EL INFORME DEL CONSEJO

Según filtra El Mundo, el Consejo de Estado –preguntado acerca de las famosas cuatro reformas constitucionales de Zapatero- estaría preparando un informe que nada tendría de particular, de no ser porque está en las antípodas de la política gubernamental.

Digo que nada tiene de particular porque, además de lo de la niña de Leti, el organismo consultivo haría una serie de recomendaciones que, en su mayoría vienen avaladas por nuestra doctrina constitucionalista desde hace tiempo, además de por el sentido común.

En un planteamiento de lo más lógico, arguyen los muchachos de Rubio Llorente que, puestos a abrir el melón de la Carta Magna, parece sensato tocar aquellos aspectos que muestran, a ojos vista, una peor calidad técnica, normalmente porque son hijos de cambalaches políticos en época difícil. A nadie se le escapa que uno de los problemas más notorios de nuestra Ley Fundamental es el muy deficiente diseño del entramado competencial que realiza el Título VIII, además del mantenimiento de disposiciones, como la que permite la incorporación de Navarra al País Vasco, que son auténticos sinsentidos una vez desaparecido el supuesto de hecho, porque Navarra ya eligió y eligió el amejoramiento de su Fuero tradicional –que no es otra cosa que constituirse en una comunidad autónoma más, pero distinta de Euskadi (comunidad que, por cierto, por su mera existencia, provoca la caducidad de los supuestos “derechos históricos” de las Diputaciones, enajenados a favor de un ente de nuevo cuño que dimos en llamar “País Vasco”).

La reforma constitucional es posible y, por qué no, deseable, siempre que se oriente por dos principios.

El primero de ellos es el del progresivo limado de las aristas que dejó un proceso constituyente muy particular, en mitad de una coyuntura, si Dios quiere, irrepetible y, por tanto, plagado de singularidades. A menudo, la doctrina se rompe la cabeza intentando dar razón de lo que no es sino el resultado de unos acuerdos. Es sintomático, por ejemplo, que nuestro Tribunal Constitucional tenga un número par de jueces (12), en lugar de los quince inicialmente previstos –que hubieran permitido formar tres salas, en lugar de las dos existentes, y las tres sin posibilidad de empate-. Pues bien, eso sólo se explica por cuestiones de mero reparto de cromos. Hay más ejemplos, pero no quiero aburrir al lector con ellos (conste que el tema puede ser muy ameno, “trancas y barrancas en la Constitución Española” podríamos decir).

Pertenece a este terreno de las mejoras técnicas –como, por otra parte, acaba de sugerir Rajoy- la recuperación del recurso de inconstitucionalidad previo a la entrada en vigor, o de un recurso con efectos suspensivos. De un recurso, en suma, que evite situaciones políticas como la que fácilmente se puede producir con el nuevo estatuto de Cataluña, es decir, que el TC decrete que la norma es inválida cuando lleve ya meses, si no años, de vigencia. En parecidos términos se hacen las cosas, por ejemplo, en Francia, donde el Consejo Constitucional informa ex ante, al estilo de nuestro Consejo de Estado –bien es verdad que el CC no tiene las potestades de nuestro TC-.

El segundo principio es más importante aún. Me refiero al superior interés de España y de los españoles.

Según es de sobra conocido, la Constitución no es “plana”, es decir, no todas sus partes son iguales. Los constitucionalistas sostienen que nuestro Texto tiene dos partes, que llaman, respectivamente “dogmática” y “orgánica”. La parte dogmática está integrada por los Títulos Preliminar y Primero, es decir, los que definen la vocación de España como estado, sus principios rectores y, sobre todo, los derechos y deberes de los españoles. Los nueve títulos restantes –la parte orgánica- están totalmente subordinados. No tienen más razón de existir que hacer posible el cumplimiento de los principios anteriores.

En suma, todo el diseño institucional del Estado, incluido, por supuesto, el reparto de competencias entre sus distintos niveles –que eso son, al cabo, Estado, Autonomías y Ayuntamientos, meras construcciones organizativas, totalmente dispositivas, que se deben única y exclusivamente a la ley y a la conveniencia del único sujeto sustantivo de este proceso, que es el ciudadano- están para garantizar que los españoles tengan una existencia más o menos llevadera en un marco caracterizado por los principios de libertad, igualdad y justicia, en un ambiente de pluralismo político e ideológico.

Pues bien, ahí reside la inconstitucionalidad, anticonstitucionalidad, más bien, a radice del proceso iniciado por Zapatero –porque es él, los demás, absolutamente todos los demás, no son más que figurantes-. En que no se inspira, en absoluto, en ese principio “pro ciudadano”.

De entrada, Zapatero miente, o no dice toda la verdad, cuando plantea sus cuatro inocuas reformas. Él sabe que, mediante reformas de otras leyes de calado, puede inducirse un cambio, y un cambio importante, en la constitución en sentido amplio. Así pues, el Presidente está reformando, y no poco.

Y esa reforma no se orienta por ninguno de los dos principios anteriores. Es evidente que, si algo no va a procurar una reforma hecha por medios indirectos es una mejora de la calidad técnica de las normas y, por tanto, no va a traer más seguridad jurídica. Pero, sobre todo, los ciudadanos importan aquí una higa. No es verdad que les convenga lo que se les propone. Antes al contrario. Los ciudadanos españoles serán menos iguales, como mínimo, pero los que llevarán la peor parte son los españoles que viven en Cataluña –que, si hemos de seguir a Pujol, eso son los catalanes- porque estos serán menos libres, aguantarán injusticias y, por supuesto, verán menoscabado el pluralismo ideológico del que disfrutan, si es que les queda alguno.

Pero, insisto, todo esto Zapatero lo sabe, porque no es tonto y, además, tienen quien se lo cuente. Y no le importa lo más mínimo. Como buen socialista, cree en un estado autónomo, distinto de los ciudadanos que lo integran. Y lo que él quiere es un estado en paz y formalmente cohesionado. Un estado donde nacionalistas de todo rasero se encuentren “cómodos” y donde ejercer la violencia ya no merezca la pena –sí, sé lo que he dicho, eso es exactamente lo que se les está indicando a algunos, no que la violencia es absoluta y radicalmente intolerable, sino que es innecesaria-. La cohesión real, la cohesión entre personas, que no entre territorios, no desempeña papel alguno en el imaginario político de nuestro prócer, me temo.

Bonito informe va a salir del Consejo de Estado. Siempre podemos enmarcarlo.