PEAJES URBANOS

En Debate 21 están haciendo una encuesta sobre el controvertido asunto de los peajes urbanos. Cuando escribo estas líneas, va ganando el “no” con un 66 por ciento. O sea, dos de cada tres partícipantes, más o menos, piensan que es una mala idea poner peajes en la entrada de las grandes ciudades. Hasta la fecha, por lo visto, la cosa no va muy bien. Funcionar, lo que se dice funcionar, solo funciona en Londres y Oslo –no sé cómo es Oslo, así que no puedo opinar, pero desde luego que Londres es una gran ciudad y el caso más sonado-, en Estocolmo están por la labor de rechazar la iniciativa y en París (siguiendo el ya tradicional sistema “propuesta-bronca salvaje-recule” característico de Francia) ni se planteó en serio. Parece ser que, en otros lugares donde se ha intentado implantar la medida, ha resultado un fracaso y, desde luego, es muy impopular. La verdad, preguntar a alguien si está más contento pagando por algo que antes le salía gratis parece un poco tonto. De hecho, me extrañaría conocer un solo entusiasta.

Pero el asunto no es tan simple. Hablamos, obviamente, de elegir entre lo malo y lo peor. El debate recuerda un poco al de los parquímetros, que parece zanjado en casi todas partes. Todo el mundo ha terminado por aceptar que el aparcamiento, como bien escasísimo que es, ha de racionarse de alguna manera, y nada mejor que recurrir al mecanismo de los precios.
Pues bien, como liberal que es uno, y en línea de máxima, diré que a mí no me parece nada mal que cada uno pague las cantidades de cualquier bien que consuma. Y no veo porqué ciertos bienes públicos han de ser una excepción a esta regla. Con tal de que pueda calcularse de una manera más o menos sensata una fórmula de repercusión... pues que funcionen los precios. Parece claro que, en las grandes ciudades, se da un problema clásico de concurrencia de un montón de personas al consumo de un bien extremadamente escaso, como es el espacio, sea para circular, sea para aparcar. Ello crea un montón de problemas asociados. Pues bien, insisto, para eso están los precios. Su función económica no es otra que la de señalar cuán escaso es un bien. Hoy por hoy, llevar un automóvil al centro de Londres es todo un lujo que, habiendo alternativas, debe sufragar, al menos en parte, quien se lo da. No veo mayor problema en ello. Y, desde luego, es mucho más aceptable que la simple prohibición, que es la solución socialista (nada para todos, ya se sabe).

Otra cosa es, ya digo, si existe un sistema sensato de calcular cuál ha de ser tasa de peaje óptima –en el caso de una autopista, es relativamente sencillo, toda vez que las variables del cálculo están todas dadas y son limitadas, pero no parece ser así en el asunto que nos ocupa- y otras múltiples cuestiones concomitantes que bien pueden hacer imposible, en la práctica, hallar solución al problema. También podrán estudiarse otras alternativas menos dolorosas. No lo sé, y doctores tiene la Iglesia. Pero no veo por qué la respuesta ha de ser un “no” rotundo o basado, simplemente, en que no nos gusta pagar, o en que el alcalde de nuestra localidad es un sinvergüenza.

De entrada, dos objeciones clásicas al sistema me parecen muy traídas por los pelos. La primera es que el sistema es injusto porque favorece a los ricos, recortando el “derecho a la movilidad” de los que menos recursos tienen. Este argumento participa de la tradicional concepción “positiva” de la libertad, en cuya virtud uno no es libre en tanto no pueda hacer, en un momento dado, una determinada cosa que le apetezca. El derecho a la movilidad no se menoscaba en tanto no se impida a nadie ir donde le apetezca y puedan conducirle sus medios, lo cual es compatible con que la dotación de esos medios no sea siempre la adecuada. A mí puede apetecerme ir a Australia, pero puedo no estar en condiciones de permitirme el elevado costo del billete. Mi derecho a ir a Australia sigue intacto –cuestión diferente sería que me impidieran ir por motivos irrazonables o por cualquier imposición-, otra cosa es que la realización de mis deseos no depende solo de mi libertad para acometerlos. No se ve muy bien por qué lo que vale para la movilidad hacia destinos lejanos no habría de valer para la movilidad a destinos cercanos – que, por otra parte, suele estar cubierta con medios alternativos.

La segunda objeción clásica es que ya recae sobre el ciudadano, y en particular sobre el automovilista, una miríada de impuestos. Este argumento es una verdad como un templo, pero no tiene que ver con lo que estamos tratando, o solo tiene que ver un modo muy general. Lo característico de los impuestos es no tener ningún tipo de conexión directa con una actividad administrativa concreta y así por ejemplo, el impuesto de circulación no tiene por qué ir destinado al mantenimiento de viales. De hecho, su denominación técnica de “impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” describe mucho mejor su naturaleza que la más popular de “impuesto de circulación” o “numerito” del coche. Porque se paga por tener coche –signo de capacidad económica exactamente igual que cualquier otro (y tan discutible como todos ellos)-, no por circular con él. Una de las ventajas de las tasas, en este sentido, es que, en efecto, asocian pagos con actividades – lo que no quiere decir que no tengan inconveniente.

Hay miles de argumentos para defender una bajada generalizada de los impuestos que gravan al automóvil, pero entre ellos y un peaje no debería existir una relación de sustitución, porque sus finalidades primordiales son distintas. Los impuestos están, principalmente para financiar el gasto público (o eso dicen), en tanto que lo que se espera del peaje es que ayude a racionalizar el uso de las vías públicas. Es evidente que el peaje genera ingresos a la corporación municipal, pero esto es absolutamente secundario (o debería serlo), del mismo modo que no es (no debe ser) tampoco la finalidad de la cuota de aparcamiento o de las sanciones. El peaje desempeña un papel similar al tan traído y llevado copago de los medicamentos. Más allá de que ayude o no a financiar el gasto sanitario, el copago puede contribuir a un uso más racional de las medicinas. Y podría bastar con repercutir al ciudadano una fracción de ese coste, en muchas ocasiones. Que cada uno pague lo que consuma, en la medida de lo posible. De eso se trata.

Insisto, dicho todo lo anterior, no sé si es una buena idea o si es fácil o difícil de poner en práctica. Solo digo que no puede despacharse con argumentos facilones. Creo que el asunto merece una pensada, sí. Aunque desagradable es un rato.