abogados del “aquí no pasa nada” y el “no hay que dramatizar” (no crispar) dirán, con razón, que para eso está el TC. Que resuelva, y ya está. Son, ya se sabe, los valedores de la confianza infinita en las instituciones, los que piensan que no hay entuerto que no se pueda deshacer en democracia y que, por tanto, no importa cuan estúpida, antijurídica e ilógica sea una norma, que ya nos ocuparemos de sus consecuencias.

Es evidente que, sí, para eso están las instituciones y que, si hay lugar a conflicto, no cabe más que plantearlo y los tribunales dirán. Pero es que se supone que los principios de lealtad institucional, buena fe, cooperación y, sobre todo, el más elemental buen sentido aconsejan no hacer las cosas con el ánimo, ya desde inicio, de que terminen en un tribunal de justicia. Se supone que se hacen leyes con la intención de que puedan aplicarse en sus términos, y que se hacen reglamentos para que sean viables, no para echar pulsos.

Pero, ya se sabe, aquí hay que hacer las cosas “como sea”, que de las consecuencias ya nos ocuparemos mañana. Pues eso.