LA PROTECCIÓN OFICIAL Y LOS ARQUITECTOS

Una de las cosas más increíbles que trajo el franquismo, naturalmente continuado por el estado de límites difusos entre lo público y lo privado que lo sustituyó, es la vivienda de protección oficial en propiedad.

Toda vez que, guste o no, la Constitución consagra un estado intervencionista y que uno de los derechos recogidos en la Carta Magna es el derecho a la vivienda, habrá que aceptar –la ley se cumple, primer principio liberal y de una sociedad civilizada- que exista la “política de vivienda”. Ahora bien, de eso no se sigue que el Estado tenga por qué facilitar un bien de capital a precios más bajos de lo normal a ciertos ciudadanos. Perdón, reformulo de manera más adecuada: no se sigue que unos ciudadanos tengan que subvencionar a otros la adquisición de un bien de capital.

En primer lugar, si verdaderamente se tuviera una cierta intención de conciliar el citado derecho constitucional con otros derechos y principios, como el de igualdad –anterior en todo al derecho a la vivienda, hasta en el simple orden del articulado constitucional- se entendería “derecho a la vivienda” como “derecho a la habitación”, porque esta formulación hace menor el quebranto para el erario y, por tanto, el esfuerzo tributario de los ciudadanos. Derecho al disfrute de un bien, que no a su tenencia. Así se interpreta en toda tierra de cristianos. Las viviendas protegidas deben ser en alquiler.

Amén de la radical injusticia que supone trazar una raya arbitraria que hace que los que ganan un solo euro más ya no puedan acceder al bien en cuestión –conste que los criterios de renta podrían sustituirse por otros que, fundamentados o no, producirían el mismo “efecto frontera”-, la VPO es rechazable por múltiples razones en su versión española. La más destacable de todas es que este tipo de cosas promueven de manera clara la corrupción. A diferencia del mercado que, cuando existe, ordena según criterios transparentes –los precios- los criterios administrativos son siempre oscuros y pueden ser manipulados. Como quiera que todos conocemos casos de manejos indecentes, la sensación de agravio antes citado por no poder acceder a una vivienda se agranda notablemente cuando se priva al ciudadano, en realidad, del acceso a una pingüe plusvalía. Es innecesario decir lo que de dañino para la moral pública tienen estas prácticas.

Ahora bien, en el pecado se lleva la penitencia. El agraciado con un piso que será la envidia de sus amigos –sobre todo si lo revende en contrato privado antes de ocuparlo- se arriesga a que le toque vivir en un edificio que sea premio nacional de arquitectura o similar. Y entonces, es posible que, convertido en conejillo de indias, lamente no haber pechado directamente con la hipoteca. Es el caso del famoso edificio levantado en el barrio de Sanchinarro, cerca de Madrid, que se ha hecho célebre por un vano enorme. Visto desde lejos, parece que fuera un arco de la Defensa multicolor.

Por lo que parece, los arquitectos, más interesados en pasmar a sus colegas que en proporcionar habitación decente a los futuros ocupantes, han sacrificado casi todo a la estética. Puede uno encontrarse lavabos en los recibidores o pasillos pintados de rojo chillón, muy adecuados cuando uno llega a casa estresado.

Me llevé una grata sorpresa al leer en un periódico que el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, Ricardo Aroca, se mostraba profundamente en desacuerdo con este tipo de obras. Dice Aroca, con buen juicio, que no puede considerarse un modelo de buen uso del dinero público el meter un espacio hueco en un edificio en que bien podrían caber unas cuantas docenas de pisos más.

Aroca acierta. Es la pólvora del rey, y con ella se tira a placer. El estado intervencionista es, para los nuevos divos de la arquitectura –o de cualquier disciplina artística- el mecenas menos exigente. Antaño, incluso los pocos agraciados que lograban dejar su impronta en los suntuosos palacios de los sátrapas o las catedrales venían obligados a que, además de ser bellos, los edificios cumplieran su función. En la catedral tenía que ser posible decir misa, y el sátrapa tenía que contar con imponentes salones para sus recepciones.

Por supuesto, los arquitectos contemporáneos siguen haciendo hermosas –y muy originales- obras para mandantes exigentes y sensatos. Siguen conciliando funcionalidad, estética y, últimamente, también economía y ecología. Véase, como muestra, la maravillosa torre que Norman Foster ha levantado en Londres para Swiss Re. Destinada a convertirse en un icono del Londres contemporáneo, el majestuoso edificio servirá para que la compañía que lo ocupa –que gasta el dinero, pero no lo tira- aloje a sus empleados y, además, ahorre buen dinero en calefacción, luz y otras minucias que, sumadas año tras año, importan una verdadera fortuna. Contar con un gran arquitecto es un lujo que pocos pueden permitirse, pero que compensa, sin duda.

Los mandrias y los caraduras sólo pueden refugiarse, por tanto, en el mandante poco exigente –la Administración- cuando construye para gente sin posibles, y no para mayor gloria del alcalde de turno. Algunos alcaldes, por cierto, están mucho más cerca del faraón Keops que del Consejo de Swiss Re.